UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

COMISIÓN DE ESTUDIO DE POSTGRADO

DOCTORADO EN ECONOMÍA

RESUMEN

GIUSSEPE, ANDRÉS (Noviembre, 2024). “Distribución de los ingresos y beneficios desde una perspectiva sistémica-compleja”. Tesis Doctoral presentada ante la Faces, Ceap, UCV, como requisito para optar al título académico de Doctor en Economía. Caracas.

Tutor: Dr. Luís Mata Mollejas

Esta investigación, desde una perspectiva sistémica y compleja, analiza cómo la producción y distribución de ingresos entre trabajadores, empresarios, el Estado y financistas influyen en la desigualdad global a inicios del siglo XXI. Utilizando datos de 48 países (ricos y pobres) y 89 indicadores económicos, sociales y financieros entre 2008 y 2022, en un contexto de predominio del capitalismo financiero, se alcanzó el objetivo de diseñar un modelo de distribución de los ingresos y beneficios que arroja el proceso productivo, entre los diversos factores/actores que a ella contribuyen, que minimice las tensiones socioeconómicas y políticas (riesgos) en el contexto del sistema capitalista actual. El estudio, basado en la escuela postkeynesiana, emplea un enfoque sistémico e interpretativo y combina análisis cualitativos y cuantitativos, utilizando técnicas como análisis de contenido, estadísticas descriptivas, correlaciones y proyecciones. Se identifican diez países con una distribución del PIB favorable a los empleados como %PIB (PADI) y diez con baja distribución (PPDI), los cuales sirvieron como base para proponer estrategias de distribución inclusiva.

El principal resultado fue la aproximación al modelo teórico de la Economía de Actores y Distribución de Ingresos y Beneficios, basada en el modelo distributivo que mostraron los países PADI (Países con Alta Distribución de Ingresos a favor de la Remuneración de Empleados (>50%PIB)). Ese modelo consta de seis patrones de crecimiento económico con inclusión social y laboral: (1) Diseño de escenarios futuros para la distribución del PIB, (2) Ciclo de crecimiento económico inclusivo, (3) Condiciones para la redistribución inclusiva, (4) Índice y ranking de distribución justa (IDJI), (5) Lineamientos para crecimiento con inclusión, y (6) modelo microeconómico de distribución. Finalmente, se realizó la conceptualización de los elementos ontológicos y epistemológicos para una Teoría de la Complejidad del Sistema Económico Global; y varios aportes para el futuro: un cambio paradigmático y cultural en el post-capitalismo.

Palabras clave: desigualdad, actores económicos, redistribución, inclusión, economía sistémica, crecimiento, países PADI.

Patrón emergente 4:

Índice y ranking de la distribución justa de los ingresos (IDJI)

A nivel gubernamental, una de las mayores responsabilidades de los planificadores y gestores económicos es hacerle seguimiento a todas las variables e índices macro, meso y microeconómicos y la elaboración de las cuentas nacionales. Sobre todo, a los cambios del valor del PIB, las principales variables que la determinan, el análisis de los pesos y cambios en los volúmenes, cambios en los precios y de otros componentes de un agregado económico.

Asimismo, consideran los indicadores de desigualdad como una guía para medir y observar las diferencias agregadas en la distribución de los ingresos, las riquezas generadas y el nivel de pobreza de los países. El Banco Mundial presenta un conjunto de datos estadísticos e indicadores esenciales para los análisis.

No obstante, en la actualidad existen diversas formas de medir el desarrollo y la desigualdad socioeconómica de los países. Son indicadores-modelos que lo calculan y publican con base en una serie de variables económicas y sociales fundamentales.

