Una cuenta de Venezuela que Venezuela no puede auditar

Lo que el informe KPMG/Departamento de Estado no prueba sobre los USD 12.264 millones de la Cuenta de Custodia.

Andrés Giussepe  ·  Poli-data.com  ·  15 de noviembre de 2026

El 12 de noviembre, el Departamento de Estado publicó el primer registro contable de la Cuenta de Custodia de Venezuela y afirmó que “el proceso funciona”. El informe, elaborado por KPMG y fechado el 29 de octubre, registra depósitos por USD 12.263,7 millones entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026, y desembolsos por USD 12.107,6 millones. Las cifras llegan hasta el centavo. Esa precisión es precisamente lo que debería ponernos en guardia: un libro de entradas y salidas no es una auditoría, y un recibo no demuestra que el dinero llegó adonde debía.

1. Un blindaje jurídico hecho a la medida de otro país

La Orden Ejecutiva 14373, dictada al amparo de la IEEPA y de la National Emergencies Act, dispone que los fondos son de titularidad venezolana e inmunes a embargo, pero disponibles solo “según se autorice” por instrucción del secretario de Estado, con el Tesoro como custodio. El Reglamento de Sanciones a Venezuela (31 CFR 591) prohíbe las transacciones con PDVSA y con el Gobierno salvo licencia, y las licencias generales 46, 48, 50, 51, 52 y 54, con sus versiones sucesivas hasta la 46D en agosto, condicionan la venta a que el pago se deposite en la cuenta. Venezuela es, pues, la dueña nominal del dinero; la llave la tiene otro.

Esa arquitectura arrastra preguntas que, hasta donde conozco, siguen sin respuesta pública. Legisladores estadounidenses, en su mayoría demócratas, lo que conviene decir con todas sus letras, han planteado tres: cuál es la autoridad estatutaria del Tesoro para mantener la custodia a través de un banco de un tercer país (Qatar); cuándo se publicará el memorando de entendimiento con el gobierno interino; y si se cumplió la ley Case-Zablocki, que exige comunicar los acuerdos internacionales al Congreso dentro de los 60 días. El secretario del Tesoro, Bessent, no precisó la autoridad estatutaria el 4 de febrero, y aunque Rubio y Bessent se comprometieron a compartir los acuerdos, no consta que se hayan publicado.

Del lado venezolano el problema es doble. ¿Es compatible con los artículos 318 a 320 de la Constitución, que protegen la autonomía del BCV, que la disposición de recursos propios dependa de la instrucción de una autoridad extranjera? Y, aun si el arreglo fuese válido, ¿quién ejerce el control fiscal que ordenan los artículos 287, 289 y 311 sobre recursos que, una vez en el BCV o convertidos en bolívares del Tesoro, son recursos públicos? No encontré pronunciamiento alguno de la Contraloría General.

2. Un informe que no es lo que se dijo que sería

El propio texto aclara que los servicios de KPMG no constituyen una auditoría ni una atestación bajo normas profesionales. Sin embargo, en junio Rubio dijo ante la Cámara que los fondos estaban en una cuenta bloqueada en Citibank y que KPMG auditaba “cada desembolso”; en septiembre volvió a describir a la firma como responsable de auditar el dinero; y el Departamento de Estado había anticipado informes trimestrales con revisión retrospectiva “desde el inicio”. Lo que llegó, nueve meses después, es un solo informe con los depositantes tachados, los receptores finales sin identificar y la información sujeta a acuerdos de confidencialidad. Esa supervisión costó USD 18,18 millones, pagados con fondos venezolanos el 10 de abril.

Tampoco el relato sobre el control ha sido coherente. El 28 de enero Rubio dijo ante el Senado que la cuenta “pertenece a Venezuela” y que quedaban unos USD 200 millones; según el informe, 163,95 millones ya habían salido cinco días antes. El 12 de febrero, el secretario de Energía, Wright, afirmó que la cuenta en Qatar estuvo controlada por EE.UU. “todo el tiempo” y que Trump tiene “la última palabra”. O el dinero es de Venezuela o lo gobierna Washington; los dos funcionarios no pueden tener razón a la vez.

