Crecimiento con inclusión

Ene

2026

Los Rodríguez Gómez impulsaron el “Fin del Legado Petrolero de Chávez” bajo coacción imperial el 29/01/2026

Por Dr. Andrés Giussepe (*)

«La soberanía no se discute, se defiende con la razón y el derecho. Todo lo que se firme con un fusil en la sien, es nulo ante la historia y ante la ley.»

Agiussepe: 2026

Introducción

La aprobación de la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) por parte de la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero de 2026 marca un giro estructural y regresivo en la política energética de Venezuela. Este evento, liderado por Jorge Rodríguez y solicitado por Delcy Rodríguez —quien ejerce la Presidencia de la República encargada ante el infame secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump—, representa el desmantelamiento definitivo de los pilares jurídicos que sostuvieron el modelo de «Soberanía Petrolera».

Este modelo, impulsado por Hugo Chávez entre 2006 y 2013, priorizó la defensa de los recursos naturales y la justa distribución de la riqueza, pero hoy es sacrificado en una «reapertura» que entrega el control soberano a cambio de un flujo de caja inmediato bajo un contexto de coacción internacional sin precedentes.

El «Fin del Chavismo Petrolero» o del “Madurismo Petrolero” en Datos

“El Fin del Legado Petrolero de Chávez» es una frase con gran carga histórica que resume la derogación de las leyes de 2006, 2007, 2009 y 2013.

La reforma de 2026 intenta demostrar implícitamente que el control estatal absoluto no fue sostenible. Mientras el modelo de 2007 buscaba captar la renta para inversión social, la realidad operativa mostró una tendencia a la disminución productiva (reduciéndose de 3,5 millones a 2,6 millones hacia 2014, y mucho más durante la gestión de Maduro hasta llegar a niveles mínimos históricos en 2021, de 250 mil barriles diarios.

Incluso el nombre simbólico de la «Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías» (denominada así en 2018) queda ahora bajo un marco legal que contradice los principios de su epónimo.

Sin embargo, como se demostrará a continuación, sería a partir del gobierno de Nicolás Maduro en 2013, que comenzaría el proceso productivo petrolero involutivo gracias a múltiples factores, que van desde acciones geopolíticas, conspiraciones internas, corrupción, guerra económica interna, bloqueo y sanciones, pandemia e ineficiencia en la gestión.

Para entender la magnitud de esta involución, es imperativo recordar que al momento de la siembra del Comandante Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, el Nacionalismo Petrolero entregaba cifras que hoy parecen inalcanzables: una producción de 2,7 millones de bd, un Producto Interno Bruto (PIB) de $370.000 millones, reservas internacionales por el orden de los $37.000 millones y un BCV que custodiaba 360 toneladas de oro. Con una inflación controlada cercana al 20%, el país ostentaba el salario mínimo integral más alto de América Latina (550 dólares mensuales), aplicándose la Ley Orgánica del Trabajo con plena vigencia y beneficios sociales tangibles. Estas estadísticas demuestran que la gestión soberana trajo una prosperidad social nunca vista en la era democrática.

Sin embargo, este legado comenzó a ser asediado desde agosto de 2014 con el anuncio de la «Guerra Económica» y se agudizó el 9 de marzo de 2015, cuando el gobierno de Barack Obama declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria». La industria, que para el inicio de las agresiones de la administración Trump aún contaba con la participación activa de 44 empresas mixtas y mantenía una producción por encima de los 2,1 millones de bd, fue el blanco directo de un bloqueo criminal. Las sanciones de Trump, sumadas a una corrupción desmedida que melló la transparencia institucional y la falta de publicación de cifras oficiales, aceleraron un deterioro que tocó fondo a mediados de 2021.

Hoy, la nueva LOH de 2026 termina de sepultar ese esfuerzo soberano. Al derogar instrumentos como el Decreto 5.200 y la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios, el Estado no solo cede la operación a capitales extranjeros, sino que renuncia a su capacidad de capturar la renta para el pueblo. Lo que se presenta como una «adecuación necesaria» es, en realidad, la formalización del fin del chavismo petrolero, donde la maximización de la producción privada sustituye la sagrada política de conservación de precios y defensa del territorio que caracterizó la verdadera revolución petrolera del 1 de mayo de 2007.

Análisis de la Transición de Soberanía a Cesión (2013-2026)

Este cuadro deja sentado que la situación económica bajo el modelo de Hugo Chávez no solo era viable, sino superior en términos de bienestar social. El giro actual, dado bajo la bota de la OFAC y la ausencia del presidente constitucional, constituye una entrega de los activos nacionales que el Nacionalismo Petrolero rescató hace casi dos décadas.

Los venezolanos estamos consciente que la LOH 2026 se aprueba bajo la Doctrina del «Vicio de Consentimiento» (Art. 51 y 52 Convención de Viena) y en el marco de la Ilegalidad de la Agresión Imperial contra Venezuela. En ese sentido, el derecho internacional establece que el consentimiento de un Estado carece de efecto si se obtiene mediante la amenaza o el uso de la fuerza contra sus representantes o contra el Estado mismo, y eso lo conocen las Compañías Transnacionales y el gobierno de turno temporal en Venezuela.

A continuación, presento una comparación detallada entre el marco legal derogado y el nuevo enfoque de 2026.

Las 7 disposiciones derogatorias que eliminaron el Legado Petrolero de Hugo Chávez

A continuación, presento el mapa completo de la eliminación del marco legal petrolero de Hugo Chávez, estructurado a través de las siete disposiciones derogatorias aprobadas el 29 de enero de 2026 por la Asamblea Nacional. Este cuadro detalla cómo se desmantela pieza a pieza la arquitectura jurídica de la «Soberanía Petrolera» (2006-2013) para dar paso a la nueva Ley de Hidrocarburos de 2026.

Mapa de Derogación: El Fin del Legado Petrolero de Chávez

Análisis del Impacto Político y Transitorio

Esta reforma no es solo una edición de textos, sino un cambio de paradigma en tres dimensiones:

Seguridad Jurídica y «Ley Antibloqueo»: La Disposición Transitoria Tercera ratifica que todos los contratos suscritos bajo la Ley Constitucional Antibloqueo mantienen su plena validez. Esto blinda las concesiones hechas durante los años de sanciones.
Protección al Inversor (No Desmejora): Las adecuaciones de las empresas mixtas (que deben ocurrir en un plazo de 180 días) tienen una prohibición expresa: no pueden generar una desmejora de las condiciones ya acordadas con las empresas que realizan la gestión. Esto garantiza que el «control de facto» que ya tienen algunos socios extranjeros se convierta en «control de derecho».
Monetización y Fin de la Unidad Tributaria: Para efectos de multas y pagos, se abandona la Unidad Tributaria (UT) y se adopta el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor (ej. Euro) publicada por el BCV. Esto asegura que el Estado cobre en valores reales indexados, alejándose del modelo de bolívares devaluados.

Análisis de Impacto: ¿Involución o Pragmatismo?

Desde una perspectiva crítica y nacionalista, este compendio derogatorio anterior confirma el fin del chavismo petrolero tal como se conoció. Mientras que Hugo Chávez utilizó estas leyes para centralizar el poder y la renta en el Estado, la Asamblea Nacional de 2026 bajo el mando de del Diputado Jorge Rodríguez y de su hermana Delcy Rodríguez, encargada como Presidenta de la República por el secuestro de Nicolás Maduro del gobierno de Donald Trump, el las elimina para descentralizar la operación y transferirla a actores privados bajo un esquema de «gestión integral».

De manera directa se beneficiarán las empresas petroleras estadounidense, que, bajo coacción y chantaje imperial, forzaron al Parlamento Nacional a ceder ante las amenazas previas de volver a incursionar militarmente el territorio donde nació el más grande de los Libertadores de América: Simón Bolívar.

Desde la perspectiva analítica, el impacto político y soberano se puede medir en tres ejes fundamentales:

4.1. Cesión de Control Operativo y Accionario

El modelo de 2007 exigía que PDVSA fuera el operador y accionista mayoritario. La reforma de 2026 permite la «adecuación» de las Empresas Mixtas y de los contratos de la Ley Antibloqueo. El texto de las disposiciones transitorias sugiere que estas adecuaciones no pueden generar desmejoras a las condiciones ya acordadas con los socios que «realizan la gestión integral», lo que formaliza la entrega de la operación a manos privadas en la práctica.

4.2. De la «Defensa de Precios» a la «Maximización de Producción»

Mientras que el legado de Chávez se centró en la renta petrolera (altas regalías e impuestos extraordinarios) para financiar programas sociales, la ley de 2026 prioriza la recuperación de la producción, la cual cayó de 3,5 millones a niveles críticos en la última década. La derogación de las leyes de 2006, 2007 y 2009 apunta a eliminar el «estrangulamiento» regulatorio para incentivar el flujo de caja inmediato, sacrificando la visión de control estatal directo.

4.3. La institucionalidad en transición

Un punto de debate clave fue la propuesta de crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos independiente y técnica. Aunque no se incluyó en las disposiciones transitorias, existe un compromiso parlamentario para presentar una ley especial que separe el rol de PDVSA como operador de la regulación técnica del sector. Esto marcaría el fin definitivo de la «PDVSA Roja Rojita» que concentraba todas las funciones.