Entre los más usados se encuentran el Índice de Crecimiento Económico (Variación % del PIB), Índice de Miseria, el Índice de Desarrollo Humano (PNUD), Índice de Competitividad Global (Foro Económico Mundial), Índice de Liberad Económica (Heritage Foundation), Índice de Calidad de Vida (OMS), Índice de Bienestar Social, Índice de Planeta Feliz (New Economic Foundation), Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit), Índice Global de Felicidad (ONU), Índice De Progreso Social (Social Imperative Progress), Índice de Instituciones Sociales e Igualdad de Género (OECD), Índice Mundial de Innovación (Wippo), Índice de Adelanto Tecnológico (PNUD), Índice de satisfacción con la vida y Índice de Huella Ecológica. También existen indicadores para medir la desigualdad de ingresos coyuntural (según la izquierda política) y la desigualdad económica estructural (según la derecha política), como el coeficiente de Gini, el índice de Atkinson, y las llamadas medidas de entropía generalizada de la desigualdad que se basa en el índice de Theil, el índice de Hoover y la comparación interquintil o la varianza logarítmica.

Como aporte de esta investigación, a continuación se presenta un índice compuesto para medir la desigualdad de ingresos de los países.

Justificación teórica

El término “justo” siempre ha Estado en el imaginario del pensamiento económico desde el medioevo, una sociedad ya dominada por el mercado y los mercaderes. Santos Tomás de Aquino (1222-1274), fue uno de los teólogos de su época con mayor transcendencia en el estudio del hombre y la justicia, que lo asociaba a un problema de moralidad a resolver en el intercambio de bienes entre las personas.

En su obra Summa Theologica dedica una parte al estudio de la justicia en el proceso de formación de los precios de la economía. Consideraba que el camino de la salvación para la mayoría de los hombres era que llevasen una vida libre de pobreza. Una salvación que requería además del soporte espiritual, uno material, mediante el acceso a bienes y servicios que denominaba “bienes externos”. Por tanto, la remuneración de servicios laborales lo considera uno de los actos positivos de justicia, pero que debe venir acompañado de las remuneraciones por trabajo “quasi stipendum laboris”, que es lo que hoy se conoce como excedentes, plusvalía o beneficios del empresariado.

Es por ello, que en esa época, al igual que hoy, el ser humano debía de disponer bienes más allá de los necesarios para la propia supervivencia, un excedente por encima de sus requerimientos de subsistencia. (Worland: 1967). Es lo que Santo Tomás denominó un sistema justo, que asegure justicia en la distribución del ingreso, dejando la salvedad sobre las convenciones sociales determinadas para aquella época, donde los miembros de las clase alta de la sociedad debían percibir una participación mayor de ingresos que una persona de nivel inferior, indistintamente de su función como miembro productivo de la comunidad. El precio justo era un valor que garantizaba mantener la posición social del productor.

En ese sentido, a lo largo de la historia de humanidad, siempre se ha requerido un sistema de producción y distribución de bienes, servicios, excedentes, ingresos y riquezas, que combine y garantice una relaciones de intercambio “justas” entre el sector empresarial privado, del Estado y de los trabajadores. Ante esa dinámica económica relacional, unos pensadores han considerado que el sistema sería eficaz si lo domina el sector privado, y otros, si lo planifica y/o controla el Estado. Lo marxistas ortodoxos consideran que es el proletariado o clase obrera es la llamada a asumir el control y la producción en las empresas de un país.

En la actualidad, tener una remuneración “justa” o que el precio sea “justo” para el alcance del consumidor tiene implicaciones morales y también materiales. Moralmente, las relaciones patrón – trabajador debe tender a ser cooperativas, donde prela la conciencia del reconocimiento del esfuerzo del otro por ser parte del proceso productivo o por su aprovechamiento benéfico para alcanzar los objetivos organizacionales y económicos trazados.

Decía Smith (1759: 171) en su obra Teoría de los Sentimientos Morales, “el hombre que no recompensa a su benefactor cuando puede hacerlo y cuando el bienhechor necesita su ayuda, es indudablemente culpable de la más tenebrosa ingratitud”. De allí que es natural que las personas exijan una justa recompensa o pago “justo” por el esfuerzo dado para el provecho de otros o mancomunado.

