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Por Andrés Giussepe (ORCID: 0009-0009-4377-8027)

Justificación de la propuesta

Según las Naciones Unidas, “la lucha contra las desigualdades debe basarse en el contexto de cada país, sus necesidades económicas más apremiantes y su realidad política.” Según este planteamiento no existe un solo enfoque para abordar el combate contra ese flagelo en todas sus formas y manifestaciones. En términos generales, es fundamental que los gobiernos tomen conciencia de la necesidad de reducirla.^[1]

El conocimiento de la estructura de ingresos de un país es un elemento clave para la planificación y aplicación de políticas económicas y sociales.  Su distribución puede analizarse a nivel macro, sectorial, espacial, regional, personal y microeconómicamente, que como se ha demostrado, es un elemento clave para generar impactos positivos a favor de las Remuneraciones y empleados (RE) como porcentaje del PIB, que debería crecer a un ritmo mayor que el Excedente de explotación y rentas mixtas (IK), como garantía de disminuir los niveles de desigualdad.

Hay indicios de estrategias gubernamentales que promueven el crecimiento económico y mejoran la posición relativa, y tal vez, absoluta de las clases trabajadoras o de más bajos ingresos de la sociedad. Como se observó en el pasaje anterior, los diez países PADI, que son los que mejor distribuyeron la renta nacional para pagar “Compensaciones de empleados” durante el año 2021^[2], han demostrado que desde el año 2010 al 2021, entraron en una fase de crecimiento continuo y alcanzaron etapas donde la desigualdad de ingresos tendió a disminuir en el largo plazo, gracias a una distribución inclusiva y equitativa más amplia de los beneficios.

Ellos demostraron que los patrones de crecimiento y desigualdad pueden modificarse si se planifican acciones de políticas macroeconómicas, industriales, laborales e incluso sociales, que cambiaron las proporciones del ingreso que le corresponde a los trabajadores, empresarios y el gobierno. Desarrollaron economías sólidas, con crecimiento industrial continuo y con niveles equitativos de distribución de sus ingresos Son un ejemplo a seguir.

Lo ideal sería que la economía alcanzara una relación RE-IK-TG de 50-40-10 como porcentaje del PIB. Una tendencia superada por Suiza (58%), Alemania (53,7%), Islandia (53,7%), China (52,4%), Canadá (52,5%), Eslovenia (51,7%), Dinamarca (51,6%), Japón (51,4%), Francia (51,3%) y Austria (50,3%).

Son patrones de comportamientos que pueden estimarse con la finalidad de crear esas mismas condiciones favorables, como vía para disminuir los niveles de desigualdad de la población. Aquel país que se encamine al uso eficiente de los recursos materiales para la satisfacción de las necesidades humanas garantiza la gobernabilidad, el desarrollo de su talento y la eficiencia productiva. “La ausencia de tales atributos conlleva a la situación de gobernabilidad limitada o Estado ineficiente”, como lo plantea Mata (Mata (2016:85).

Se trata de estimar la relación de distribución esperada con respecto al PIB, que hará crecer la economía en el corto, mediano y largo plazo (escenarios futuros). Para tal fin, se pueden estimar los porcentajes del PIB que corresponde para pagar remuneraciones, excedentes y beneficios empresariales, así como, la recaudación fiscal menos los subsidios. En el Imagen 6, se muestra la dinámica distributiva ideal de los ingresos entre los factores/actores.

Los países PADI demostraron que esas bondades económicas es el resultado de un proceso que se va construyendo a mediano y largo plazo. Que es contrario a la tendencia natural que ha mostrado el sistema de producción y financierización global, cuyos principios económicos son iguales para todos: se dan en un escenario de libre circulación de bienes y servicios y de capital, donde las variables fundamentales son la tasa de interés, el tipo de cambio, las cotizaciones de acciones en la bolsa de valores y la inflación interna y externa.

Pero que lleva mucho tiempo creando más problemas de los que resuelve, en los últimos años, porque en la mayoría de los países del mundo la pobreza se ha expandido, indistintamente que su economía crezca o entre recesión. Porque la falta de un empleo que permita adquirir los bienes y servicios suficientes para vivir una vida digna, hoy día es más común en la mayoría de los países del mundo.