3. Las cuentas que no cuadran

Los errores no son espectaculares, y por eso son reveladores: aparecen en un documento que se presenta como prueba de transparencia. La tabla resume lo que he podido verificar con las cifras del propio informe (los cálculos son míos).

Concepto Lo que muestran las cifras Por qué importa
Efectivo contado como desembolso USD 549,76 M entregados al BCV; solo 356,90 M distribuidos a bancos; 192,86 M pendientes de autorización. El 98,7 % “desembolsado” sobrestima: lo entregado a bancos o proveedores es ≈ USD 11.900 M, no 12.108 M.
Conciliación de receptores Receptores finales: 12.239,8 M. FX asignado: 11.766,7 M. Diferencia: 473,1 M (127,1 M sin explicar tras restar el tramo del FMI). La Sección 8.3 admite una lectura literal (9.678,9 M) que eleva la brecha a 2.560,9 M, un 26,5 % más que lo asignado.
Fondos mezclados La cuenta operativa del BCV combina fondos de la custodia y USD 346 M del tramo de reserva del FMI. El propio informe admite que no son distinguibles a nivel de receptor.
Pagos devueltos ≈ USD 2,70 M a Veridos, SWIFT y Argus Media, devueltos y “en suspenso”, pero registrados como desembolsados y luego reemitidos. Duplicación de asientos: poco dinero, mala señal de control.
Saldo de la cuenta Depósitos menos desembolsos = USD 156,1 M (cálculo propio); el resumen reporta un saldo de 168,6 M. Diferencia de ≈ 12,5 M. Quizá haya intereses o ajustes; el informe debe decirlo.

Fuente: Report on Venezuela Custody Account Operations (KPMG/DoS, 29-oct-2026); cálculos propios. El saldo debe contrastarse con el texto completo del informe.

4. Quién pagó y quién cobró

Los depositantes aparecen tachados. Lo que sabemos de ellos lo sabemos por la prensa, que identifica a Trafigura y Vitol como compradores que suman el 61,5 % de los depósitos (74,7 % con un tercero). Son dos de los mayores comercializadores independientes de materias primas del planeta. No hay en ello ilegalidad probada; hay una pregunta política legítima: cómo fueron seleccionados esos intermediarios y quién captura el margen de comercialización que antes manejaba PDVSA. Un titular de fondos que debe enterarse por el New York Times de quién le compra el petróleo no es un titular informado.

Del lado de los receptores, el patrón también incomoda. Los montos mensuales del FX electrónico son múltiplos de USD 5 millones desde abril; en mayo y junio, Banesco, Mercantil, Provincial y BNC recibieron cada uno exactamente 305 y 300 millones. El informe habla de criterios de liquidez y capacidad de distribución, pero el resultado se parece más a una cuota que a un mercado. Casi una cuarta parte del FX corporativo (23,69 %) fue a una categoría de baja información, “servicios administrativos”.

Y el destino contradice el discurso. El Departamento de El Departamento de Estado afirma que la cuenta apoya servicios públicos, salud, energía e infraestructura; el libro muestra pagos a proveedores de salud y energía por ≈ USD 93,7 millones, el 0,77 % de lo desembolsado. El 97,2 % restante es divisa vendida a bancos. A cambio, KPMG, Greenberg Traurig, BDO y los servicios de Moneycorp y Numisma suman ≈ USD 28,5 millones, el 21,4 % de los pagos a proveedores. La cuenta de Venezuela financia, ante todo, una política cambiaria y a sus propios supervisores.

5. El hueco por el lado de las entradas

Todo el análisis anterior examina lo que sale. La pregunta más incómoda está en lo que entra. El Council on Foreign Relations estimó en ≈ USD 8.000 millones el valor de las exportaciones de los primeros cuatro meses de control estadounidense; el informe registra 5.028 millones de depósitos entre enero y abril. La diferencia, de unos 2.970 millones, puede deberse a plazos de pago, empresas mixtas, consumo interno o descuentos. Es posible. Pero el informe ni lo explica ni permite descartarlo.