4.4. Una nota curiosa en el debate parlamentario sobre Soberanía

El debate parlamentario revela una tensión interna. Mientras la oposición propone regímenes de compensación para comunidades y agencias independientes, la mayoría oficialista dirigida por el diputado Jorge Rodríguez, se mostraba apresurado para la aprobación sin permitir un debate extenso de la madre de todas las leyes de la economía venezolana que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, alegando que ya se habían cumplido las consultas necesarias (en menos de 5 días), a pesar de que algunos diputados consideran que se están «proponiendo elementos nuevos» fuera de orden.

Son detalles necesarios dejar plasmados para la historia política contemporánea que a los estudiosos del futuro inmediato de la materia de seguro les gustará conocer para entender el contexto en la cual se aprobó tan importante ley.

¿Cuál es el impacto específico de la derogación del Decreto 5.200 sobre los activos actuales de las empresas mixtas en la Faja del Orinoco?

La derogación del Decreto 5.200 (2007) en la nueva Ley de Hidrocarburos de 2026 representa el desmantelamiento del núcleo legal que permitió la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este decreto no solo fue un símbolo político, sino que alteró la propiedad y operación de los activos más grandes del país.

A continuación, detallo el impacto técnico y político de esta transición sobre los activos y el modelo de negocio:

1. El Cambio en la Estructura de Propiedad (Control Accionario)

El modelo de 2007 se basaba en la hegemonía estatal, mientras que el de 2026 busca la flexibilidad para atraer capital fresco.

Modelo 2007 (Derogado): Estableció que el Estado, a través de PDVSA, debía tener una participación mayoritaria de al menos el 60% en todas las asociaciones.
Impacto 2026: Al derogar el Decreto 5.200, se elimina la rigidez de esa mayoría accionaria obligatoria. La nueva ley otorga un plazo de 180 días para realizar las «adecuaciones» necesarias en las empresas mixtas, lo que abre la puerta legal a que los socios privados aumenten su participación o tomen el control.

2. Gestión Operativa: De PDVSA a los Socios Privados

Uno de los puntos más críticos del legado de 2007 fue la transferencia de la operación directa a manos del Estado.

Legado de Chávez (2007): PDVSA asumió la operación total de los proyectos que antes manejaban multinacionales como ExxonMobil y ConocoPhillips.
Regresión/Reapertura 2026: La Disposición Transitoria Segunda de la nueva ley aclara que el proceso de adecuación no podrá generar una desmejora de las condiciones acordadas con las empresas que ya realizan la «gestión integral». Esto formaliza una realidad de facto: la cesión de la operatividad a los socios extranjeros para intentar recuperar la producción, que cayó de 3.5 millones a niveles críticos bajo el modelo anterior.

3. Impacto en los Activos y Seguridad Jurídica

La derogación busca cerrar el ciclo de arbitrajes internacionales y abandono de activos que caracterizó la última década.

¿Cómo cambia el esquema de ingresos para la República?

La derogación de la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes (2013) representa el desmantelamiento de uno de los últimos candados fiscales del chavismo para capturar la renta petrolera volátil. Mientras el modelo de 2013 buscaba que el Estado se quedara con la mayor parte del excedente cuando el barril subía, la reforma de 2026 prioriza la rentabilidad del inversionista privado para incentivar la producción.

Aquí detallo cómo cambia el esquema de ingresos para la República:

1. El fin del «Impuesto a la Ganancia Súbita» (Windfall Tax)

La ley de 2013 obligaba a las empresas a pagar un porcentaje adicional al Estado cuando los precios internacionales del crudo superaban ciertos umbrales (precios extraordinarios o exorbitantes).

Con al LOH 2026, la derogación genera un impacto. El Estado pierde la capacidad de capturar automáticamente la riqueza generada por picos en el mercado internacional. En una visión soberana, esto es una cesión de renta; desde una visión liberal, es la eliminación de un castigo fiscal que impedía la reinversión.

7.2. Hacia un «Impuesto Integrado de Hidrocarburos»

En sustitución de los múltiples tributos y contribuciones especiales del pasado, la nueva LOH de 2026 introduce un esquema unificado:

Mandato al Ministerio: El Ministerio con competencia en hidrocarburos tiene un plazo de 30 días tras la entrada en vigencia de la ley para dictar las normas sobre determinación, declaración y pago de este nuevo «impuesto integrado».
Sustitución de la Unidad Tributaria: Para el cálculo de multas y otros conceptos, se elimina la referencia a Unidades Tributarias (UT) y se adopta el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV. Esto busca proteger los ingresos fiscales de la inflación, pero también indexa los costos operativos de las empresas a divisas.

7.3. El Periodo de Transición Fiscal

La ley establece un puente entre el viejo esquema de «soberanía» y el nuevo esquema de «reapertura»:

Continuidad temporal: Durante los primeros 180 días (mientras se realizan las adecuaciones de las empresas mixtas), seguirá siendo aplicable el régimen tributario vigente antes de esta ley.
Seguridad para el inversor: Se especifica que los procesos de adecuación de contratos (como los de la Ley Antibloqueo) no podrán generar una desmejora de las condiciones pactadas previamente. Esto garantiza que los incentivos fiscales ofrecidos bajo coacción o sanciones se mantengan estables.

7.4. Comparativa de Visión Fiscal

Este cambio confirma que el enfoque de 2026 es el de una «reapertura petrolera» pragmática. Al eliminar la ley de 2013, la Asamblea Nacional liderada por Jorge Rodríguez está enviando una señal clara a los mercados: Venezuela ya no castigará la rentabilidad extraordinaria, un pilar fundamental de la política energética de Hugo Chávez.

……………..

(*) Autor de los libros petroleros:

“Visión petrolera de HUGO CHÁVEZ FRÍAS. Teoría socialista sobre la política petrolera venezolana.” 2014, Editorial Metrópolis.
“La Gerencia Social-Política. Nueva Racionalidad de la Industria Petrolera Venezolana Rumbo al Socialismo del siglo XXI”, publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Venezuela (Enero 2013).
“Petrodiplomacia y Economía en Venezuela”, publicado por la Editorial Académica Española, una marca de LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Alemania (2011). ISBN: 978-3-8454-8102-9. (2010)

Ene

2026

Impacto Macroeconómico y Social de la Desalarización Generada por la Sentencia 523 (13/11/2025) de la Sala de Casación Social del TSJ

Por Andrés Giussepe (Poli-data.com)

Diciembre, 2025

Como Doctor en Economía y analista de riesgos, es imperativo fundamentar el recurso no solo en leyes, sino en la realidad del daño patrimonial causado a la nación. La Sentencia 523 no solo empobrece al trabajador; destruye el sistema económico formal.

El Impacto Económico: La Pulverización del Patrimonio del Trabajador

En mi condición de Doctor en Economía de la Universidad Central de Venezuela, debo señalar a los ilustres Magistrados que la doctrina de “desalarización” avalada en la Sentencia 523 produce una distorsión matemática devastadora en la economía familiar. En un contexto de alta inflación y pérdida de valor de la moneda, la exclusión de los bonos complementarios en el cálculo de las prestaciones sociales genera una “Erosión del Salario Real” que desvirtúa la función de ahorro forzoso de las prestaciones.

Matemáticamente, al omitir estos montos —que a menudo representan más del 70% del ingreso mensual efectivo—, la base de cálculo se reduce a una cifra nominal mínima, convirtiendo el derecho consagrado en el artículo 92 constitucional en un monto irrisorio o simbólico que no cumple con su fin de protección frente a la contingencia del desempleo, vulnerando el principio de supervivencia y dignidad humana.

La Destrucción del Ahorro y el Crédito

Las prestaciones sociales son el único mecanismo de ahorro forzoso y capitalización que tiene el trabajador venezolano en un entorno de alta inflación. Al ser calculadas sobre un salario base «de papel» ($100 vs $500 reales), el capital de retiro pierde su función social.

Esta pérdida de $4.000 por cada 10 años de trabajo (en el ejemplo base) significa que el trabajador no podrá adquirir una vivienda, emprender un negocio al jubilarse o afrontar una emergencia médica. La Sentencia 523 transforma el trabajo productivo en un simple consumo de subsistencia diaria, eliminando la movilidad social.

Evasión de Cargas Parafiscales y Descapitalización del Estado

Al declarar estos montos como «no salariales», se legaliza la evasión de aportes al IVSS (Seguro Social) y al Banavih (Vivienda). Esto genera un efecto multiplicador negativo:

IVSS: Las pensiones actuales y futuras se vuelven miserables al no recibir aportes sobre el ingreso real de la población activa.
Banavih: El fondo de vivienda se queda sin recursos para financiar créditos, ya que el 80% del ingreso nacional no cotiza.
Consumo a Largo Plazo: Al no acumular prestaciones, la demanda agregada de la economía colapsará cuando la generación actual llegue a la edad de retiro sin ahorros.