Por el contrario, los PADI demostraron que se puede superar las adversidades, garantizarle a la población trabajadora un acceso a salarios dignos que supera una canasta básica esencial de bienes y servicios. Sus gobiernos están conscientes de la necesidad de reducir la desigualdad de ingresos, superando la ortodoxia que presenta el crecimiento económico como la condición sine quanon para que los países mejoren sus ingresos per cápita, reduzcan la pobreza, eleven la competitividad industrial y mejoren los beneficios del sector empresarial, como estímulo para el inversionista nacional y extranjero.

Al igual que el resto del mundo, sus gobernantes tomaron decisiones efectivas que se dieron en contextos complejos de crisis económica global, de pandemia, con su dinámica política interna, etc., pero ellos lograron conducir y mantener sus economías en la fase del crecimiento continuo durante muchos años.

Son conscientes de que cualquier decisión en materia de política macroeconómica debe tener presente que los mercados financieros globales ejercen una tremenda influencia en los niveles de inestabilidad económica de los países. Por tanto, las necesidades sociales y materiales endógenas no pueden satisfacerse dejando que las fuerzas del mercado actúen libremente. He allí la importancia de la acción gubernamental en las tomas de decisiones sobre el mercado las políticas públicas. Como lo dice Soros (1999:21-22): “La unidad básica de la vida política y social sigue siendo el Estado-nación”.

Mata Mollejas (2018:16), recomienda concentrar la atención en el ámbito nacional o doméstico de cada país, obliga a implantar nuevas estrategias de desarrollo nacional, que contemple: En primer lugar, los cambios en el entorno internacional y en la moneda, al plantearse el mejoramiento del bienestar social, minimización del desempleo y de la inflación, en los diferentes países y, en segundo lugar, las mutaciones en las instituciones políticas y su jerarquía que constituyen restricciones de gobernabilidad/gobernanza.

En esa línea de acción, Mata Mollejas (Ibíd.) considera que:

Para introducir cambios dentro de una estructura política para modificar una situación económica dada, deba considerarse: primero, los condicionantes económicos y, en segundo lugar, las restricciones consustanciales con los condicionantes políticos. Esto incluye: 1) Los costos de construir nuevas instituciones y, 2) las expectativas en relación a los efectos distributivos, o resultados sobre los intereses de los agentes en el ámbito doméstico y los retos o desafíos, en el contexto internacional.

Una distribución desigual limita las potencialidades humanas, se califica de injusto y afecta el desarrollo de los países. Para anteponerse a esa problemática los gobiernos planifican, ejecutan, controlan y evalúan medidas para mejorar la distribución de los ingresos. Pueden aplicar políticas fiscales, monetarias, cambiarias, de créditos, laborales, de incentivos y subvenciones a los más desfavorecidos.

En la relación integral RE – IK – TG, se da un ciclo recursivo de distribución de ingresos. El trabajo junto con los medios de producción se combina en diferentes organizaciones empresariales e industrias de manera distintas, para generar bienes y servicios e ingresos, que a su vez, vienen impactados directamente, de manera interactiva, por las políticas impositivas del Estado.

Esa relación compleja conforma el sistema de generación de ingresos entre los actores: RE, IK, y TG, que viene imbricada en todos los precios de la economía, indistintamente de las condiciones políticas, sociales, culturales, laborales tecnológicas de los países.

Los salarios y otras compensaciones laborales pagados en forma de dinero son utilizados por los trabajadores para adquirir sus medios de subsistencia en el mercado. Es un dinero que lo recibe adelantado del empleador o posterior en forma de beneficios acumulados. Tarde o temprano los asalariados van al mercado de bienes y servicios a gastar o invertir sus ingresos generados con su esfuerzo físico e intelectual.

Al adquirir bienes y servicios, el ingreso se transforma en un egreso para ellos y en un ingreso tanto para los empresarios, que les garantiza la venta o la prestación del servicio a un precio determinado, como para el gobierno que en cuyos precios cobra un impuesto indirecto. Con esos ingresos fiscales el Gobierno en todos los niveles territoriales, planifica y ejecuta su presupuesto público con fines sociales, paga las nóminas y otros beneficios contractuales, invierte en infraestructuras públicas para el beneficio de la sociedad y ejecuta otros gastos que garanticen el funcionamiento del Estado.

Como se observa, los trabajadores por medio del consumo inciden en la demanda agregada interna y en el crecimiento del PIB. Como principio general demostrado a lo largo de esta investigación, en la medida que aumenta la participación de los trabajadores en los ingresos nacionales, sectoriales y empresariales, entonces disminuye la desigualdad de ingresos de la nación.

