renta petrolera

Ene

2026

Comisión Auditora de Ajustes de Costos Justos (CACJ) y el Modelo de Organización de la Producción Sustentable. Propuesta 3, LOH 2026

PROPUESTA 3

Caracas, enero de 2026

CIUDADANOS

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y PETRÓLEO

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Presente.-

Asunto: Propuesta de incorporación de la «COMISIÓN AUDITORA DE AJUSTES DE COSTOS JUSTOS (CACJ)» y el «MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE» en la Segunda Discusión del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Rodríguez: 2026).

Quienes suscriben, DR. ANDRÉS GIUSSEPE y el ING. PETROLEO EDGARD SIFONTE, representantes de Poli-data.com, se dirige a esta instancia para consignar formalmente una serie de recomendaciones técnicas diseñadas para transformar la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) en un legado de soberanía pragmática. Nuestra propuesta busca blindar la transparencia fiscal y, simultáneamente, sentar las bases de un nuevo ciclo productivo basado en la ciencia y la tecnología.

El actual Proyecto de Reforma Parcial de la LOH establece en su Artículo 1 principios de «soberanía energética», «maximización progresiva de la renta» y «transparencia contractual». Para materializar estos principios, el equipo de Poli-data.com propone que la ley no solo regule la actividad económica, sino que impulse un cambio disruptivo en el modelo de organización de la producción, pasando de una economía extractiva tradicional a una basada en procesos de ciencia, digitalización e inteligencia artificial.

I. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN AUDITORA DE AJUSTES DE COSTOS JUSTOS (CACJ)

Eje Central: Blindaje de la Renta Petrolera contra la Ineficiencia, el Drenaje de Capital y la Repetición de Vicios Históricos.

1. El Problema: La «Inflación de Costos» como Mecanismo de Evasión

En la dinámica actual de la industria petrolera, existe el riesgo latente de la «inflación de costos» mediante la sobrefacturación de insumos y servicios. Bajo argumentos de «riesgo país» o dificultades logísticas por medidas coercitivas, es común que bienes y servicios se facturen con sobreprecios significativos. Cuando el socio privado infla el costo de una válvula, un taladro o un flete, lo que ocurre en la práctica es un drenaje directo de la renta que le corresponde al Estado venezolano.

2. El Precedente Histórico: La Lección de las Concesionarias (Argumento de Soberanía)

Es imperativo recordar que, durante el periodo de las concesiones petroleras previo a la Nacionalización de 1975, la principal arena de conflicto entre el Estado venezolano y las operadoras transnacionales no fue solo la propiedad del recurso, sino la opacidad en el reporte de beneficios.

Manipulación de Costos: Durante décadas, las compañías extranjeras manipularon sistemáticamente sus estructuras de costos de producción. Al no existir un control nacional directo sobre los procesos de extracción y comercialización, las transnacionales incrementaban artificialmente sus gastos operativos y de procura fuera del país.
Erosión de la Renta: Esta práctica permitía a las empresas reportar ganancias netas mínimas o artificialmente bajas, reduciendo drásticamente el pago de Impuesto sobre la Renta (ISLR) y afectando el cálculo de regalías. Venezuela, dueña del recurso, terminaba subsidiando la ineficiencia o el lucro excesivo de las sedes matrices de estas corporaciones en el exterior.
Catalizador de la Nacionalización: Este «robo técnico» y la imposibilidad del Estado de auditar lo que ocurría «boca de pozo» y en las oficinas contables de las transnacionales, fue el motor que impulsó una lucha nacionalista de más de 20 años. La Nacionalización de 1975 no fue un capricho político, sino una necesidad fiscal y soberana para detener el drenaje masivo de divisas bajo el disfraz de «costos operativos».

3. El Riesgo en la LOH 2026 y la Necesidad de la CACJ

El Proyecto de Reforma de 2026 propone otorgar mayor autonomía de gestión y comercialización a los socios privados (o mayorías accionarias privadas en empresas mixtas). Si bien esto busca eficiencia operativa, abre nuevamente la puerta al vicio histórico de la era concesionaria: la asimetría de información.

Sin la creación de la CACJ, el Estado venezolano corre el riesgo de volver a ser un «socio pasivo» que solo recibe lo que el operador privado decida reportar después de deducir costos que el Estado no tiene capacidad de validar técnicamente.

La CACJ como Herramienta Anticolonial: La Comisión no es solo un ente administrativo; es el órgano de inteligencia financiera y técnica que garantiza que no se repita el esquema de saqueo de mediados del siglo XX. Al auditar con ciencia de datos e indexación internacional, el Estado se asegura de que el socio reciba su justa ganancia, pero que la riqueza del subsuelo se transforme en bienestar social y no en sobreprecios de proveedores extranjeros.

4. La Solución: Supervisión Proactiva, Científica y Multidisciplinaria

La creación de la CACJ permite pasar de una fiscalización pasiva de documentos a una supervisión técnica proactiva. La justificación para los legisladores se basa en tres pilares fundamentales:

Métodos de Indexación y Estudios de Mercado: La Comisión no operará bajo criterios discrecionales. Utilizará tablas de precios referenciales indexadas a índices globales de servicios petroleros. Si una empresa presenta costos por encima del estándar internacional validado, la diferencia no será deducible de la renta estatal. Esto garantiza que el Estado no «subvencione» la ineficiencia o los sobreprecios del socio.
Sistema de Pesos y Contrapesos (Check and Balance): Al estar integrada por el Ministerio de Petróleo, la Contraloría, el BCV y el saber académico de las Universidades Nacionales y profesionales jubilados de la industria, se crea un cuerpo colegiado de alta solvencia técnica. Esto evita la cooptación y garantiza que las decisiones de aprobación de costos sean transparentes y auditables por múltiples instancias del Poder Público.
Blindaje del «Método Chevron»: Para que la apertura a la inversión privada sea una política de Estado sostenible y soberana, es vital asegurar que la «eficiencia privada» se traduzca en ganancias para el país y no en un mecanismo de drenaje de riqueza. La CACJ es la pieza que falta para completar el rompecabezas de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), permitiendo un equilibrio justo entre el retorno al inversor y la utilidad neta para la República.

3. Flujo Operativo de la Propuesta (El Control Fiscal Real)

Proponemos que el flujo de aprobación bajo la nueva Ley sea el siguiente:

Ejecución: El socio operador realiza la inversión bajo su gestión técnica.
Presentación: Se rinden cuentas de los costos operativos (OPEX) y de capital (CAPEX).
Filtro Técnico de la CACJ: La Comisión revisa los montos contra estudios de mercado y métodos de indexación.
Autorización Vinculante: Solo el monto certificado por la Comisión es deducible para el cálculo de utilidades. Cualquier excedente no autorizado es responsabilidad exclusiva del socio, protegiendo en todo momento el patrimonio nacional.