Conclusión Técnico-Económica y Vínculo Jurídico

Ciudadanos Magistrados, los cuadros 1, 2 y 3 no son simples estadísticas; son la prueba científica de una expropiación indirecta del patrimonio del trabajador. Como Doctor en Economía, sostengo que la Sentencia 523 valida un modelo donde la “antigüedad” de un trabajador venezolano no vale más que el precio de un almuerzo tras una década de labor.

Desde la ciencia económica, esto se define como una asimetría de información y poder, donde el Estado y el patrono utilizan la ‘etiqueta’ del pago (Bono) para eludir la “sustancia” del pago (Remuneración), destruyendo el multiplicador del consumo y condenando al trabajador a una vejez en indigencia, dado que su ahorro forzoso (prestaciones) ha sido matemáticamente anulado por una interpretación jurídica que ignora la realidad inflacionaria.

CUADRO 1: Evolución del Ingreso y Fenómeno de «Desalarización» (2022-2026)

Este cuadro demuestra cómo el «Salario» (base de cálculo de prestaciones) se ha congelado mientras el «Ingreso» se mueve vía bonos, vaciando de contenido el artículo 104 de la LOTTT.

Nota Metodológica: Las tasas de cambio corresponden al promedio mensual publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota Técnica: Se observa una transferencia de la carga prestacional del patrono al trabajador. Al cierre de 2025, el 99% del ingreso percibido es ignorado para el cálculo de antigüedad y prestaciones sociales por efecto de la doctrina de la Sentencia 523.

CUADRO 2: Brecha de Supervivencia (Ingreso Integral vs. Canastas Básicas)

Este cuadro sustenta el argumento de la «Erosión del Salario Real» y la imposibilidad de ahorro.

CUADRO 3: Simulación del Daño Patrimonial (Impacto en Prestaciones)

Este es el «corazón» del recurso. Compara lo que recibiría un trabajador con 10 años de servicio si se aplicara la ley (Salario Integral) vs. lo que recibe bajo la Sentencia 523.

En virtud del análisis econométrico y comparativo expuesto en los cuadros precedentes, se evidencia que la Sentencia N° 523 no es solo un error de interpretación legal, sino un catalizador de la descapitalización masiva de la clase trabajadora. Al validar la exclusión de los bonos del cálculo prestacional, la Sala de Casación Social crea una “ficción jurídica” que colisiona frontalmente con la “realidad económica” de un país con inflación persistente, y con el Principio Constitucional de Primacía de la Realidad sobre las formas, el cual obliga a este Tribunal a dar prevalencia a los hechos demostrados matemáticamente sobre las etiquetas nominales de “bonos” usadas por el patrono.

La brecha del 99,3% entre el salario integral y el salario nominal (base de cálculo) demostrada en el Cuadro 3, constituye una confiscación indirecta del patrimonio del trabajador, prohibida por el artículo 115 de la Constitución. No puede haber justicia social allí donde la técnica jurídica se utiliza para legalizar el hambre y la indigencia del jubilado. Por tanto, la intervención de esta Sala Constitucional es imperativa no solo para restaurar la legalidad del artículo 104 de la LOTTT, sino para evitar que el trabajo deje de ser el hecho social que dignifica al hombre y se convierta en una forma de explotación legitimada por el Estado.

Correo: agiussepe@poli-data.com

Ene

2026

Del Pragmatismo a la Prosperidad: El «Método Chevron» y la Nueva Arquitectura Petrolera de Venezuela (Propuesta para la LOH)

Por: Andrés Giussepe (Poli-data.com)

Venezuela se encuentra en un punto de inflexión histórica. La reciente alocución de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional para la Memoria y Cuenta 2025, no solo presentó cifras de recuperación alentadoras, sino que trazó la hoja de ruta para una reforma estructural de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de 2001.

Desde Poli-data.com, hemos analizado profundamente esta propuesta. Nuestra postura es clara: Apoyamos la lógica de eficiencia económica planteada por el Ejecutivo, entendiendo que la soberanía moderna se ejerce con producción, tecnología y cuentas claras.

La Lógica del éxito: ¿Por qué el Método Chevron es el camino correcto?

Es un hecho concreto que la producción petrolera ha ido en ascenso en los últimos meses. Es irrebatible: la curva ascendente hacia los 1,2 MMBD coincide exactamente con la implementación del modelo de gestión compartida. El apoyo de Poli-data.com a esta gestión se fundamenta en tres realidades financieras:

Optimización del capital estatal: En un escenario de asfixia financiera, el Estado venezolano ha logrado reactivar pozos sin desembolsar recursos que hoy son vitales para la salud, la educación y los salarios. El socio privado asume el riesgo y el costo operativo de alrededor del 20% (aprox. $15 por barril a un precio de mercado estimado en $70), liberando al flujo de caja nacional de una carga pesada.
Saneamiento del balance nacional: El uso de una fracción del crudo para amortizar deudas acumuladas no es una pérdida, es una inversión en la reputación crediticia del país. Un país que paga es un país que atrae capital y disminuye el riesgo país tan necesario para atraer nuevas inversiones de otros sectores no petroleros.
Seguridad de mercado: Este modelo garantiza una ruta legal y directa hacia los mercados de mayor valor, eliminando los descuentos forzados por el asedio económico.

Alerta Soberana: El Riesgo de la «Caja Negra»

A pesar de nuestro apoyo a la visión macroeconómica, como analistas de datos debemos encender una luz de alerta. El «Método Chevron» traslada la operación al socio privado, lo que genera una asimetría de información.

El riesgo no está en que el privado gane dinero, sino en que el Estado pierda la capacidad de auditar cuánto cuesta realmente producir un barril. Si los costos operativos se inflan sin supervisión, la renta nacional se erosiona silenciosamente. La soberanía del siglo XXI no reside en sostener el taladro, sino en controlar la calculadora.

Nuestra Recomendación: La Cláusula de Salvaguarda

Para que esta reforma de Ley sea un verdadero legado de soberanía pragmática, desde Poli-data.com proponemos la inclusión de un mecanismo técnico de control riguroso:

La Comisión Auditora de Costos Justos (CACJ)

Proponemos que la nueva LOH contemple la creación de una comisión multidisciplinaria (Ministerio de Petróleo, BCV, Contraloría y Universidades) con las siguientes facultades:

Indexación de costos:Establecer tablas de precios de mercado internacional para evitar la sobrefacturación de insumos e inflado de costos operativos discrecionales por las petroleras. Bastante historia hay sobre esas malas prácticas en los tiempos de las concesiones petroleras.
Certificación de deducciones:Que solo los costos validados y auditados por esta Comisión sean deducibles de la utilidad bruta.
Fin de la Ley Antibloqueo: Si se supone que la modificación de la LOH-2026 contemplará el Método Chevron y negociaciones Ganar-Ganar con el gobierno de Estados Unidos, no tiene razón de ser que se mantenga activa la Ley Orgánica Antibloqueo, porque se entiende que esas negociaciones implican el levantamiento de las sanciones petroleras.
Transparencia activa:Publicación trimestral de manera pública de los niveles de eficiencia de cada empresa mixta.

Propuesta de Artículo para la Reforma de la LOH

La cláusula de salvaguarda que permitiría que el «Método Chevron» pase de ser un acuerdo de emergencia a una política de Estado sostenible y soberana.

Para finalizar nuestro análisis, he redactado cómo se vería este aporte estructurado como una propuesta de reforma legal. Esto resume toda nuestra conversación en un instrumento de control concreto.

Artículo X: De la Comisión Auditora de Costos e Inversiones (CACI)

«Se crea la Comisión Auditora de Costos e Inversiones (CACI) como órgano colegiado de carácter técnico, adscrito al Ministerio con competencia en materia de petróleo. Su función principal será la certificación, validación y ajuste de los costos operativos (OPEX) y de capital (CAPEX) declarados por los operadores en las Empresas Mixtas y bajo Contratos de Participación Productiva.»

Atribuciones Clave:

Indexación Técnica: Establecer una tabla de costos referenciales para insumos y servicios petroleros, indexada a mercados internacionales, para evitar la sobrefacturación.
Autorización Previa: Cualquier variación superior al 10% en el presupuesto de inversión aprobado deberá ser justificada técnicamente y autorizada por esta Comisión.
Composición Multidisciplinaria: Estará integrada por representantes del Ministerio de Petróleo, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de Venezuela, la Contraloría General y expertos independientes de las Facultades de Ingeniería y Economía de las Universidades Nacionales.
Vinculación Fiscal: Solo los costos validados por la CACI serán deducibles para la determinación de la utilidad neta distribuible al Estado.

Análisis de Impacto de la Propuesta

Beneficio Técnico	Resultado para la Nación
Protección de la Renta	Asegura que los costos no se pierda en gastos ficticios.
Transferencia de Conocimiento	Al auditar a Chevron, los funcionarios venezolanos aprenden los costos reales de la tecnología de punta.
Transparencia Activa	Reduce la discrecionalidad de los funcionarios de turno, basando la aprobación en estudios de mercado.
Seguridad al Inversor	Aunque parece un control duro, al inversor serio le conviene porque establece reglas de juego claras y evita acusaciones futuras de corrupción.

Esta propuesta técnica, en esencia, la cláusula de salvaguarda permitiría que el «Método Chevron» pase de ser un acuerdo de emergencia a una política de Estado sostenible y soberana.