Las teorías económicas contemporáneas sostienen que la única manera de aumentar la participación laboral en los ingresos es aumentando sueldos y salarios, mejorando sus beneficios contractuales, recibiendo bonificaciones o comisiones por productividad o rendimiento, etc. No obstante, para efecto de ésta investigación, se propone incluir entre los beneficios que se generan en el proceso productivo una porción, tasa o participación para los trabajadores, a ser prorrateado a todos los empleados directos e indirectos que participan dentro de la empresa, indistintamente de las condiciones contractuales (fijas y contratadas).

El gobierno al igual que los trabajadores y empresarios, son determinantes de los niveles de distribución de los ingresos y beneficios a nivel microeconómico, meso y macroeconómico. Asimismo, son determinantes de los niveles de producción nacional, de los flujos reales y nominales de la circulación, de su crecimiento, la desigualdad de ingresos y del Estado de bienestar.

Los postkeynesianos insisten que no se debe olvidar que cada precio es en última instancia un ingreso de alguien, asimismo, que una inflación continua implica una redistribución real desde los grupos más débiles hacia los más poderosos. Por tanto, la inflación es el reflejo de la lucha que se da entre los grupos sociales donde cada uno quiere tener una parte mayor de la torta del ingreso. (Urdaneta, 1997:265) (Sraffa: 99).

Como contrapartida, los postkeynesianos, plantean la “política de ingresos” que consiste en la consecución de acuerdos entre los grupos que compiten entre sí para determinar sus niveles de exigencias de ingreso real. Son acuerdos sobre salarios, beneficios y precios, incluso, las jornadas laborales en tiempos depresión económica.

Se plantea la posibilidad del encuentro endógeno entre los trabajadores, empresarios y el Gobierno, a fin de planificar la distribución futura de los ingresos entre ellos que generen crecimiento económico con inclusión y disminuyan la desigualdad. (Imagen 7)

Imagen 7. Condiciones necesarias para garantizar una redistribución inclusiva de ingresos y beneficios

Son acuerdos que garantizan límites de beneficios y trabajo coordinado para aumentar la producción de la empresa, fortalecer el sector industrial y como consecuencia, hacer crecer la economía nacional disminuyendo desigualdad. Se deja la salvedad, que ésta determinación de los beneficios entre RE y IK no sacrifica el límite por debajo del cual no pueden bajar los beneficios empresariales, principal estímulo para emprender inversiones.

Por el contrario, se considera que el empresario establece sus niveles de ganancia de manera previa una vez que determina sus costos de producción incluido los salarios y costos financieros, y luego, los trabajadores tendrán la oportunidad de establecer una participación en los beneficios esperados (Be) que son incluidos en el precio de venta más los impuestos directos e indirectos que le corresponda a los distintos niveles de gobierno.

Como se observa, la tasa de beneficio tanto del empresario como de los trabajadores, determina el monto de los impuestos exógenamente e impacta el crecimiento natural de los precios, la producción e ingresos nacionales, eliminando la característica del sistema capitalista actual, donde los ingresos de los trabajadores siempre tienden a disminuir en la medida que aumentan los precios, y como consecuencia, aumentan los beneficios de los empresarios y del Estado.

Propuesta:

A partir de los resultados grupales alcanzados del análisis de los indicadores económicos de los países con los mejores niveles de distribución de la renta (% del PIB) a favor de las remuneraciones de empleados (PADI), se asumen como objetivos de planificación pública una serie de estrategias tendentes a alcanzar los mismos resultados obtenidos por estos países durante el período 2010-2021. Son definidas a partir de los indicadores que superaron el promedio ponderado mundial (EPM) durante ese periodo. (Apéndice 55)

Las estrategias surgen de la evidencia empírica real de que en el sistema capitalista actual hay una fuerte relación entre el nivel de ingresos (PIB) y la desigualdad de ingresos.

La propuesta consiste en que a los trabajadores les corresponden una participación de los beneficios que arroja el proceso productivo una vez descontados todos los costos (que incluye las remuneraciones de empleados y obreros) y la ganancia que le corresponde porcentualmente a los empresarios.

Son escenarios que los planificadores pueden diseñar, establecer los condicionantes, definir políticas y programas públicos, crear las condiciones jurídicas, impositivas, laborales y empresariales, ejecutarlas e ir evaluándolas de manera permanente, en coordinación con todos los actores de la sociedad económica del país.