4. Conclusión para el Debate Legislativo

Esta propuesta devuelve al Estado la Soberanía Técnica. No es solo un mecanismo de control; es una herramienta de desarrollo nacional que obliga a la industria a ser eficiente y transparente, integrando a nuestras universidades y expertos en la vigilancia del recurso que pertenece a todos los venezolanos.

II. PROPUESTA PARA LA 2DA DISCUSIÓN: LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS (2026)

Del Modelo de Organización de la Producción y Desarrollo Sustentable

Se propone la inclusión de una disposición (o parágrafo en el Artículo 38) que establezca que el ejercicio de las actividades de hidrocarburos debe regirse por un:

Nuevo Modelo de Organización Basado en Ciencia: Las actividades de exploración y explotación deberán integrar conocimientos avanzados en geociencias, ecología, geoeconomía y minería de datos para optimizar el uso de los recursos naturales.
Fortalecimiento de la Cadena Productiva: Se debe priorizar el desarrollo de la cadena de valor (aguas arriba y aguas abajo), garantizando que los proyectos utilicen esquemas que promuevan la eficiencia operativa y el éxito técnico-financiero.
Consolidación de Contenido Local: Es imperativo que la Ley fomente la creación y consolidación de una base sólida de empresas y subcontratistas locales como eje del desarrollo nacional.
Gestión de Proyectos Unificada: Garantizar que todas las iniciativas, ya sean del Estado o de socios privados, sigan metodologías de gestión de proyectos alineadas con las mejores prácticas internacionales para asegurar la rentabilidad (CAPEX y OPEX).

Creación de la Comisión Auditora de Ajuste de Costos Justos (CACJ)

Para blindar el modelo operativo y asegurar que cada dólar invertido genere bienestar nacional, se propone la creación de la CACJ. Esta es la pieza técnica que garantiza que la «eficiencia» de las operadoras privadas no sea un disfraz para la fuga de capitales.

Artículo [X]: De la Comisión Auditora de Ajuste de Costos Justos (CACJ)

Se crea la CACJ como un órgano colegiado de alto nivel y carácter técnico, adscrito al Ministerio con competencia en materia de petróleo. Su misión fundamental es la fiscalización, certificación y validación proactiva de los costos operativos (OPEX) y de capital (CAPEX) de toda actividad de hidrocarburos en el país.

Atribuciones y Funcionamiento:

Indexación Técnica y Referencial de Mercado: La CACJ establecerá y actualizará trimestralmente una tabla de costos referenciales para insumos, equipos y servicios petroleros, indexada a los índices internacionales (ej. Spears & Associates). Esto elimina la discrecionalidad y la sobrefacturación bajo excusas de «riesgo país».
Composición Multidisciplinaria (Check and Balance): Para garantizar la transparencia y evitar la cooptación, la Comisión estará integrada por representantes del:
- Ministerio del Poder Popular de Petróleo.
- Banco Central de Venezuela (BCV).
- Contraloría General de la República.
- Participación Protagónica Académica: Expertos de las Facultades de Ingeniería y Economía de las Universidades Nacionales y el aporte técnico de los Profesionales Jubilados de la industria.
Salvaguarda Fiscal y el «Dólar de Diferencia»: Solo los costos que hayan sido validados y certificados por la CACJ podrán ser deducibles para el cálculo de la utilidad neta distribuible al Estado venezolano.
Control de Desviaciones: Cualquier variación superior al diez por ciento (10%) en la ejecución de los presupuestos aprobados deberá ser sometida a la autorización previa y justificada ante esta Comisión.

Artículo [X+1] (Justicia Fiscal): La Comisión Auditora de Ajustes de Costos Justos (CACJ) velará por el cumplimiento del principio de transparencia técnica, impidiendo la deducción de costos inflados o no conformes con los estándares internacionales de eficiencia. Esta labor de fiscalización es irrenunciable y constituye una salvaguarda histórica para impedir el drenaje de la renta petrolera mediante prácticas de precios de transferencia o manipulación contable que afecten el patrimonio de la República.

¿POR QUÉ ESTO BLINDA EL «MODELO CHEVRON»?

Para los señores diputados, es vital comprender que la CACJ transforma la fiscalización de una «revisión de papeles» a una auditoría científica en tiempo real.

Justicia Económica: Al usar la indexación, se asegura que el socio reciba lo justo por su inversión, pero que el Estado no pierda ni un centavo por ineficiencia o precios inflados.
Soberanía Técnica: El Estado recupera la capacidad de saber cuánto cuesta realmente producir un barril, utilizando la ciencia de datos en lugar de confiar ciegamente en los reportes de las operadoras.
Transparencia Radical: Al ser una comisión multidisciplinaria, se cierra la puerta a la corrupción individual, creando un sistema de pesos y contrapesos que protege el patrimonio de la República.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Esta propuesta busca que el aprovechamiento integral de los hidrocarburos no solo genere divisas, sino que sea el motor de una transformación tecnológica que involucre a nuestro talento humano académico y profesional. La implementación de mecanismos de pago modernos, incluyendo activos digitales para asegurar liquidez, y el uso de plataformas financieras transparentes, permitirá que Venezuela recupere su rol protagónico en el mercado energético global bajo un marco de estricto control soberano.

Con esta propuesta, Venezuela recupera su Soberanía Técnica y asegura que cada barril producido rinda el máximo beneficio social bajo un esquema de Costos Justos.

Atentamente,

ANDRÉS GIUSSEPE, Doctor en Economía y en Gerencia, Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional de la UCV. (C.I. 11.161.976)

EDGAR SIFONTES, Ingeniero Petrolero, jubilado de PDVSA.

Organización/Equipo Poli-Data

Correo: agiussepe@poli-data.com

Teléfono contacto: +58 4125986812

Nov

2025

Grandes Acuerdos EEUU-Venezuela durante el periodo de las Concesiones petroleras en Venezuela (1878-1975)

Por Andrés Giussepe (Poli-data.com)

La actual coyuntura geopolítica, marcada por la «política de máxima presión» implementada por la administración de Donald Trump hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, nos obliga a examinar la historia de la intensa presión diplomática y petrolera que experimentó Venezuela. Esta política actual se manifiesta en sanciones económicas dirigidas contra individuos y entidades específicas y un despliegue naval estratégico en el Caribe, justificado bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Es fundamental recordar este contexto histórico para entender que el petróleo, a lo largo de los años que van de 1878 a 1975, ha sido el elemento central y el campo de batalla primordial en la compleja relación entre Venezuela y las grandes transnacionales, mayoritariamente de origen estadounidense. En este escenario de alta tensión, la historia nos muestra un patrón constante: los momentos de crisis terminaron desembocando en «Grandes Acuerdos».