Sin embargo, cuando las relaciones económicas se tornan conflictivas, siempre se apela a un ente superior para intentar resolver las desavenencias. En ese caso se cuenta con la figura del Estado administrador de la justicia. Smith (ibíd.: 175), plantea, que “es verdad que a veces un superior puede con aprobación general obligar a quienes están bajo su jurisdicción a comportarse mutuamente en este aspecto con un cierto grado de corrección.” De lo contrario, se corre el riesgo que la sociedad se exponga a situaciones anárquicas, horribles atrocidades, que podrían desatar conflictos mayores, destructivos de la libertad, seguridad y justicia.

Se ha asumido como un principio universal, que el crecimiento económico es una condición necesaria para reducir la pobreza, y viceversa: que una justa equidad en la distribución del ingreso puede propiciar un mayor aumento sostenido de la tasa de crecimiento, con consecuencia inmediata en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

En ese sentido, las Naciones Unidas (2023), reconoce que el aumento de la desigualdad de los ingresos y de la riqueza obedece a diversos factores, entre ellos el estancamiento de los salarios y la menor participación en los ingresos laborales (bonificaciones sin incidencias laborales), la disminución gradual del Estado de bienestar en las economías desarrolladas, la insuficiente protección social en los países en desarrollo, los cambios tributarios, la desregulación de los mercados financieros, los rápidos cambios tecnológicos y la automatización, entre otros.

De hecho, los indicadores pudieran estar señalando que la expansión de la economía a inicios de este siglo XXI ayudó a millones de personas a salir de la pobreza extrema; que Latinoamérica fue la región con los más altos niveles de crecimiento de su historia, pero, según la CEPAL, sigue siendo la región más desigual del mundo.

Ante esa situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales se han propuesto una agenda con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015, con la finalidad de acabar con la pobreza para 2030. Una situación que implica que cada año 50 millones de personas comiencen a tener ingresos por encima de US$1,90 al día. Un indicador de medición sencillo, pero que para lograrlo implica una serie de complejidades económicas y gerenciales.

Siendo fundamental la necesidad de tener indicadores que ayuden a medir los niveles de distribución, que sean confiables, que se puedan sacar conclusiones que sean un fiel reflejo de la realidad, a continuación se presenta el “Índice de Distribución Justa de los Ingresos (IDJI)”, que es un aporte investigativo, que combina un conjunto de variables y razonamiento inductivo, a partir de observaciones empíricas. Es una herramienta para comparar, analizar la realidad distributiva de los países, tomando como base variables claves de las Cuentas Nacionales, que es uno de los sistemas de medición estadística más completo, que se complementa con otros índices compuestos como el Índice de Fragilidad.

El Índice de Distribución Justa de los Ingresos (IDJI) está en función de los siguientes indicadores: Remuneración de Empleados (REi) como % del PIB, el Salario Mínimo Interprofesional (SMIi), el PIB pér cápita (YNPCi), la inflación anual (Pi), el nivel de desempleo (Di) y el índice de Fragilidad (Fi). (Ver Cuadro 40)

Para efecto de este índice los seis componentes se consideran de igual importancia, de esa forma se evita interpretaciones subjetivas e ideológicas de los resultados. Todas se promedian con igual peso, es decir, los resultados muestran el nivel de equidad distributiva entre los actores de la economía, de tal forma, tiendan a satisfacer a todos por igual.

De esa forma,

Donde, t es el año de aplicación del índice, para un  RE, SMI, Ynpc, P, D y F ≥ 0 y ≤1.

Para ponderar el REi, se le asigna un valor de uno al país que en el año 2021 presentó una proporción más alta en la distribución de los ingresos a favor de las remuneraciones a trabajadores. Así, según el Banco Mundial, el portal estadístico Eurostat y la Dirección de Estadísticas de las Naciones Unidas, en el año 2021, Suiza, es el país que alcanzó el primer lugar de la lista con el más alto porcentaje de distribución de los ingresos a favor de la RE (PADI) (58%), obtuvo un punto por este concepto. A partir de ese nivel máximo se pondera la asignación que corresponde al resto de los países para cada una de las variables que conforman el índice. Cuadro 41.