Reflexión de cierre

Este análisis ha demostrado que la Soberanía en el 2026 no se trata de quién sostiene el martillo, sino de quién tiene el cronómetro y la calculadora.

Al proponer la Comisión Auditora de Costos e Inversiones (CACI), se transforma el «Modelo Chevron» de una concesión pasiva en una Asociación Estratégica Vigilada. Financieramente, el país gana por el aumento de producción; jurídicamente, el país gana porque recupera el control sobre su principal activo; y socialmente, el país gana porque garantiza que la mayor cantidad de dólares posible llegue a la inversión pública.

Correo: agiussepe@gmail.com

Ene

2026

Fondos Soberanos y el fin de la transferencia irreversible: La propuesta que hoy asume el Ejecutivo nacional

Por: Dr. Andrés Giussepe

18 de enero 2026

El pasado 15 de enero de 2026, ante la Asamblea Nacional, la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez marcó un hito en la historia económica contemporánea de Venezuela. Al anunciar la creación de dos Fondos Soberanos sustentados en el mecanismo de “créditos productivos retornables”, el Gobierno Bolivariano no solo celebra el éxito de haber alcanzado una producción de 1.200.000 barriles diarios, sino que da un paso valiente hacia el desmantelamiento definitivo del modelo rentista.

Como académico y economista, recibo con profunda satisfacción este giro estratégico. Quienes hemos dedicado años al estudio de la estructura rentista venezolana, sabemos que el cáncer de nuestra economía no ha sido el petróleo en sí, sino lo que he denominado en mis tesis y ensayos como el “Principio de transferencia irreversible de divisas sin contrapartida productiva”.

El fin de la “divisa regalada”

Desde 1939, el Estado venezolano operó bajo una lógica suicida: captar la renta petrolera y transferirla a agentes privados y externos de forma irreversible. Se entregaban divisas para importaciones o auxilio financiero sin exigir nada a cambio; ni niveles de producción, ni creación de empleo, ni retorno del capital. El resultado fue histórico: fuga de capitales, desindustrialización y una vulnerabilidad extrema ante choques externos.

Mi propuesta, sintetizada en el ensayo “El Principio de Transferencia Irreversible de Divisas y FONADIR” (presentado formalmente en octubre de 2025), plantea que la única forma de salvar la economía es rompiendo esa irreversibilidad. La divisa debe dejar de ser un “subsidio” para convertirse en Capital Financiero Perpetuo.

FONADIR: El modelo que hoy se hace realidad

La creación de estos nuevos Fondos Soberanos anunciados por la Vicepresidenta coincide milimétricamente con el espíritu del Fondo Nacional de Asignación de Divisas Retornables (FONADIR) que he venido proponiendo.

¿Qué significa que el crédito sea “retornable”? Significa que el Estado ya no “regala” la renta. Ahora, cada dólar invertido en el sector industrial, agroalimentario o de infraestructura debe retornar al fondo para ser reinvertido. Es el modelo de éxito de países como Noruega o México, adaptado a nuestra realidad soberana.

Al decir la Vicepresidenta que los recursos de la renta petrolera no irán a la “bicicleta financiera” ni a la especulación, sino a la producción real, está validando la tesis de que el Estado debe demandar una contrapartida productiva. Es la transición de una economía de puertos a una economía de valor agregado.

Un triunfo del pensamiento económico nacional

Es un acto de justicia intelectual reconocer que el Gobierno Revolucionario ha escuchado y asimilado las críticas constructivas emanadas desde la academia comprometida. La implementación de estos fondos no es un hecho aislado; es la aplicación de una teoría científica que busca blindar al país contra el rentismo.

Venezuela entra en 2026 con un crecimiento proyectado tras un sólido 8,5% en 2025. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente trascendental es el cambio de reglas de juego. El FONADIR, bajo el nombre que el Ejecutivo decida darle, ya está en marcha. El compromiso ahora es velar porque estos créditos retornables se asignen con transparencia y eficiencia, garantizando que la riqueza del subsuelo se transforme, de una vez por todas, en bienestar tangible y soberanía industrial.

La ciencia económica al servicio del pueblo ha hablado. El tiempo de la transferencia irreversible ha terminado; comienza la era del capital productivo para todos los venezolanos.

Dic

2025

Resultados Matriz de Cálculo del Índice IDJ+BM para 73 países (AÑO 2021-2024) (*)

Por Andrés Giussepe (Poli-data.com)

(ORCID: 0009-0009-4377-8027)

(*) Expansión de investigación de Andrés Giussepe (2024) titulada “Distribución de los ingresos y beneficios desde una perspectiva sistémica-compleja”. Tesis Doctoral presentada ante la Faces, Ceap, UCV, como requisito para optar al título académico de Doctor en Economía. Caracas.

Metodología: Muestra de 73 países (sin micro-Estados). Normalización Min-Max con Tope (Cap) de 3.0 en Robustez Soberana para corregir distorsiones por reservas excesivas (outliers).

A continuación, se presenta los resultados del cálculo del Índice IDJ+BM de los años 2021 y 2024, aplicados a 73 países ordenados por Ranking Global, y con la columna final «Clasificación» que combina el Grupo Estructural (PADI/PMDI/PBDI/PPDI) con el Nivel de Puntaje Final (Muy Alto/Alto/Medio/Bajo).

Muestra: 73 países (sin Liechtenstein).
Método: Normalización Min-Max para todas las variables.
Ajuste de Outliers (Capping): Se aplicó el tope de 3.0 al Índice de Robustez Soberana (RS).
Pesos: 60% IDJI + 40% IBM.

Hallazgos Clave 2021 vs 2024:

Estados Unidos en el año 2021 aparece como PMDI (48,9% RE), y en el 2024 alcanza a ser PADI (RE>50%) con un porcentaje del 51,7%, confirmando que su transición es un fenómeno reciente (post-2022).
Rusia tiene una Robustez Soberana menor (1,30) que en 2024 (1,62) porque aún tenía mucha deuda corporativa externa antes del desapalancamiento forzoso.
Argentina tiene «mejor» clasificación (PMDI) porque la inflación era del 50% (no 140%) y los salarios en dólares no habían caído tanto.

Estados Unidos aparece aquí como PMDI (48.4%),
China ya era PADI en 2021 (52,4%), mostrando una estructura distributiva robusta incluso antes de la crisis inmobiliaria reciente. En el 2024 alcanza a ser el tercer país PADI (RE>50%) con un porcentaje del 53,8.
Irlanda muestra su paradoja: PPDI (mala distribución) pero Nivel Muy Alto en puntaje final gracias a su altísimo PIB p.c. y salud.

Suiza consolida su liderazgo mundial en el índice IDJ+IBM con un puntaje de 0,807, gracias a que el ajuste en la Robustez ya no la castiga injustamente frente a países petroleros.
Alemania y Estados Unidos (G-8) muestran un desempeño sólido en el Top 5, validando la sensibilidad del modelo a estructuras de altos ingresos y bienestar.
Venezuela mejora ligeramente su posición relativa frente a Sudán y Etiopía en el fondo de la tabla, debido a que su inflación en 2024 (estimada en ~85-100%) es menos destructiva para el índice que la hiperinflación de 2021 (686%), aunque sigue en la zona crítica (Puesto 69).

NOTA METODOLÓGICA:

Clasificación Distribución de Ingresos:

Alta distribución de ingresos (PADI): RE ≥ 50% PIB

Mediana distribución de ingresos (PMDI): 42% ≤ RE < 50% PIB

Baja distribución de ingresos (BMDI): 34% < RE < 42% PIB

Pobre distribución de ingresos (PPDI): RE ≤ 34% PIB

Escala de Valoración Unificada para los Índices IDJI, IBM e IDJ+BM (Scores):

Anexo 1: Matriz de Cálculo del Índice IDJ+BM (Año 2021)

Anexo 2: Matriz de Cálculo del Índice IDJ+BM (Año 2024)

Fuentes:

(1) RE%PIB: Banco Mundial, FMI, Eurostat, OCDE, ONU (UNSTAST), Expansión.com. Venezuela datos del FMI y CEPAL. Colombia DANE. Cálculos propios

(2) Salario Mínimo Interprofesional: Banco Mundial, FMI y Naciones Unidas (UNSD) caso como Cuba, BCV caso Venezuela.

(3) PIB per cápita: Eurostat para la región europea, ILOSTAT (OIT) para África y Asia, y las Gacetas Oficiales o Ministerios del Trabajo nacionales para América Latina y las potencias del BRICS. FMI, (Venezuela, Cuba).

(4) Inflación: FMI, Eurostat, BCV.

(5) Desempleo: FMI (WEO Database Oct-2024); Banco Mundial (Open Data); OIT (ILOSTAT); Eurostat; OCDE; y Bancos Centrales/Institutos Nacionales de Estadística oficiales.

MOHRSS (China), Rosstat (Rusia), DOU (Brasil), Ministerio de Trabajo y Empleo (Gov. of India), Departamento de Empleo y Trabajo (Sudáfrica), Consejo Supremo del Trabajo (Irán), NCW (Egipto), MHRSD (Arabia Saudita), MoHRE (EAU), Labour Proclamation No. 1156/2019 (Etiopía)

(6) Robustez (RI/Deuda total): Banco Mundial / FMI IFS, Banco Mundial IDS.