Estos pactos, aunque permitieron un incremento en la renta para el Estado venezolano, simultáneamente aseguraron y beneficiaron la operación y las ganancias de las compañías extranjeras involucradas.

Los Pioneros y el Escenario Político (1878-1908)

El inicio de la explotación comercial lo marcó la Compañía Petrolera del Táchira (C.P.T.) o La Petrolia del Táchira. Fundada el 12 de octubre de 1878 con capital exclusivamente venezolano (Bs. 100.000), operó en la Hacienda La Alquitrana, donde destacó por perforar pozos (como el Embreca) y construir una pequeña refinería para producir queroseno criollo. Su concesión, originalmente por 50 años, caducó en 1934, quedando totalmente eclipsada por la producción transnacional. Su importancia radica en ser un esfuerzo enteramente nacional que demostró la existencia de reservas.

Otro actor clave fue la New York and Bermúdez Company (NYBC), de capital estadounidense. Aunque se dedicaba principalmente a la explotación de asfalto en el Lago de Guanoco (Estado Sucre), esta empresa, filial de la General Asphalt Company, tuvo un intenso conflicto político y jurídico con el gobierno de Cipriano Castro. La NYBC fue acusada de financiar la Revolución Libertadora (1901-1903) que buscaba derrocar al presidente. Este pleito, al influir en el posterior derrocamiento de Castro en 1908, abrió las puertas a Juan Vicente Gómez, un líder mucho más complaciente con los intereses extranjeros.

El Gran Reparto: La Farsa de las Concesiones de Gómez

El proceso mediante el cual estas compañías obtuvieron sus vastas parcelas de tierra ilustra la corrupción y la profunda debilidad institucional de la época. Venezuela, a principios del siglo XX, funcionaba como un pastel gigante de crudo cuyo pastelero principal era el general Juan Vicente Gómez. Él orquestaba una farsa en la que no vendía directamente a las compañías, sino que otorgaba «concesiones de gran superficie» a allegados políticos o familiares, como el general Rafael María Velasco. Estos hombres actuaban como meros testaferros; eran, en esencia, los «dueños de papel», pues carecían del capital y la tecnología necesarios para la explotación.

Una vez que el testaferro tenía el título legal, actuaba con la celeridad de un mensajero e inmediatamente traspasaba o vendía la concesión a la transnacional extranjera por una suma considerable. El negocio era redondo para todos, salvo para la Nación. Mientras Gómez y su círculo aseguraban apoyo político y un enriquecimiento personal vertiginoso mediante comisiones y pagos indirectos, las petroleras encontraban el camino de mínima resistencia: lograban acceso legal con burocracia mínima y condiciones fiscales sumamente favorables, garantizadas por la Ley de Hidrocarburos de 1922.

Este sistema, aceitado por la corrupción, permitió que las transnacionales, con su inmensa capacidad, pusieran en marcha la producción masiva, transformando a Venezuela de un país rural, dependiente del café, en un flamante país petrolero en menos de una década.

Las Gigantes Petroleras y el Reparto de Concesiones

La apertura total de Venezuela a la inversión extranjera a principios del siglo XX atrajo a las dos compañías petroleras más grandes del mundo en ese momento: la Royal Dutch Shell (europea) y la Standard Oil (estadounidense), junto con otras empresas menores.

Royal Dutch Shell (Europa)

La Shell fue la pionera de las grandes transnacionales en Venezuela y la responsable de los descubrimientos más importantes de la fase inicial. Se estableció en Venezuela a través de varias filiales, siendo la más conocida la Caribbean Petroleum Company. Obtuvo grandes extensiones, principalmente en la Cuenca del Lago de Maracaibo (Estado Zulia).

Fue responsable de los dos descubrimientos históricos: 1) Zumaque I (1914), el primer pozo productor comercialmente viable en el Zulia, marcando el inicio formal de la exportación venezolana. 2) Barroso II (1922), un pozo ubicado en Cabimas, reventó de forma incontrolable y arrojó más de 100.000 barriles diarios por día. Fue el evento que posicionó a Venezuela entre los grandes países productores de petróleo.

Standard Oil (Estados Unidos)

Controlada por la familia Rockefeller, la Standard Oil era la principal empresa petrolera de EE. UU. y se sumó rápidamente a la explotación venezolana. Operaba a través de diversas subsidiarias, destacando la Creole Petroleum Corporation y la Lago Petroleum Corporation.

A pesar de llegar un poco después que la Shell, invirtió fuertemente y adquirió concesiones a través de los testaferros de Gómez. Rápidamente se convirtió en un actor dominante, compitiendo con la Shell por el control de las zonas más ricas, especialmente en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y las reservas de Monagas y Anzoátegui.

Otras Compañías

Otras empresas también lograron grandes concesiones, como la Gulf Oil Corporation y la Texas Company (Texaco), que transformaron a Venezuela en un campo de batalla de las grandes petroleras mundiales, que competían por medio de conexiones políticas y capacidad exploratoria.

En este contexto, la Ley de Hidrocarburos de 1920, impulsada por el ministro Gumersindo Torres, intentó tímidamente establecer condiciones más ventajosas, como una regalía del 15% y la creación de Reservas Nacionales. Sin embargo, la protesta y presión de las compañías resultaron en la remoción de Torres. Las Leyes de 1921 y 1922 revirtieron o suavizaron estas medidas, disminuyendo tributos y consolidando un modelo donde la empresa adquiría la propiedad del hidrocarburo extraído.

En esencia, la Ley de 1922 consolidó el andamiaje legal bajo el cual Venezuela se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo (para 1928), a expensas de entregar el control del negocio y la propiedad del crudo a las corporaciones extranjeras por décadas.

Los «Grandes Acuerdos» de Reivindicación Nacional (1943-1990s)

Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, el descontento popular y las nuevas ideas económicas impulsaron a los gobiernos subsiguientes a buscar una participación mayor en la renta petrolera. Esta etapa marcó la transición de un Estado totalmente dependiente a uno que buscaba afirmar su soberanía. La primera señal de esta tensión fue la Huelga Petrolera de 1936 en el Zulia, que demostró el poder de organización del movimiento obrero contra las concesionarias, obligando al gobierno de Eleazar López Contreras a intervenir.