El país ideal con la distribución más justa de los ingresos será aquel que alcance 1 en cada uno de esos indicadores. Basándose en éste indicador económico, los gobiernos deberían procurar ir aproximando su gestión a 1 en cada uno de sus elementos. En este caso, para el año 2021, el país ideal debería haber destinado 58% del PIB para Remuneración de Empleados (RE), un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el orden de los 4.300 dólares mensuales, un PIB per cápita de 92.102 dólares, una tasa de Inflación anual (P) por debajo de 0,7, un desempleo (D) del 1,1% y el Índice de Fragilidad (F) se ubica en valor de 14,5 puntos.

La escala de medición para su análisis es la siguiente:

En la actualidad no existe un país que alcance la perfecta distribución, incluso que alcance a un nivel “Muy Alto”. Suiza es el que más se aproxima con puntuación de 0,727 y le sigue Irlanda con 0,594. (Ver Cuadro 42)

Cuadro 40. Estadística base del Índice de Distribución Justa de los Ingresos (IDJ), año 2021

Cuadro 41. Cálculos del Índice ponderado de Distribución Justa de los Ingresos (IDJ), 2021

Ranking mundial del índice de distribución justa de los ingresos (Ranking IDJ)

Por medio de esta metodología se puede determinar el ranking mundial del Índice de Distribución Justa de los Ingresos (IDJ) año 2023. Sólo debe ordenarse los países de mayor a menor. Cuanto mayor sea el índice IDJ mejor estará situado en el ranking.

En el Cuadro 42, se muestran los resultados del Índice IDJ, el Ranking obtenido y las características de los 48 países seleccionados sobre la base de Escala del IDJ. Sólo 7 alcanzaron niveles alto en la escala IDJ: Suiza (0,724), aparece en el primer puesto del ranking, seguido de Irlanda (0,594), Luxemburgo (0,576), Noruega (0,560), Islandia (0,542) y Dinamarca (0,502). Por lo tanto, en el 2022, ellos mostraron bajos niveles de desigualdad de ingresos debido a las políticas y programas económicos y sociales que tienden a mejorar la distribución de manera justa.

Cabe destacar que Irlanda, es uno de los países que en el año 2021, se ubicó entre los 10 que peor distribuyen los ingresos a favor de las remuneraciones de empleados (RE) con respecto al PIB (%) (PPDI), como se demostró anteriormente.

Sin embargo, cuando se analiza, compara e integra esa variable de ingreso con otras variables como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el PIB per cápita, la Inflación, el Desempleo y el Índice de Fragilidad que integra 12 indicadores de cuatro ámbitos diferentes: cohesión, económico, político y social, entonces la situación cambia. Irlanda complementa sus altos niveles del PIB (entre los más altos del mundo), con un PIB per cápita de US$ 100.172,  que benefician al sector empresarial, con sus niveles de salarios (US$ 1.898,7 mensuales) ubicado por encima del promedio mundial (US$ 1.042 mensual), bajo desempleo (6,2%) y baja inflación (7,80%), para garantizarles una buena calidad de vida a sus 5,1 millones de habitantes.

Evidentemente, en Irlanda los altos ingresos son invertidos para aumentar la producción, las exportaciones, el desarrollo e industrialización nacional, como lo demuestra su PIB de 447,78 mil millones de dólares. Una característica muy peculiar de ese país europeo, que evidentemente es un ejemplo a seguir, más allá que los ingresos no se destinen en mayor proporción para pagar salarios y otros beneficios laborales, que el Estado irlandés ha complementado esa situación distribuyéndolos de manera directa en generar las condiciones para una buena calidad vida de su población.

Por su parte, los resultados del IDJ del 2021, develan que  23 países alcanzaron niveles medianos de distribución justa, mientras 18 países alcanzaron niveles bajo. Entre estos últimos figuran 8 de los 10 países PPDI: Arabia Saudita (0,211), México (0,206), Turquía (0,154), Irán (0,1532), Irak (0,148), Sudán (0,118), India (0,114), y el peor de todos los países analizados es Venezuela (0,112).

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