En ese sentido, el Estado, en coordinación social con el sector empresarial nacional y los sindicatos, puede diseñar planes de estímulos para el incremento de las remuneraciones de empleados y obreros, aplicar medidas impositivas progresivas y garantizar una distribución efectiva de excedentes y beneficios entre factores/actores que tienda a la relación 50–40-10.

En síntesis, como aporte teórico de la investigación se establece que:

1. La distribución del ingreso entre los factores/actores debe garantizar una relación ideal 50–40-10.
2. El Índice de Distribución Justa de Ingresos y beneficios (IDJ), es un parámetro de medición y comparación del comportamiento de los niveles de desigualdad de los ingresos de los países.
3. Un futuro seguro con crecimiento económico sin desigualdad lo garantiza una función del PIBn+1 = f(RE, IK, TG)%, donde el comportamiento n+1 de los factores sea RE (+1%), IK (-2%) y TG (+1%) con respecto al PIB.

Se propone un nuevo sistema de distribución de los ingresos que arroja el proceso productivo o comercial de bienes y servicios, que supera el sistema moderno de salarios, donde el empleado mantiene el grado de libertad económica alcanzada con respecto a los anteriores medios con que se pagaba y ejecutaba el trabajo del pasado (esclavitud, servidumbre y el artesano).^[1] Es decir, sigue conservando sus derechos y libertad que las leyes universales le consagran, al ser propietario de su fuerza física, de su trabajo, ser su propio amo, y es libre de trabajar o no según le plazca, es libre de alquilarse o vender las horas de su vida trabajándole a una persona u organización, o trabajar como un artesano independiente. Y sigue manteniendo todos los derechos consagrados en el Derecho del Trabajo, convenios y normativas que regulan la relación de trabajo y las condiciones mínimas de seguridad social aprobadas por las Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el modelo de distribución de los ingresos que se propone, los beneficios u excedentes de explotación se reparten de manera concertada, indistintamente de las relaciones de propiedad económica con respecto al capital, es decir, que el trabajador sea no sea propietario del capital o inversionista.

El trabajador no sólo mantiene su condición de asalariado y sus beneficios contractuales reglamentados en los convenios sobre la relación laboral, sino que también tiene el derecho de acordar, negociar, coordinar, cuadrar o determinar, el porcentaje que le corresponde de los beneficios que arroje ex post las ventas del bien o servicio e ingrese a la caja de la organización empresarial, pública o privada.

Aquí prevalece la libertad que tienen los trabajadores de manera individual o sindicalizados, de negociar o celebrar un contrato con quienes poseen la tierra o el capital para darles trabajo y ejecutar el proceso productivo, sin afectarles el derecho o el nivel de influencias que tienen los patrones de decidir concluir un contrato que entrambos celebren (puesto que no pierden su condición de propietarios).

Como se observa, el trabajador seguirá con su nivel de dependencia universal que existe en las relaciones de trabajo, sin menoscabo de todos los beneficios laborales y de seguridad social existentes.

Se plantea universalizar aquella situación beneficiosa para el trabajador donde muchas organizaciones empresariales dejan un considerable excedente como utilidad o bonificaciones por rendimiento, etc. No es acreditar propiedad de activos físicos o participación accionarías a los trabajadores dentro de las empresas, sino garantizarles una participación acordada, fija o variable, de los beneficios que arroja el proceso productivo. Pudiera darse el caso, que entre los acuerdos o convenios de distribución se creen fondos de ahorros o de capitalización accionarias dentro de la misma organización, pero no es el planteamiento fundamental de la propuesta presentada.

Los resultados alcanzados permiten afirmar que cualquier política que haga crecer las Remuneraciones de empleados (RE) en 1%, que los excedentes de explotación y renta mixta (IK) caigan en 2% y que los impuestos indirectos y de importación menos los subsidios (TG) aumente en 1%, todos con respecto al PIB, contribuyen a una mejora de la distribución del ingreso.

Sobre esta salvedad, Mata (2016:29), plantea en relación a la distribución del excedente, que los diversos actores de la sociedad crean alianzas políticas para aumentar su participación, debiendo dejar un mínimo para los que resultan menos favorecidos, en función que acepten mantenerse dentro de la asociación básica.

Sin embargo, Sarel (1997), plantea que “la distribución del ingreso no es solo un objetivo político natural en sí mismo, sino que también puede verse como un factor importante que afecta el crecimiento a largo plazo.”