El Gran Acuerdo 1: Ley de Hidrocarburos de 1943

Este es el primer «Gran Acuerdo» de la Venezuela moderna, gestado en un contexto de guerra mundial que dio a Venezuela una ventaja negociadora. Su promulgación conllevó a momentos de alta tensión geopolítica, pues la ley buscaba corregir las concesiones leoninas heredadas del gomecismo, extremadamente favorables a las transnacionales. El Ministro de Fomento, Eulogio López (bajo Isaías Medina Angarita), impulsó esta ley para unificar el caótico régimen de concesiones. Venezuela obtuvo grandes beneficios:

Se estableció por primera vez un impuesto sobre la renta petrolera del 12%.
Se elevó la regalía (la porción del petróleo que recibe el Estado) al 16,67% (un sexto).
Se unificó el tiempo de vigencia de las concesiones a 40 años (con vencimiento en 1983).

Esto conllevó a un aumento significativo de los ingresos fiscales y consolidó la posición del Estado como socio, no solo como arrendador. De manera crucial, la Ley obligó a las compañías a refinar parte de su producción en el país, lo que impulsó la inversión masiva en la construcción de grandes refinerías (Amuay y Cardón), permitiendo a Venezuela obtener mayor control sobre la cadena de valor del crudo. Las Compañías Transnacionales (EE. UU.) aceptaron el nuevo reparto a cambio de estabilidad jurídica y la seguridad de sus operaciones a largo plazo, y el acuerdo sirvió de modelo geopolítico para que otros países petroleros reivindicaran mayores porcentajes de ganancias.

El Principio del «Fifty-Fifty» (1945): La Ley de 1943 ya había acercado al Estado a obtener cerca del 50% de las ganancias del negocio, un principio que fue formalizado con la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1948 y que se convirtió en una norma global.

El Gran Acuerdo 2: El Salto Fiscal de 1958/1959

Este periodo marcó el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el inicio de la democracia, con una fuerte agenda nacionalista. La junta de gobierno y su Ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonzo, exigieron una mayor participación en la renta petrolera. Esta tensión con las transnacionales estadounidenses culminó con la co-fundación de la OPEP en 1960, unificando a los países productores para defender sus precios.

El principio del «fifty-fifty» se elevó en este período. El acuerdo se concretó con la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta de diciembre de 1958, que modificó el artículo 31 para aumentar la tasa a las empresas petroleras. De manera efectiva, se logró una proporción cercana al 65% para el Estado y 35% para las transnacionales. El beneficio para Venezuela fue que el Estado se convirtió en el socio mayoritario de la renta, fortaleciendo el control fiscal. Por su parte, las Transnacionales (EE. UU.) obtuvieron el beneficio de mantener el control operativo y la propiedad de las concesiones, evitando una confrontación mayor o una expropiación inmediata, a pesar de la reducción de sus ganancias.

El Fin de las Concesiones: Hacia la Nacionalización

El camino hacia la soberanía total se hizo irreversible con la política de «No Más Concesiones» adoptada por Rómulo Betancourt en 1958. Esto significó que, a medida que las concesiones existentes fueran expirando (muchas lo harían en la década de 1980), sus campos y equipos revertirían al Estado, sentando las bases para la nacionalización. La Ley de Bienes Revertidos de 1971 estableció que todos los bienes e instalaciones utilizados en las concesiones pasarían al Estado venezolano sin costo.

El régimen de concesiones terminó formalmente el 1 de enero de 1976 con la Nacionalización, al hacerse efectiva la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Las empresas extranjeras fueron compensadas (alrededor de $4.600 millones), y sus operaciones fueron asumidas por nuevas empresas estatales que luego se unificarían en PDVSA. Este proceso marcó el fin de casi un siglo de control extranjero.

El Gran Acuerdo 3: La «Apertura Petrolera» de la Década de 1990 (El Retorno de las Transnacionales)

El tercer Gran Acuerdo, la «Apertura Petrolera», se negoció en medio de una severa crisis fiscal del Estado venezolano. La gran tensión de este tiempo era que PDVSA —la estatal surgida tras la nacionalización de 1976 que expulsó a las transnacionales— no podía explotar por sí sola la gigantesca Faja del Orinoco.El Gran Acuerdo 3: La «Apertura Petrolera» de la Década de 1990

Este Gran Acuerdo tuvo un doble impacto notable. Por una parte, el Beneficio para Venezuela fue un volumen de inversiones valoradas en miles de millones de dólares y la incorporación de la tecnología necesaria, incrementando significativamente la producción. Por otra parte, las Transnacionales (de EE. UU. y otras latitudes) obtuvieron el beneficio estratégico de un exitoso retorno al país.

Compañías clave como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron recuperaron la capacidad de participar en el negocio bajo modelos de riesgo compartido, asegurando el suministro de crudo. Las condiciones, si bien no alcanzaban la magnitud de las concesiones leoninas de antaño, ofrecían rentabilidades suficientemente atractivas para justificar la alta inversión requerida en el desarrollo del crudo extrapesado.

Conclusión: El Pragmatismo como Motor

El análisis histórico confirma que los «Grandes Acuerdos» con las transnacionales no buscan un ideal, sino un pragmatismo estratégico. Mientras Venezuela logra una mayor renta o control soberano del recurso, Estados Unidos y sus transnacionales siempre aseguran el acceso al recurso y la estabilidad operativa. Este patrón es esencial para interpretar el posible «Gran Acuerdo» actual, donde las sanciones y la presión geopolítica son la nueva forma de negociación.