A ello se suma que el mismo 12 de noviembre el gobierno encargado informó ingresos por USD 15.603 millones entre enero y noviembre, egresos de 14.860 millones y que 14.710 millones, 99 de cada 100 dólares, fueron a salarios y pensiones. Pero la nómina se paga en bolívares, y el informe muestra que la custodia se vendió como dólares a bancos. Un mismo dólar no puede haber ido a ambos destinos. Hay tres documentos (el informe, el balance oficial venezolano y la estimación del CFR) y nadie los ha conciliado.

6. ¿Fraude? Lo que puede decirse y lo que debe probarse

Confieso mi sospecha: el informe cumple una función más registral que de control. Deja asentado, con el sello de una firma de prestigio, un relato contable de recursos que la OFAC retuvo durante años, y lo hace sin permitir que nadie compruebe que cada dólar anotado entró de verdad. Es la lectura de quienes ven en él una forma de blanqueo contable, un dinero que se asienta cuando ya nadie puede verificar su origen.

Debo ser preciso, porque la credibilidad de la crítica depende de ello: con los datos públicos no puede demostrarse que el dinero “nunca entró” ni que haya habido lavado. Las cifras de abril entregadas al Congreso son compatibles con el informe, y los asientos cuadran en lo esencial. Lo que sí puede demostrarse es que su diseño, sin auditoría, con nombres tachados y con fondos mezclados, impide descartar esas hipótesis. Cuando el titular de los fondos no puede verificar, la carga de la prueba no debería recaer sobre quien duda.

La hipótesis es, además, falsable. Basta conciliar los pagos efectuados por los compradores conforme a las licencias generales con los depósitos registrados en Qatar National Bank y en Citibank, extractos en mano. Si concilian, la sospecha muere. Si no, deja de ser sospecha. Quien tiene los extractos puede zanjar la cuestión en semanas; que no lo haga es, en sí mismo, un dato.

7. Lo que Venezuela debe exigir

Con base en los artículos 187, 287, 289 y 311 de la Constitución, la Contraloría, la Asamblea Nacional, el BCV y el Ministerio de Economía deberían responder, como mínimo:

  1. Libro mayor por transacción de la cuenta de custodia y de la cuenta operativa del BCV, con fecha valor y tasa aplicada.
  2. Listado de receptores finales por RIF y monto, con sector y mecanismo, resguardando los datos de las personas naturales.
  3. Texto del memorando de entendimiento, contrato de KPMG y sus adendas, y costo total de la supervisión.
  4. Extractos de las cuentas en Qatar National Bank y Citibank, y conciliación entre pagos de compradores y depósitos.
  5. Conciliación de los USD 12.239,8 millones de receptores con el FX asignado, incluido el uso de los 346 millones del FMI, y explicación del saldo.
  6. Tratamiento presupuestario de estos ingresos en la Ley de Presupuesto 2026 y en la cuenta única del Tesoro, y desglose de la nómina que sustenta la cifra de 14.710 millones.

Una cuenta cuyo dueño no puede auditarla no es una cuenta de custodia: es una cuenta de confianza ajena. Mientras no existan datos a nivel de receptor y una auditoría verdaderamente independiente, el informe KPMG/DoS prueba que hubo un registro, no que hubo transparencia.

Fuentes y nota metodológica

Departamento de Estado/KPMG, Report on Venezuela Custody Account Operations, enero-septiembre 2026 (29-oct-2026; publicado 12-nov-2026). Orden Ejecutiva 14373 (91 FR 2045); OFAC, Licencias Generales 46 a 55 y sucesivas. Council on Foreign Relations, “Where Has All the Money Gone?” (3-jun-2026). Cartas de R. Garcia a M. Rubio (23-feb y 4-ago-2026), Casten/Van Hollen (11-mar-2026). The New York Times (10-nov), Reuters, IntelliNews (13-nov), Infobae, EFE, Forbes Centroamérica (12-nov). Las cifras del informe se citan tal como aparecen; los cálculos son propios y se detallan en el working paper “Cuenta de Custodia de Venezuela 2026: qué prueba y qué no prueba el informe KPMG/DoS” (v1.0, 14-nov-2026). Las cifras de prensa deben contrastarse con el BCV. Las identidades de los compradores proceden de prensa, no del informe.

Publicado por Andres Giussepe

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