(7) Gasto Corriente en Salud (%PIB): Banco Mundial (Indicador SH.XPD.CHEX.GD.ZS), OMS (Global Health Expenditure Database) y proyecciones fiscales nacionales ajustadas por PIB nominal para 2024.

(8) IDH: PNUD (Informe de Desarrollo Humano) y Proyecciones ODIJ (2024) aplicando «Nowcasting de Componentes Agregados».

(9) Huella ecológica: Global Footprint Network (National Footprint Accounts) y Proyecciones ODIJ (2024) mediante «Modelado de Intensidad de Recursos», con dos variables predictoras (Crecimiento del PIB Real (FMI 2024) y Intensidad de Carbono de la Energía (IEA 2023). (Nota: El promedio mundial sostenible es ~1,6 gha/p. El promedio real mundial es ~2,7 gha/p).

(10) Gobernanza Digital (EGDI): United Nations E-Government Survey (UNDESA) y Proyecciones ODIJ.

Nota metodológica: Se excluyó a Liechtenstein de la muestra final debido a su condición de micro-Estado y valores atípicos extremos (outliers) en PIB per cápita y estructura salarial, los cuales generaban distorsiones de escala en la normalización que dificultaban la comparación entre economías de tamaño estándar.

Oct

2025

La Paradoja del Crecimiento sin Inclusión: Lecciones de la Desigualdad en Argentina y Venezuela

Por Andrés Giussepe (*)

El Contraste de Paradigmas: Crecimiento sin Distribución vs. Planificación Inclusiva

El debate sobre cómo generar prosperidad se reduce a dos preguntas fundamentales: ¿Crecemos primero y luego distribuimos, o la distribución es el motor intrínseco del crecimiento?

La primera opción se alinea con la visión del «Especialista en Crecimiento con y sin Dinero», referido a Javier Milei, actual presidente Argentino, que es un enfoque que prioriza la estabilidad monetaria o la acumulación de capital bajo la premisa de que la riqueza eventualmente «se derramará.» Esta visión ignora la planificación activa de la justicia social. El ejemplo más elocuente se dio al ser confrontado el presidente Javier Milei con la crisis social en Argentina: «¿Cómo le pongo plata a la gente?», denotando una ausencia de estrategia directa para el bienestar del trabajador.

Mi investigación doctoral sobre los Países con Alta Distribución del Ingreso (PADI) refuta esta pasividad. El modelo PADI establece que la distribución equitativa del ingreso es, de hecho, una estrategia probada para el crecimiento sostenible e inclusivo. La clave es simple: el Capital Humano es el principal motor.

Argentina y Venezuela: El fracaso del crecimiento regresivo

El desempeño económico en Argentina (bajo la nueva administración) y Venezuela exhibe la misma patología, a pesar de sus ideologías políticas opuestas (liberalismo estricto vs. estatismo no inclusivo): crecimiento económico con desigualdad. Este es el resultado inevitable de un modelo que no prioriza la Remuneración de Empleados (RE) en el PIB.

El caso extremo de Venezuela (PPDI)

Venezuela, con un 25,6% de RE sobre el PIB en 2023, se clasifica como un País con Peor Distribución de Ingresos (PPDI).

Este bajísimo porcentaje confirma que cualquier «crecimiento» reportado es regresivo.
El país registra un Índice de Distribución Justa de los Ingresos (IDJI) de 0,112 (Bajo), una métrica que integra la equidad salarial y la fragilidad social.
La consecuencia es un profundo deterioro del capital humano: los PPDI promediaron un índice Gini de 0,51, una cifra que evidencia la inestabilidad inherente de este modelo de acumulación.

La Crisis de la Distribución en Argentina

El enfoque económico actual en Argentina, que se manifiesta en el cierre de 26 empresas por día y el 80% de la gente sin llegar a fin de mes, apunta a una caída dramática del %RE/PIB y la demanda interna.

La crítica PADI: Cuando un economista se pregunta cómo «poner plata a la gente», revela que no está planificando un crecimiento con inclusión. El crecimiento debe ser diseñado para que el PIB aumente con incrementos proporcionales en salarios y productividad (+%RE/PIB).
El vínculo directo: La negación de una política salarial progresiva convierte al trabajador en una variable de ajuste, reduciendo su capacidad de consumo y, por ende, sofocando la demanda interna. Se genera crecimiento de bolsillo para pocos, a costa de la contracción económica para la mayoría.

La solución PADI: La planificación del 50%

Los PADI (ej. Suiza, Alemania, China) han demostrado que una distribución equitativa (RE >50% del PIB) fomenta la cohesión social, reduce la pobreza y estabiliza la economía.

La ruta para revertir la desigualdad en Venezuela y Argentina exige la adopción de los Seis Patrones Económicos para la Redistribución Equitativa, especialmente:

Modelo microeconómico Fifty-Fifty: Distribuir equitativamente el 50% de los beneficios netos entre empleados y empresarios.
Reforma fiscal progresiva: Aumentar la recaudación destinada a financiar salud, educación y protección social.
Índice de Distribución Justa (IDJI): Utilizar esta métrica para monitorear el progreso, en lugar de depender únicamente de un PIB estadístico que esconde la miseria social.

El dilema en Argentina y Venezuela no es entre capitalismo y socialismo, sino entre un crecimiento ciego que profundiza la desigualdad (un modelo PPDI) y un crecimiento inteligente que se apalanca en la justicia social (el modelo PADI). El crecimiento es insostenible si no se traduce en el bienestar del capital humano. La aplicación del modelo PADI podría reducir la pobreza del 34% al 8% en países adoptantes, demostrando que la equidad no es un gasto, sino la inversión más rentable para una economía estable y próspera.

(*) Economista, PhD en Economía – UCV

Ago

2025

La Verdadera Causa de la Devaluación en Venezuela: Más Allá del Debate Superficial

Por Andrés Giussepe (*)

En las redes sociales, el debate sobre la devaluación del bolívar se ha simplificado hasta el absurdo. Por un lado, encontré a un influencer chavista-madurista argumentando que si el dólar sube no hay problema porque los salarios se indexan. Por otro lado, un opositor, con la misma falta de profundidad, se centra en la pérdida instantánea de valor de los bolívares en la cartera de la gente. Ambos, sin embargo, fallan en entender la causa raíz del problema.

Como economista con una perspectiva postkeynesiana, quiero ir más allá de esta confrontación estéril y explicar por qué la devaluación es un proceso perverso y quién es realmente responsable de él.

La Falacia de la Indexación: Una Ilusión de Estabilidad

La indexación de salarios, como la del ingreso mínimo vital de $160, crea una ilusión peligrosa en tiempos de devaluación diaria, que es continua, que no se detiene por nada. Pretende convencer a la gente de que su ingreso está protegido, pero en realidad, es una medida reactiva, no preventiva. Incluso, los ajustes salariales no son instantáneos; ocurren después de que el bolívar ya se ha devaluado.

Aquí es donde entra en juego el Efecto Retraso (Lag), que significa que en el lapso entre la subida del tipo de cambio y el reajuste del ingreso, el poder adquisitivo de los bolívares que las personas tienen en sus manos se desvanece. Los precios de bienes y servicios ya se han fijado al nuevo «dólar del día», haciendo que las familias sean progresivamente más pobres. Valga decir, viven entrando y saliendo de la pobreza cada cierto tiempo.

Además, en el caso venezolano, la indexación lejos de ser una medida correctiva del poder adquisitivo de la población y de los ingresos del Estado a través del ajuste del valor de los servicios públicos, legitima la devaluación. En lugar de resolver el problema de fondo, el Estado y las empresas participan en un ciclo vicioso de devaluación que pulveriza el ingreso de la población en bolívares, generando la inflación perversa que siempre tenemos.

Y seamos claros: la indexación no llega a todos por igual. Mientras el salario mínimo legal y las bonificaciones se anclan al dólar, el resto de los ingresos de la gente, como aguinaldos y prestaciones, no se ajustan al mismo ritmo. Esto crea una asimetría perversa donde los precios suben sin descanso, mientras que el ingreso fijo se devalúa constantemente.

La Verdadera Causa: La Política Cambiaria del Estado

Para entender lo que realmente está pasando, debemos mirar quién controla las divisas en Venezuela. Como economista, te digo que más del 95% de los dólares que entran al país provienen del Estado, principalmente de la renta petrolera. El sector privado apenas genera un 2%. Esto convierte al Estado en el principal, casi único, proveedor de divisas.

El problema radica en lo que el Estado hace con esos dólares. En lugar de usarlos para estabilizar la economía de forma estructural, los vende directamente al mercado a través del Banco Central de Venezuela (BCV). El BCV se convierte en el actor central de un mercado cambiario especulativo. Sus intervenciones, lejos de resolver la inestabilidad, convalidan una nueva tasa de cambio más alta cada vez que la inflación se acelera. En esencia, el BCV «baja la santamaría» y vende dólares para contener el tipo de cambio, pero esto es un parche, no una solución de fondo. El BCV es el que está facilitando esa devaluación con cada venta de dólares.