Referencias Bibliográficas

Betancourt, R. (1978). Venezuela, política y petróleo (3ra ed.). Editorial Seix Barral. Nota: Este es un texto fundamental que describe la lucha por el «fifty-fifty» desde la perspectiva de uno de los protagonistas clave en la política petrolera venezolana.
Coronel, G. (2003). The corruption of Venezuela. Cato Institute. Nota: Aunque controversial, ofrece una visión crítica de la gestión y los acuerdos de la Apertura Petrolera desde la perspectiva de la industria.
GIUSSEPE, Andrés R. (2011). Petrodiplomacía y Economía en Venezuela. Editorial Académica Española (EAE). ISBN- 978-3-8454-8102-9. Alemania.
Mommer, B. (2003). La distribución de la renta petrolera en Venezuela. En M. E. Lander & N. S. Blanco (Eds.), Crisis y dependencia: El ciclo petrolero (pp. 55–82). CENDES-UCV.
Naim, M. (2009). El milagro de la riqueza: La obsesión de Venezuela por el petróleo. Debate.
Peña, A. R., & Rodríguez, M. L. (2005). La apertura petrolera en Venezuela (1990-2001): ¿Nacionalización o desnacionalización? Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 11(2), 173–190.
Pérez Alfonzo, J. P. (1976). Petróleo y dependencia. Fondo Editorial Salvador de la Plaza. Nota: Este autor es el arquitecto del aumento del impuesto y cofundador de la
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). (1993–1997). Documentos de Convenios Operativos y Asociaciones Estratégicas para la Faja Petrolífera del Orinoco. (Informes internos y documentos de licitación publicados en la prensa económica de la época).
República de Venezuela. (1943). Ley de Hidrocarburos de 1943. Gaceta Oficial N.º 21.054, 13 de marzo de 1943.
República de Venezuela. (1958). Decreto No. 491: Ley de Impuesto sobre la Renta (Modificación del artículo 31 que aumenta la tasa a las empresas petroleras). Gaceta Oficial N.º 25.867, 30 de diciembre de 1958.

Ago

2025

La Transición Hacia un Nuevo Modelo Económico en Venezuela: De la Venta de Dólares Petroleros al Fondo de Inversión Soberano

Por Dr. Andrés Giussepe ( Poli-data.com)

Introducción

En los últimos años hemos profundizado sobre el manejo de la renta petrolera en Venezuela. Ha sido una línea de investigación que ha permitido develar los elementos críticos que mantienen a un país rico en recursos naturales en uno de los más pobres del mundo, a pesar de tener más de 120 años de desarrollo petrolero.

Situación que se ha sentido con más fuerza durante el gobierno de Nicolás Maduro debido a factores estructurales y coyunturales que afectan a la industria petrolera nacional.

Las investigaciones apuntan sobre la necesidad histórica de cambiar el modelo actual de gestión de las divisas que genera la renta petrolera, que lejos de beneficiar a la sociedad y la economía nacional, más bien mantiene la cultura del llamado “rentismo parasitario”, que beneficia a pocos y empobrece al resto de la sociedad en términos generales.

A continuación se presenta la propuesta Andrés Giussepe, Doctor en Economía y Gerencia de la Universidad Central de Venezuela, sobre gestión de la divisas petroleras de las divisas que genera en un 95% Petróleos de Venezuela, S.A., como un punto de partida para la verdadera transformación y cambio de paradigma gubernamental.

Pasos para una verdadera revolución economica en Venezuela

La transición de un modelo de venta directa de dólares a uno basado en un Fondo de Estabilidad Macroeconómica o de Inversión Soberano no es una tarea fácil pero tampoco imposible. La mayoría de los países con las mismas características que Venezuela como Noruega, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita e Irán.

Por ejemplo, en el caso de Irán, tiene un fondo soberano de inversión denominado el Fondo Nacional de Desarrollo, establecido en 2011 para reemplazar al antiguo Fondo de Estabilización del Petróleo. El objetivo es similar al de otros fondos soberanos de países productores de petróleo, como el de Noruega: transformar una porción de los ingresos provenientes de la venta de recursos naturales (petróleo, gas, etc.) en una riqueza sostenible e inversiones productivas, con el fin de preservar una parte de la riqueza para las futuras generaciones.

Para que Venezuela asuma ese modelo de gestión de las divisas petroleras, exige un cambio radical de mentalidad y de política económica, para la cuál, debe ser gestionada con cuidado para evitar shocks abruptos.

A continuación, se esboza los pasos clave y las consideraciones esenciales para implementar este nuevo modelo.

Fase 1: Preparación y Anuncio (1-3 meses)

1. Auditoría y Transparencia: El primer paso es realizar una auditoría completa de las reservas internacionales y de los ingresos petroleros. Se debe anunciar públicamente la creación del Fondo, sus objetivos, sus reglas de operación y los criterios de elegibilidad para los préstamos. La transparencia será clave para generar confianza, tanto en el sector privado como en la ciudadanía.

2. Marco Legal e Institucional: Se debe crear un marco legal sólido que le dé autonomía al Fondo. Una junta directiva independiente, formada por economistas, expertos en finanzas y representantes del sector privado y de la sociedad civil, debe ser establecida. Esto evitaría que el Fondo se convierta en una caja chica política.

3. Mecanismo de Préstamos: El Banco Central de Venezuela (BCV) o un nuevo ente financiero debe encargarse de la administración de los préstamos. Se establecerán criterios claros y objetivos para los solicitantes, priorizando proyectos productivos, exportadores y que generen valor agregado y empleos. Se debe enfocar en sectores estratégicos como el agroalimentario, la manufactura y la tecnología.

Fase 2: Implementación Gradual (6-12 meses)

1. Reducción Progresiva de la Venta de Dólares: El BCV no puede dejar de vender dólares de la noche a la mañana. Esto crearía un shock cambiario masivo. En su lugar, se debe anunciar un cronograma de reducción progresiva de las ventas. Por ejemplo, en el primer mes se reducirán las ventas en un 10%, en el segundo en un 15%, y así sucesivamente.

2. Canalización de los Dólares Hacia el Fondo: A medida que se reducen las ventas, los dólares que antes se destinaban al mercado especulativo se irán depositando en el Fondo. Este capital inicial será la base para comenzar a otorgar los primeros préstamos.

3. Lanzamiento del Programa de Préstamos: Se comenzará con un programa piloto de préstamos a un grupo selecto de empresas con proyectos sólidos. Estos primeros préstamos serán una prueba de concepto y permitirán refinar el proceso y los criterios. Las tasas de interés deben ser competitivas, pero no tan bajas como para incentivar el rentismo.

4. Educación y Comunicación: Es fundamental lanzar una campaña de comunicación masiva para explicar a la población y al sector privado cómo funciona el nuevo modelo. Se debe desmitificar la idea de que la devaluación es inevitable y explicar cómo los nuevos préstamos benefician a la economía en su conjunto, generando más empleo y producción local.

Fase 3: Consolidación y Expansión (1-3 años)

1. Evaluación y Ajuste: El Fondo deberá realizar evaluaciones periódicas del impacto de los préstamos en la economía. Se analizará si los proyectos financiados están cumpliendo sus objetivos de producción, exportación y generación de empleo. Con base en estos resultados, se ajustarán los criterios de elegibilidad y las reglas de operación.