Porque como dice Xi Jinping (2018:95):

“El desarrollo económico conlleva incrementar la eficiencia en la distribución de los recursos, sobre todo los escasos, para que, con la menor inversión posible, se fabrique la mayor cantidad de productos y se obtenga mayor rentabilidad. Tanto la teoría como la práctica demuestran que la distribución de los recursos por parte del mercado es la vía más eficiente. Que el mercado decida la distribución de los recursos es una ley general de la economía de mercado y constituye precisamente la esencia de esta.”

Reconociendo el papel decisivo que el mercado desempeña en la distribución de los ingresos y los beneficios es decisivo, no puede dejarse al libre albedrío, sin planificación, seguimiento, control, evaluación, y la aplicación de las leyes cuando se requiere. He allí el papel del Estado-Gobierno, su intervención para coordinar con el resto de los actores económicos en sus funciones como factores de producción, generadores, distribuidores, consumidores u ahorradores de los ingresos y beneficios de la nación.

El Gobierno no puede ceder la administración gubernamental y de macrocontrol que tiene dentro del sistema económico de mercado imperante y dedicarse a maximizar la eficiencia para optimizar y reforzar los servicios público, y hacerle seguimiento a la dinámica del mercado, garantizando la competencia leal, y la supervisión del proceso distributivo, que sea justo y beneficie a todos los actores económicos. Pero velando que en el mediano y largo plazo la brecha de la desigualdad de ingresos se vaya cerrando hasta mejorar la relación distributiva a favor de la remuneración grupal de todos los empleados a nivel nacional, que siempre serán más que la cantidad de empresarios existentes en la nación.

Las variables macroeconómicas que tienen un efecto significativo en los cambios en la desigualdad del ingreso son: una mayor tasa de crecimiento, un mayor nivel de ingresos, una mayor tasa de inversión (en comparación con el consumo público y privado, una depreciación real (importante en el caso de países de bajos ingresos) y una mejora de los términos de intercambio. (Sarel, 1997)

En ese sentido, se busca generar los efectos macroeconómicos positivos que garanticen un crecimiento productivo sostenible y mejore la distribución de los ingresos y beneficios a favor de la inclusión laboral y social. Un escenario que exige que las relaciones entre los actores trabajo, capital y gobierno, vayan reajustándose gradualmente sus pesos específicos en la distribución del ingreso agregado a favor de la remuneración de empleados. Es una estrategia que lleva implícito un objetivo político y económico natural que es disminuir la desigualdad.

^[1] Antes del sistema de salario existieron tres formas de pago del trabajo. El primero, fue la esclavitud, donde el trabajador era propiedad de su amo o dueño, que podía comprarlo y venderlo cuando lo deseara. El trabajador-esclavo era alimentado y mantenido en condiciones de trabajo para beneficio personal o comercial del amo. (Dobb, 1957:9-12). El esclavo era visto como un costo o una inversión, cuyo excedente o “ingreso neto” era lo que producía por encima del valor de la inversión. Su valor de mercado dependía de la oferta de esclavos en el mercado. Cuando había escasez de esclavos el valor aumentaba y el amo lo conservaba para su procreación y mantenía a su familia.

El segundo sistema de pago del trabajador fue la servidumbre, desarrollado en Europa medieval durante la fase del feudalismo. El trabajador-siervo estaba atado a un lote de tierra sin poder abandonarla, donde trabajaba y era mantenido junto a su familia por el terrateniente. Eran objetos de trueque o hipotecas junto a la tierra, por tanto, por derecho consuetudinario, debían permanecer trabajando en las plantaciones, minas o en la casa del propietario. El valor una propiedad dependía de la oferta y demanda de esclavos en el mercado y del excedente que generaban sus esclavos.

El tercer sistema, era el artesano-trabajador, donde era libre y realizaba trabajos manuales en su propio taller o tierra, con sus propias herramientas, a su modo, a la hora que le conviniera y vendía en el mercado lo que él mismo elaboraba. Es un sistema que predominó en casi toda la Edad Media. Aquí el artesano es su patrón. (Ibídem).

^[1] Naciones Unidas (Portal Web). Desigualdad: cómo subsanar las diferencias. https://www.un.org/es/un75/inequality-bridging-divide

^[2] Según los datos de Eurostat, ONU y BCV. Cálculos propios.