Una Solución Postkeynesiana: Fondo de Estabilidad y Préstamos

La solución no es intentar controlar el precio del dólar, sino cambiar la forma en que se administran las divisas.

Mi propuesta es que el Estado deje de vender sus dólares petroleros y canalice esos recursos hacia un Fondo de Inversión Soberano o de Estabilidad Macroeconómica. La idea es que estos dólares no se usen para alimentar la especulación cambiaria, sino para generar riqueza a largo plazo y servir como reserva.

En lugar de vender las divisas, el Estado debería canalizarlas a través de un mecanismo de préstamos retornables. Los empresarios que necesiten importar bienes de capital, insumos o materias primas accederían a estos dólares en calidad de préstamos a tasas de interés bajas. Este modelo tiene varias ventajas:

Incentiva la productividad: Las divisas se usarían para generar valor agregado en la economía real, no para importaciones suntuarias o especulación.
Fomenta la responsabilidad: Al tener que devolver el préstamo, el sector privado tendría un incentivo para usar el capital de manera eficiente.
Protege las reservas: Los dólares del fondo se regenerarían con la devolución de los préstamos, creando un ciclo virtuoso de inversión.
Aísla al Estado de la especulación: El Estado dejaría de ser el principal «vendedor» de dólares, saliendo de la dinámica perversa del mercado cambiario.

La devaluación en Venezuela no es un problema de ignorancia, ni de indexación. Es una consecuencia directa de una política económica insostenible, donde el Estado, como único generador de divisas, inyecta dólares en un mercado que los pulveriza, alimentando un ciclo de inflación y devaluación que empobrece a toda la sociedad.

La verdadera «cátedra» es que la solución no está en ajustar salarios reactivamente, sino en construir una economía productiva donde los dólares sean un medio para la inversión y el crecimiento, no una mercancía para la especulación.

(*) Economista, con Doctorado en Economía (2024) y en Gerencia (2012) y post doctorado en Gerencia (2018), Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional de la UCV (2009), y Magister en Gerencia Pública para Directivos Iberoamericanos UNED-España (2004).

Correo: agiussepe@gmail.com

Ago

2025

Un Enfoque Estratégico para la Emergencia Económica: Las Recomendaciones de Carlos Matus (+) y Andrés Giussepe al Gabinete Económico

Por Andrés Giussepe (Poli-data.com)

El reciente Decreto N° 5.157, que declara el estado de emergencia económica en Venezuela, se presenta como una respuesta a una «ofensiva económica» y «medidas coercitivas unilaterales» que han mermado los ingresos del país y afectado la capacidad para adquirir bienes y servicios. Este decreto confiere al Ejecutivo Nacional la potestad de tomar medidas excepcionales y transitorias, como la concentración de recursos en el Tesoro Nacional y la autorización de endeudamiento no previsto en la Ley Especial de Endeudamiento.

Desde la perspectiva de la Planificación Estratégica Situacional (PES) de Carlos Matus, este decreto es un movimiento en el complejo «juego social» de la nación. Matus, un estratega cuyo pensamiento ha influido en la planificación pública en América Latina, no vería las medidas económicas como meros actos de control, sino como acciones destinadas a asegurar la viabilidad del proyecto de gobierno frente a actores adversos. En este contexto, un asesor como Matus no se limitaría a la crítica, sino que ofrecería una guía estratégica para maximizar la eficacia de estas medidas a favor del pueblo trabajador.

A continuación, se presenta un análisis e interpretación de Andrés Giussepe de lo que serían las recomendaciones que Carlos Matus podría haber ofrecido al gabinete económico de Nicolás Maduro para mejorar la distribución de ingresos a favor de los trabajadores, pensionados y jubilados, utilizando el marco del decreto.

1. Distribución de Ingresos como Inversión Estratégica

Matus vería la distribución de ingresos no solo como un objetivo social, sino como una herramienta estratégica para la reactivación económica. El decreto autoriza al Presidente a tomar medidas para «garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos». Bajo esta lógica, se podría considerar que un aumento estratégico en el porcentaje del PIB que reciben los trabajadores y jubilados es una inversión para reactivar el aparato productivo.

* Recomendación: Utilizar las «erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el Presupuesto Anual» para un plan de indexación salarial y de pensiones que garantice que los ingresos se mantengan por encima de la inflación, aumentando así el poder adquisitivo de la población. Esto no solo mejoraría el bienestar social, sino que también impulsaría la demanda interna, un motor clave para la producción y el empleo.

2. La Producción Nacional al Servicio del Consumidor

Seguir leyendo →

Jun

2025

Informe de Análisis de la Canasta Básica Familiar y Alimentaria en Venezuela y recomendaciones: abril 2025

Elaborado por: Consultora Poli-data.com

📝 Introducción

El presente informe de la Consultora Poli-data.com ofrece un análisis integral de los costos y evolución de la Canasta Básica Familiar (CBF) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Venezuela al 30 de abril de 2025. En un contexto de desequilibrio macroeconómico persistente, inflación galopante y acelerada devaluación, el informe pone en evidencia la grave erosión del poder adquisitivo de los hogares venezolanos, afectando especialmente a trabajadores activos, pensionados y jubilados.

El análisis integra una lectura sistémica-compleja del entorno económico nacional, articulando datos cuantitativos con una reflexión crítica sobre el deterioro del bienestar material, el colapso del salario real y las implicaciones sociales del actual modelo económico.

Se incorporan cifras oficiales de precios, tipo de cambio, inflación acumulada y comparaciones con el ajuste del Ingreso Mínimo Integral decretado el 1º de mayo, para evaluar si dicha política compensa la pérdida de poder adquisitivo.

📊 Datos Generales – Abril 2025 (actualizados)

✅ Canasta Básica Familiar (CBF)

Valor total: 68.029,8
Tipo de cambio oficial al 30 de abril: 87,35/USD
Equivalente en dólares: USD 778,8
Aumento mensual: 13.653,9 (+25,1%)
Inflación acumulada enero-abril: +68,3%

✅ Canasta Básica Alimentaria (CBA)

Valor total: 28.206,3
Equivalente en dólares: USD 322,9
Aumento mensual: 5.808,5 (+25,9%)
Porcentaje respecto a la CBF: 41,5%

📌 Observación clave: El peso de los rubros no alimentarios en la CBF supera el 58%, lo que indica que la presión económica no sólo compromete la alimentación, sino también el acceso a bienes y servicios esenciales como salud, transporte, vivienda, educación y productos de higiene.

📈 Inflación y Devaluación

📉 Inflación

Acumulada enero-abril 2025: 68,3%
Inflación alimentaria marzo:
- En bolívares: +19,5%
- En dólares: +10,46%
Interanual abril 2024 – abril 2025: 105,5%

💱 Tipo de cambio oficial

31 de marzo: 69,60/USD
30 de abril: 87,35/USD
Devaluación abril: +25,5% mensual
Devaluación acumulada desde enero (Bs. 45,90/USD): +90,28%

📌 La pérdida de valor del bolívar continúa trasladándose a los precios internos, que se expresan cada vez más en dólares, incluso en bienes producidos localmente. La economía se desliza hacia una dolarización informal sin gobernanza, generando descontrol en los precios.

📉 Impacto en el Poder Adquisitivo

💰 Esquema salarial al 30 de abril:

Salario mínimo legal (Bs. 130): USD 1,49
Ingreso Mínimo Vital (bono no salarial): USD 130
Total salario integral: USD 131,49

📈 Ajuste anunciado para el 1º de mayo de 2025:

Nuevo Ingreso Mínimo Integral (IMI): USD 160
Aumento nominal: +23% respecto al IMI anterior (USD 130)

📊 Comparación frente a canastas:

Concepto	Monto USD	% CBF (USD 778,8)	% CBA (USD 322,9)
Salario mínimo legal	1,49	0,19%	0,46%
Ingreso Mínimo Vital	130,00	16,69%	40,25%
Salario integral abril	131,49	16,88%	40,71%
Nuevo IMI desde mayo	160,00	20,54%	49,55%

🔍 Análisis crítico

📌 A pesar del incremento del IMI a USD 160, este solo permite cubrir menos del 21% de la CBF y apenas el 49,5% de la CBA. Los trabajadores aún necesitarían:

5 salarios IMI para cubrir necesidades básicas integrales.
Más de 2 IMI para cubrir solo alimentos.

📌 En contraste, la inflación acumulada de 68,3% en cuatro meses y la anualizada de 105,5% hacen evidente que el ajuste de 23% al ingreso fue muy inferior a la pérdida del poder adquisitivo, perpetuando el empobrecimiento generalizado.

📌 El ingreso no ha sido formalmente indexado, incumpliendo la promesa del Ejecutivo de establecer un sistema de indexación salarial progresivo desde 2023.