2. Apertura a Nuevas Fuentes de Divisas: Con el tiempo, el modelo podría expandirse para incluir otras fuentes de divisas, como los ingresos por exportaciones no tradicionales, lo que ayudaría a reducir la dependencia del petróleo.

3. Estabilización del Tipo de Cambio: A medida que el modelo se consolide y el Estado deje de ser el principal jugador en el mercado cambiario, el tipo de cambio tenderá a estabilizarse. Sin embargo, en un entorno postkeynesiano, el objetivo no es un tipo de cambio fijo, sino uno estable y predecible, que no sea una fuente de inestabilidad macroeconómica.

Retos y Riesgos de la Transición:

1. Resistencia Política: La principal oposición vendrá de aquellos que se benefician del actual sistema, ya sean empresarios que importan bienes suntuarios o sectores del gobierno que utilizan los dólares para fines políticos.

2. Inflación en el Corto Plazo: Es posible que, en las primeras etapas, la reducción de la oferta de dólares en el mercado especulativo genere una subida temporal de la inflación. Sin embargo, este efecto se mitigaría a medida que la producción local comience a reactivarse y los préstamos rindan sus frutos.

3. Selección de Proyectos: El éxito del modelo dependerá de una selección rigurosa de los proyectos a financiar. Un mal manejo de los préstamos podría generar pérdidas para el Fondo y desacreditar la iniciativa.

En definitiva, la transición hacia un modelo de Fondo de Estabilidad no es solo una medida económica; es un proyecto de desarrollo nacional a largo plazo. Requiere voluntad política, disciplina fiscal y una visión de futuro que priorice la producción y la inversión sobre la especulación.

Correo: agiussepe@poli-data.com

Jul

2025

La Política Histórica de Asignación de Divisas en Venezuela: Un Análisis Crítico y Propuestas para el Futuro

Por Andrés Giussep (Poli-data.com)

Venezuela, un país bendecido con vastas reservas de hidrocarburos, ha transitado por una senda económica marcada por una política de asignación de divisas centralizada y discrecional. Históricamente, el Estado, a través del control casi monopólico de las divisas petroleras, ha asumido el rol de principal «repartidor» de dólares para importaciones, ahorro e incluso gasto público. Esta política, lejos de ser un motor de desarrollo, ha demostrado ser un freno, generando distorsiones, ineficiencias y una dependencia crónica del rentismo petrolero.

Desde el inicio de la industria petrolera la Economía Política de las divisas en Venezuela, la transferencia irreversible de divisas está vinculada a la discrecionalidad en la asignación de recursos escasos. Cuando el Estado vende divisas sin condiciones, crea incentivos para la captura rentista y la fuga de capitales, en lugar de promover inversiones productivas. Este fenómeno se agrava cuando las divisas son utilizadas para financiar importaciones innecesarias o repatriación de utilidades, en lugar de fortalecer la capacidad productiva interna.

Ese comportamiento estatal se ha regido por lo que el Doctor Andrés Giussepe denomina como el «Principio de transferencia irreversible de divisas sin contraprestación productiva», que se entiende como un proceso mediante el cual el Estado centraliza los ingresos en moneda extranjera generados por las exportaciones de recursos naturales (principalmente petróleo), pero en lugar de reinvertirlos estratégicamente en actividades económicas con retornos tangibles (como industrialización, tecnología o infraestructura), los transfiere directamente a actores privados o externos bajo modalidades que no garantizan beneficios productivos para la economía nacional. (Giussepe, julio 2025)

Conceptos Generales de Generación de Divisas

La entrada de divisas a un país se nutre principalmente de las siguientes fuentes:

Exportaciones de Bienes y Servicios: La venta de productos y servicios al mercado internacional.
Inversión Extranjera Directa (IED): Flujos de capital que empresas o individuos de un país invierten en activos productivos en otro.
Remesas: Dinero enviado por ciudadanos que trabajan en el extranjero a sus familias en su país de origen.
Turismo: Gasto realizado por visitantes internacionales.

El sector privado contribuye a través de la exportación de bienes y servicios, la atracción de IED y, en menor medida, mediante remesas privadas. El sector estatal, por su parte, genera divisas principalmente a través de exportaciones de empresas públicas (especialmente en industrias estratégicas como petróleo, gas o minería), préstamos del sector público en mercados internacionales y la gestión de las reservas internacionales oficiales.

Crítica a la Política de Asignación Discrecional de Divisas

La práctica de la asignación estatal de divisas a diversos actores económicos y sociales, si bien pudo haber tenido intenciones de control y equidad en su origen, ha desembocado en una serie de consecuencias negativas:

Fuentes de Corrupción y Discrecionalidad: Cuando el Estado es el único o principal proveedor de divisas, se crea un sistema donde el acceso a esos dólares se convierte en un privilegio. Esto ha abierto la puerta a la corrupción y la discrecionalidad, donde la cercanía al poder, y no la eficiencia o productividad, determinaba quién obtenía las divisas. Las «cocinas de importaciones» se convirtieron en un eufemismo para esquemas donde se obtenían dólares preferenciales para bienes que no se importaban o se sobrefacturaban, drenando el patrimonio nacional.
Destrucción del Tejido Productivo Nacional: Al facilitar la importación a tipos de cambio preferenciales (artificialmente bajos), se hizo más rentable importar que producir internamente. Esto asfixió a la industria nacional, que no podía competir con bienes extranjeros subsidiados por una divisa barata. El resultado fue una desindustrialización progresiva y una economía cada vez más dependiente de las importaciones, incluso de productos que Venezuela tenía la capacidad de producir.
Fomento de la Especulación y la Fuga de Capitales: La existencia de múltiples tipos de cambio y la expectativa de devaluaciones futuras incentivaron la especulación. Quienes tenían acceso a divisas preferenciales podían venderlas en el mercado paralelo a un precio mucho mayor, obteniendo ganancias exorbitantes. Esto no solo descapitalizó al país, sino que también estimuló la fuga de capitales, ya que se buscaba resguardar el patrimonio en monedas fuertes ante la inestabilidad del bolívar.
Ausencia de un Mercado Cambiario Funcional: La asignación estatal de divisas impidió el desarrollo de un mercado cambiario transparente y eficiente. Sin la participación activa de oferentes y demandantes privados de divisas (que en otras economías son los principales generadores), el tipo de cambio dejó de ser un indicador real de la salud económica y se convirtió en una variable política, sujeta a decisiones administrativas y presiones coyunturales.
Desperdicio del Patrimonio Común: Las divisas petroleras son, en esencia, un patrimonio común de todos los venezolanos. La política de liquidarlas indiscriminadamente para el «provecho de muy pocos» (importadores ineficientes, especuladores, o sectores privilegiados) significó un derroche de riqueza que debió haber sido invertida en el desarrollo sostenible, la diversificación económica y el fortalecimiento de las reservas internacionales para las generaciones futuras. En lugar de ser un fondo de inversión para el futuro, se convirtió en una fuente de liquidez para el consumo importado y la especulación.
Impacto Negativo en la Calidad de Vida y Salarios: Aunque en teoría la divisa barata buscaba mejorar el poder adquisitivo, en la práctica generó una inflación reprimida y escasez. Cuando las divisas no alcanzaban o se asignaban mal, se producían desabastecimientos. Además, al destruir la producción nacional, se eliminaron empleos productivos y se erosionó la base para un crecimiento salarial sostenido. La calidad de vida, en lugar de mejorar, se vio comprometida por la inestabilidad y la dependencia.

Recomendaciones para un Cambio de Política: Fortalecer Reservas y Promover la Productividad Endógena

El camino hacia una economía venezolana próspera y sostenible pasa por un giro radical en la política de divisas. Las recomendaciones se centran en devolver al sector privado su rol de generador de divisas y al Estado su función de regulador y administrador del patrimonio común y no la de vendedor de petrólares. Las siguientes alternativas buscan superar el principio de transferencia irreversible:

Fomento Activo de la Producción y Exportación Privada:
- Incentivos a la Exportación No Petrolera: Crear un marco de políticas que recompensen la exportación de bienes y servicios «hechos en Venezuela». Esto incluye facilitar trámites, reducir impuestos a la exportación, ofrecer financiamiento para la reconversión industrial y promover acuerdos comerciales.
- Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED): Garantizar la seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y reglas claras para los inversionistas extranjeros. La IED no solo trae divisas, sino también tecnología, conocimiento y capacidad productiva, fortaleciendo el tejido empresarial nacional.
- Apoyo a PYMES Exportadoras: Las pequeñas y medianas empresas son clave para la diversificación. Programas de capacitación, acceso a mercados internacionales y financiamiento especializado pueden impulsar su capacidad exportadora.
Rol Estratégico del Estado en la Administración de Divisas:
- Las Divisas Petroleras para las Reservas Internacionales: Las divisas generadas por PDVSA deben destinarse prioritariamente a fortalecer las reservas internacionales del país. Estas reservas actúan como un colchón de estabilidad, garantizando la capacidad de importación estratégica (medicinas, alimentos básicos, insumos esenciales) y generando confianza en los mercados internacionales.
- Creación de un Fondo de Estabilización Macroeconómica: Establecer un fondo soberano (similar al de Noruega o México) alimentado por los excedentes petroleros. Este fondo invertiría en el extranjero, generando rendimientos en divisas, y se utilizaría para estabilizar la economía en períodos de bajos precios del petróleo, evitando la necesidad de liquidar divisas a la ligera en momentos de bonanza.

El FEM, como fondo soberano autónomo, operaría bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y priorización estratégica (exportaciones, sustitución de importaciones, innovación tecnológica

Préstamos Retornables a través del Fondo, otorgando divisas a empresas nacionales bajo esquemas condicionados a inversión productiva estratégica en el marco de los Motores Económicos identificados por el Ejecutivo Nacional.

- Gasto Público Eficiente y Transparente: El Estado debe financiar su gasto público a través de una reforma fiscal que no dependa solo del petróleo. Las divisas necesarias para las importaciones estatales (por ejemplo, medicinas o equipos de salud) deben obtenerse del mercado cambiario al tipo de cambio de mercado, como lo hacen otros actores.
Desarrollo de un Sistema Financiero Sólido y Transparente: Un sistema financiero robusto que permita la intermediación por la vía del crédito, las transacciones de divisas de forma legal y segura es fundamental. Esto incluye bancos privados que puedan captar y colocar divisas del mercado no petrolero, facilitando las operaciones de comercio exterior sin la necesidad de la intermediación estatal.
Educación Económica y Cultural de la Productividad: Es vital cambiar la mentalidad rentista por una cultura de la productividad y el ahorro. Los ciudadanos deben comprender que la riqueza de un país no reside solo en sus recursos naturales, sino en su capacidad de producir bienes y servicios de valor.

Beneficios del Cambio de Política

La implementación de estas recomendaciones traería beneficios tangibles y sostenibles para Venezuela:

Mejora de la Calidad de Vida: Un mercado cambiario estable reduce la inflación y la incertidumbre, lo que se traduce en un mayor poder adquisitivo real para los ciudadanos.
Aumento de Salarios: Al reactivarse la producción nacional, se generarán empleos de calidad y bien remunerados, aumentando los salarios de manera sostenible y no artificial.
Mayor Productividad y Diversificación Endógena: La eliminación de distorsiones incentivará la inversión en sectores no petroleros, impulsando la producción local y reduciendo la dependencia de las importaciones (sustitución).
Fortalecimiento de las Reservas Internacionales: Una gestión prudente de las divisas petroleras y el crecimiento de las exportaciones privadas asegurarán un colchón robusto para enfrentar contingencias y generar confianza en los mercados.
Fin de la Corrupción Cambiaria: Al eliminar la discrecionalidad en la asignación de divisas, se cerrarán las puertas a la corrupción y el parasitismo económico.

En definitiva, la crítica a la política histórica de asignación de divisas en Venezuela no es solo un reproche al pasado, sino un llamado urgente a transformar un modelo económico leonino que perdura desde inicios de la Industria Petrolera venezolana hasta nuestros días.

Es hora de que el patrimonio común de divisas petroleras sea resguardado y administrado estratégicamente para el beneficio de todos, mientras que el sector privado asume el rol protagónico en la generación de divisas, construyendo así un país más productivo, estable y próspero para sus ciudadanos.

Para cualquiera asesoría, participación en foros nacionales e internacionales (virtual o presencial) comuníquese por el correo: admin@poli-data.com

Jul

2025

La falacia de la obligación estatal de liquidar divisas: El caso venezolano

Por Andrés Giussepe (Poli-data.com)

El argumento de que «el Estado venezolano está en la obligación de liquidar o emitir todos los dólares que genera para los importadores» es una falacia que ignora la estructura fundamental de generación de divisas en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes.