Análisis detallado de la evolución de precios y su impacto en el poder adquisitivo

Costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) por rubros:

El análisis de la CBA para abril de 2025, con un costo total de 322,9 USD (Bs. 28.206,3), revela variaciones importantes por categorías de productos:

Cereales y productos derivados: Este grupo experimentó un aumento del 7,9% en USD y un significativo 35,5% en bolívares. Productos como el pan de trigo (12,9% en USD, 41,7% en Bs.) y las pastas alimenticias (17,9% en USD, 47,9% en Bs.) mostraron los incrementos más pronunciados en bolívares, lo que impacta directamente en la alimentación básica.
Carnes y sus preparados: A pesar de una leve disminución general del -1,5% en USD, este rubro aumentó un 23,6% en bolívares. Esto sugiere que, si bien el costo en dólares se mantuvo relativamente estable, la devaluación impactó considerablemente el precio en moneda local. Destaca el jamón espalda con un aumento del 15,4% en USD y 44,8% en bolívares.
Pescados: Similar a las carnes, los pescados mostraron una disminución del -4,4% en USD, pero un aumento del 20,0% en bolívares. El atún enlatado registró un incremento del 6,7% en USD y 33,9% en bolívares.
Leche, Queso y Huevos: Este grupo crucial para la nutrición básica tuvo un incremento del 2,2% en USD y 28,3% en bolívares. Los huevos de gallina (4,5% en USD, 31,2% en Bs.) y la leche pasteurizada (7,7% en USD, 35,2% en Bs.) fueron los más afectados en bolívares.
Grasas y Aceites: Observó un aumento del 5,9% en USD y 32,9% en bolívares, con el aceite de mezcla vegetal subiendo 10,1% en USD y 38,1% en bolívares.
Frutas y Hortalizas: A pesar de una disminución del -4,5% en USD, este rubro incrementó 19,9% en bolívares. Plátanos maduros (16,7% en USD, 46,4% en Bs.) y guayaba (5,6% en USD, 32,5% en Bs.) mostraron aumentos significativos en bolívares.
Semillas, Oleaginosas y Leguminosas: Aumento del 5,9% en USD y 32,9% en bolívares, con las caraotas negras subiendo 14,3% en USD y 43,4% en bolívares.
Café, Té y Similares: Este rubro experimentó el mayor incremento en USD (11,4%) y en bolívares (39,8%), siendo el café molido el principal impulsor de este aumento.

La constante variación de precios, particularmente en bolívares, evidencia cómo la devaluación progresiva del bolívar frente al dólar contribuye al encarecimiento de bienes y servicios, especialmente aquellos con componentes importados. Este proceso inflacionario está fuertemente alimentado por la devaluación, exacerbada por la escasa oferta nacional y la indexación de precios en divisas.

Análisis del Incremento del Ingreso Mínimo Integral del 01 de mayo de 2025 y Comparación con la Pérdida de Poder Adquisitivo

El informe no proporciona el monto exacto del «Ingreso Mínimo Integral» a partir del 1 de mayo de 2025, ni un valor de inflación anualizada al 30 de abril de 2025 que permita una comparación directa. Sin embargo, con una inflación acumulada de la Canasta Básica Familiar del 68,3% al 30 de abril de 2025, es posible inferir el impacto.

En el contexto actual, Venezuela opera con un esquema dual de remuneración mínima: un Salario Mínimo Legal de Bs. 130 mensuales (equivalente a USD 1,87 al 31 de marzo de 2025) y un «Ingreso Mínimo Vital» de USD 130 mensuales, mayoritariamente transferido en bolívares digitales a través del sistema Patria. La suma de ambos compone el «salario mínimo integral».

Incluso si se considera el Ingreso Mínimo Vital de USD 130, este monto sigue siendo significativamente inferior al costo de la Canasta Básica Alimentaria (322,9 USD en abril de 2025) y mucho más bajo que la Canasta Básica Familiar (752,58 USD en marzo de 2025). Si tomamos como referencia el Ingreso Mínimo Vital de USD 130, este apenas cubriría el 40,26% de la CBA de abril de 2025 (130 USD / 322,9 USD) y un porcentaje aún menor de la CBF. En marzo de 2025, el salario integral (total sumado) cubría solo el 17,52% de la CBF y el 35,11% de la CBA.

Para que el incremento del Ingreso Mínimo Integral del 1 de mayo de 2025 compensara la pérdida de poder adquisitivo acumulada, este aumento debería, como mínimo, superar la inflación acumulada del 68,3% al 30 de abril de 2025. Dado el persistente rezago entre los ajustes salariales y el incremento de los precios, es altamente probable que el aumento no sea suficiente para recuperar el poder de compra perdido, perpetuando así una situación de empobrecimiento colectivo crónico y anulando el derecho al trabajo digno.

Impacto en el Poder Adquisitivo y Análisis Sistémico Complejo

La situación económica en Venezuela se describe como una «paradoja económica perversa», donde la inflación erosiona el ingreso, desincentiva el ahorro y contrae la demanda. El salario en bolívares ha dejado de funcionar como un mecanismo efectivo para la reproducción material de la vida. Esto afecta negativamente el consumo y la producción, reduce la oferta y, en un ciclo de retroalimentación negativa, provoca aún más inflación.

🔍 Análisis Sistémico Complejo

La economía venezolana enfrenta una disociación estructural entre los precios, los ingresos y las funciones institucionales. Esta ruptura se expresa en:

Una descomposición del salario como unidad reproductiva de la vida.
El avance de una dolarización informal desordenada, que socava la política monetaria.
El uso del dólar paralelo como referencia dominante, que impone precios no regulados, exacerbando la especulación.
Un Estado debilitado en su capacidad de regulación, control e intervención de precios esenciales.

La devaluación de la moneda responde a una política fiscal y monetaria que carece de anclaje estructural, generando incertidumbre. La dolarización de facto ha creado una economía dual: el mercado se mueve en dólares, pero el Estado sigue anclado a bolívares, que son cada vez más irrelevantes.

El enfoque asistencialista basado en bonos no resuelve el problema estructural de ingresos. La ausencia de una política pública integral y redistributiva, junto con la inexistencia de un diálogo tripartito (Estado-trabajadores-empresarios), profundiza la crisis. Esta fragilidad institucional y la falta de políticas redistributivas efectivas exacerban la desigualdad y alimentan la desconfianza social y política.

Desde una perspectiva sistémica, este panorama revela una crisis orgánica del modelo económico rentista-extractivista, que se muestra incapaz de generar inclusión productiva o garantizar mínimos de justicia social. Todo este proceso apunta a una crisis de reproducción ampliada del capital humano, donde el empobrecimiento sistemático desmantela la capacidad productiva del país.

🛠️ Recomendaciones Macroeconómicas

1. Indexación mensual del ingreso mínimo

Establecer por ley un Ingreso Mínimo Vital indexado a la CBA y la inflación, revisado mensualmente, como lo establece el Art. 91 de la CRBV.

2. Integración del ingreso vital al salario formal

Reconocer el IMI como parte del salario para que tenga incidencia en vacaciones, aguinaldos, prestaciones y seguridad social.

3. Reforma del sistema de pensiones

Garantizar pensiones mínimas no inferiores al valor de la CBA y su actualización automática.

4. Control del dólar paralelo

Crear un sistema nacional de precios anclado al tipo de cambio oficial, con monitoreo público.
Activar un cuerpo de inteligencia económica y policial contra la especulación digital y redes de dolarización ilegal.

5. Reactivación del consumo nacional

Ajustar la política monetaria para estimular el crédito a la producción local y al consumo popular.
Subvencionar alimentos y bienes esenciales con anclaje directo al tipo de cambio oficial.

6. Fortalecimiento del aparato productivo nacional

Diseñar e implementar incentivos fiscales y subsidios inteligentes dirigidos específicamente a productores de alimentos y bienes esenciales. Estos deben ser temporales, transparentes y condicionados a la eficiencia y el aumento de la oferta.
Crear cadenas logísticas seguras y eficientes con costos regulados para evitar la especulación y asegurar la llegada de productos a precios justos para los consumidores.
Incentivar la producción agroalimentaria local con subsidios inteligentes, fomentando la diversificación económica y reduciendo la dependencia de importaciones.

7. Transparencia, Auditoría Social y Rendición de Cuentas

Establecer la publicación mensual obligatoria de los valores de la Canasta Básica Familiar (CBF) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), garantizando datos accesibles y confiables para la población.
Fortalecer los observatorios ciudadanos de precios, inflación y poder adquisitivo, promoviendo la participación activa de universidades, sociedad civil y expertos independientes.

8. Políticas de control e inteligencia policial y social para disminuir el impacto del Dólar Paralelo

La persistencia y el impacto del dólar paralelo demandan un enfoque integral que trascienda lo meramente policial. Se requiere una estrategia de inteligencia social y policial que identifique y desarticule las redes de especulación y aquellos actores que promueven la distorsión del mercado cambiario.
Es crucial reconstruir la confianza en el bolívar y en los canales oficiales de divisas. Esto implica garantizar un acceso más equitativo y transparente a las divisas a través de los mecanismos formales, desincentivando la búsqueda de divisas en el mercado paralelo.
Fomentar la formalización de la economía para reducir el espacio de operaciones informales que a menudo alimentan el mercado paralelo de divisas y la especulación.
Educar a la población sobre los riesgos y las consecuencias de la dolarización de facto y el uso del dólar paralelo en la vida cotidiana.

📣 Conclusión Final

El reciente ajuste del Ingreso Mínimo Integral no es proporcional al deterioro acumulado del poder adquisitivo. La diferencia entre lo que una familia necesita para sobrevivir y lo que realmente ingresa se ha convertido en una brecha estructural de exclusión social.