En naciones como Estados Unidos, Alemania, Canadá, México, Colombia, Brasil, Chile o Perú, la vasta mayoría de las divisas que circulan en la economía son generadas directamente por el sector privado. Cuando una empresa privada en Alemania exporta un automóvil, recibe euros por esa venta, pero esa transacción es un reflejo de la divisa (dólares, yenes, etc.) que ingresó al país. De manera similar, una empresa colombiana que exporta café recibe dólares, euros u otra divisa, que luego puede utilizar para importar insumos o reinvertir.

En estos casos, el sector privado genera sus propias divisas y las administra según sus necesidades de importación, inversión o repatriación de ganancias. El Estado, a través de sus bancos centrales, interviene principalmente para regular la liquidez, gestionar la tasa de cambio y mantener la estabilidad macroeconómica, no para «liquidar» todas las divisas que un sector privado ya generó para sus propios fines.

El contraste con Venezuela es dramático:

En Venezuela, el Estado (PDVSA) genera más del 90% de las divisas por exportaciones. Esto significa que la mayor parte de los dólares que ingresan al país están en manos del Estado. Bajo un modelo de control de cambios, el Estado se convierte en el monopolio de las divisas y, por lo tanto, los importadores y otros agentes económicos dependen enteramente de que el Estado liquide o venda esas divisas para que puedan acceder a ellas. Esta concentración de la generación de divisas en el sector estatal es la raíz del problema cambiario en Venezuela, no una práctica común o deseable en otras economías.
En la mayoría de los países comparados, si bien el Estado puede tener empresas importantes, la diversificación de las fuentes de divisas del sector privado es clave. Las exportaciones privadas, la IED y las remesas nutren un mercado cambiario donde las divisas son generadas y transadas directamente por los agentes económicos privados. La intervención del Estado se limita a la regulación, y no a la provisión casi exclusiva de divisas para el funcionamiento de la economía.

La obligación del Estado venezolano de «liquidar» divisas surge precisamente de su rol dominante como el principal (casi único) generador de las mismas. Esto no ocurre en países donde el sector privado es el principal motor exportador y atrae la mayoría de la IED, ya que el sector privado genera sus propios dólares y euros, y los utiliza para sus propias importaciones y operaciones, sin depender en la misma medida de una asignación estatal.

Porcentaje estimado de generación de divisas por Sector (Público vs. Privado)

Como se mencionó anteriormente, obtener porcentajes exactos y desagregados de la generación de divisas por sector (público vs. privado) es extremadamente complejo debido a la falta de datos unificados y la naturaleza dinámica de las economías. Sin embargo, basándonos en el análisis cualitativo y el conocimiento general de estas economías, podemos proporcionar estimaciones y rangos porcentuales que reflejan el peso relativo de cada sector en la generación de divisas por exportaciones y flujos de capital.

Es importante recalcar que estos porcentajes son estimaciones informadas y no cifras oficiales o exactas, y pueden variar significativamente según la metodología de cálculo y el período específico. Sirven para ilustrar la tendencia general y la predominancia de un sector sobre otro en la generación de divisas.

Elaboración propia

Análisis comparativo y desmitificación de la Falacia del «Estado obligado a liquidar dólares»

El equilibrio entre la generación de divisas por parte del sector privado y el Estado varía significativamente entre estos países, lo que refleja sus estructuras económicas y modelos de desarrollo:

Economías con Alta Dependencia Estatal (Venezuela, Arabia Saudita, Rusia):

En estos países, la inmensa mayoría de las divisas provienen de la explotación y exportación de recursos naturales estratégicos, controlados por empresas estatales. En Venezuela, la dependencia del petróleo estatal es casi absoluta, con el Estado generando más del 90% de las divisas de exportación.

En Arabia Saudita y Rusia, si bien existen sectores privados, la magnitud de la generación de divisas por hidrocarburos estatales es abrumadora, superando el 85-90% y el 60-80% respectivamente en las exportaciones clave.

Economías Mixtas con Contribución Estatal Significativa (Colombia, Brasil, Noruega, Chile, México, Argentina):

Aquí, tanto el Estado (a través de empresas estratégicas como Ecopetrol, Petrobras, Equinor, Codelco, o PEMEX) como el sector privado son generadores importantes de divisas. La diversificación económica es mayor, y el sector privado participa activamente en exportaciones agrícolas, manufacturas, servicios y atracción de IED.

En Colombia, el sector privado aporta entre el 60% y el 80% de las divisas. En Brasil, el sector privado contribuye con el 70% al 85%. Noruega presenta un equilibrio notable, con el Estado y el sector privado aportando cada uno entre el 40% y el 60%. En México, el sector privado domina con más del 80%, mientras que en Chile, el sector privado aporta el 60% al 75%. En Argentina, el sector privado también es dominante con el 80% al 90%.

Economías Predominantemente Lideradas por el Sector Privado (Estados Unidos, Alemania, Canadá, Perú -en gran medida-):

En estos países, el motor principal de la generación de divisas es el sector privado. Las exportaciones son altamente diversificadas, la IED es robusta y los gobiernos se centran más en crear un ambiente propicio para los negocios y en acuerdos comerciales, más que en la generación directa de divisas a través de empresas estatales de exportación.

En Estados Unidos, Canadá y Alemania, el sector privado genera más del 95% de las divisas, siendo el Estado un actor marginal en la generación directa. Incluso en Perú, donde la minería es clave, el sector privado domina con el 80% al 90% de la generación.

Referencias Consultadas

Banco Central de Venezuela. (Datos estadísticos y reportes económicos).
Banco de la República (Colombia). (Boletines económicos y balanza de pagos).
Banco Central de Reserva del Perú. (Estadísticas macroeconómicas).
Banco Central de Brasil. (Informes económicos y balanza de pagos).
Fondo Monetario Internacional (FMI). (World Economic Outlook Database, International Financial Statistics).
Banco Mundial. (World Development Indicators).
Organización Mundial del Comercio (OMC). (Estadísticas comerciales).
Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA). (Datos de producción y exportación de energía).
Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA). (Estadísticas de comercio e inversión).
Trading Economics. (Datos macroeconómicos por país).
World Investment Report (UNCTAD). (Informes sobre Inversión Extranjera Directa).
Banco de México. (Informes de balanza de pagos y remesas).
Banco Central de Noruega (Norges Bank). (Informes sobre el fondo soberano y balanza de pagos).
Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). (Informes anuales y estadísticas).
Banco Central de la República Argentina. (Informes y estadísticas monetarias).
Banco Central de Rusia. (Informes económicos y reservas).
Banco Central de Chile. (Informes de política monetaria y balanza de pagos).
Statistics Canada. (Datos económicos y de comercio).
Deutsche Bundesbank. (Estadísticas financieras y balanza de pagos).