El modelo salarial vigente, basado en bonos discrecionales, constituye una violación sistemática de derechos humanos y del principio de justicia distributiva. Para cambiar esta realidad, se requiere una reforma profunda, constitucional y humanista del sistema de remuneraciones, con enfoque productivo y no asistencial.

Recuperar el ingreso real no es solo una demanda económica: es una necesidad ética, política y civilizatoria.

APÉNDICES

May

2025

Informe sobre la Informalidad Laboral en Venezuela y su contexto regional (2024-2025)

Poli-data.com

Introducción

La informalidad laboral es un fenómeno estructural y persistente en muchas economías de América Latina, pero ha adquirido dimensiones particularmente críticas en Venezuela durante la última década. Se entiende por empleo informal aquel que no se ajusta al marco legal y normativo del país, lo que implica, para el trabajador, la ausencia de contratos formales, protección social (seguro de salud, pensiones), estabilidad laboral y otros beneficios asociados al empleo formal. Este informe tiene como objetivo analizar la situación actual de la informalidad laboral en Venezuela, presentar datos recientes, compararlos con el panorama regional y discutir sus principales causas y consecuencias.

Situación actual de la informalidad en Venezuela

Venezuela enfrenta una de las tasas de informalidad laboral más elevadas de América Latina. Diversas fuentes y estimaciones recientes pintan un cuadro preocupante:

Tasas elevadas y persistentes:
- Según estimaciones de la consultora financiera Ecoanalítica (información de principios de 2025), Venezuela se posiciona como el cuarto país de Latinoamérica con mayor tasa de informalidad laboral, alcanzando un 70%, frente a un promedio regional del 50%.
- La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), citada por el economista Armando Pernía en agosto de 2024, indicaba que alrededor del 48% de la población venezolana «trabaja por cuenta propia y ejerce una economía informal». Esta misma fuente señala que la proporción de informalidad laboral en Venezuela es superior al 48%, claramente por encima del promedio latinoamericano.
- Una perspectiva más reciente, según estudio de Poli-data.com (mayo de 2025), sugiere que cerca de más del 60% de la economía venezolana no se está registrando formalmente, abarcando no solo el comercio sino también la producción y manufactura, sectores donde antes era menos común.
- Aunque algunos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban una reversión de la caída de la informalidad a partir de 2014 (41.6%) hasta alcanzar el 45.2% del empleo total en 2018, investigaciones más recientes del IIES UCAB, citadas en noviembre de 2021, llegaron a estimar la informalidad laboral en un alarmante 84.5%.
Características de la Informalidad Venezolana:
- Trabajo por cuenta propia: Una gran proporción de los trabajadores informales lo hacen por cuenta propia, como respuesta a la «escasa oferta laboral y salarios insuficientes» en el sector formal. En 2020, los ocupados por cuenta propia representaban el 45% del total de empleados, un aumento significativo desde el 31% en 2014.
- Precariedad: El trabajo informal se caracteriza por su precariedad, lo que afecta los patrones de consumo y debilita la economía en general. Los trabajadores informales a menudo enfrentan bajos ingresos y ausencia de beneficios laborales.
- Concentración en ciertos sectores: Históricamente, el comercio ha sido un sector con alta informalidad. Sin embargo, más recientemente, se observa un auge en la informalidad incluso en sectores de producción y manufactura. Los sectores clave como construcción, comercio, manufactura y servicios, que en 2015 representaban el 23% de los empleos, se redujeron al 10% en 2021, reflejando una economía menos diversificada y un enfoque en actividades de supervivencia.
- Pobreza: Existe una fuerte correlación entre informalidad y pobreza. En Venezuela, el porcentaje de pobres informales es muy cercano al promedio de la región y significativamente superior al porcentaje de pobres en el sector formal. Los trabajadores informales tienen entre 2 y 5 veces más probabilidades de ser pobres.
Factores impulsores de la informalidad en Venezuela:
- Contracción económica severa: La pérdida del 70% del PIB en la última década es un factor determinante, llevando al aumento de la emigración y al crecimiento de la informalidad como producto de la precarización económica.
- Escasa oferta de empleo formal: La drástica caída de sectores como el industrial (operando por debajo del 40% de su capacidad) y la construcción (por debajo del 8%) ha mermado significativamente la creación de empleos formales.
- Salarios insuficientes en el Sector Formal: Los bajos salarios en el sector formal impulsan a las personas a buscar alternativas en la informalidad para cubrir sus necesidades básicas.
- Marco institucional y regulatorio inadecuado: Dificultades para registrar empresas, obtener permisos de operación, una regulación laboral inalcanzable y una excesiva presión tributaria para las empresas formales incentivan la informalidad. Mucho de lo que opera en Venezuela es «de facto» debido a un entramado legislativo y regulatorio no adecuado al dinamismo económico actual.
- Deterioro de la educación y capacitación: Aunque no es exclusivo de Venezuela, bajos niveles de educación y habilidades pueden limitar el acceso al empleo formal.

Comparación Regional

La informalidad laboral es un desafío extendido en América Latina y el Caribe.

Promedio regional: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que la tasa de informalidad laboral en la región para 2024 se estimaba en un 47.6%, ligeramente menor que el 48% de 2023. Esto significa que casi uno de cada dos personas ocupadas en la región trabaja en condiciones de informalidad.
Posición de Venezuela: Con tasas estimadas entre el 48% (Encovi, más conservadora y posiblemente enfocada en «cuenta propia»), el 70% (Ecoanalítica) e incluso superiores según estudios universitarios, Venezuela se sitúa consistentemente por encima del promedio regional. Esto la coloca entre los países con mayor proporción de empleo informal en Latinoamérica.

Consecuencias de la elevada informalidad en Venezuela

La alta tasa de informalidad tiene múltiples efectos negativos para la economía y la sociedad venezolana:

Para los trabajadores:
- Bajos e inestables ingresos: La mayoría de los trabajadores informales perciben ingresos inferiores a los del sector formal y con mayor volatilidad.
- Ausencia de protección social: Carecen de acceso a seguridad social (salud, pensiones), vacaciones pagadas, licencias por enfermedad, y otros beneficios laborales.
- Condiciones laborales precarias: Mayor exposición a riesgos laborales y menor estabilidad en el empleo.
- Limitado desarrollo profesional: Menor acceso a capacitación y desarrollo de carrera, perpetuando un ciclo de baja productividad.
Para la economía y productividad:
- Baja productividad: Las unidades económicas informales suelen ser de pequeña escala, con bajo acceso a capital, tecnología y mercados, lo que resulta en menor productividad.
- Obstáculo al crecimiento económico: Una economía con alta informalidad tiene dificultades para crecer de manera sostenida y diversificada. Se enfoca en actividades de supervivencia que no generan gran valor agregado.
- Competencia desleal: Las empresas formales enfrentan una competencia desleal por parte de unidades informales que evaden costos regulatorios y tributarios.
Para las finanzas públicas:
- Menor recaudación fiscal: La informalidad reduce la base tributaria (impuesto sobre la renta, contribuciones a la seguridad social), lo que limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales como educación, salud e infraestructura. Esto es particularmente relevante en un contexto donde se reporta un aumento en la recaudación de impuestos en el sector formal, que soporta un mayor peso tributario.
Implicaciones sociales:
- Aumento de la pobreza y desigualdad: La informalidad está estrechamente ligada a mayores niveles de pobreza y desigualdad de ingresos.
- Exclusión social: Dificulta la integración plena de los trabajadores en la sociedad y el acceso a mecanismos de movilidad social.
- Trabajo infantil: En contextos de alta informalidad y pobreza, puede haber un incremento del trabajo infantil, con niños abandonando la escuela para contribuir al ingreso familiar.

Consideraciones finales

Los datos disponibles, tanto de fuentes nacionales (estudios universitarios, encuestas como Encovi) como de análisis basados en comparativas regionales e internacionales, confirman que Venezuela presenta una de las tasas de informalidad laboral más altas de América Latina, superando ampliamente el promedio regional. Las estimaciones más recientes la sitúan entre un 48% y más del 70% de la población ocupada, con algunas investigaciones sugiriendo cifras aún mayores en el pasado reciente.

Esta masiva informalidad es el resultado directo de una crisis económica prolongada y profunda, la contracción del sector formal, la insuficiencia de los salarios, y un marco regulatorio e institucional que no favorece la formalización. Las consecuencias son graves: precarización del empleo, baja productividad, menor recaudación fiscal, aumento de la pobreza y la desigualdad, y un freno al desarrollo sostenible del país.

Abordar este problema requiere un enfoque integral que vaya más allá de medidas paliativas. Es fundamental la creación de un entorno macroeconómico estable, políticas que incentiven la inversión y la creación de empleos formales de calidad, la simplificación de trámites para la formalización de empresas, la revisión del marco regulatorio laboral y tributario, y programas de capacitación y reconversión laboral. Mientras persistan las actuales condiciones económicas y la falta de oportunidades en el sector formal, la informalidad seguirá siendo la estrategia de supervivencia para una gran parte de la población venezolana.