Por Dr. Andrés Giussepe — Poli-Data (poli-data.com)

Nota editorial: este análisis se inscribe en la línea de trabajo que Poli-Data ha desarrollado sobre la reforma petrolera venezolana y sus implicaciones de soberanía. Para contexto adicional, ver también «Análisis Sistémico del Protectorado Energético en Venezuela», «El Ocaso del Estado Nacionalista: La LOH 2026» y «Anatomía del Engaño: El Cuadro del Despojo Fiscal de la LOH 2026», disponibles en poli-data.com.

Este análisis se propone demostrar cómo el convenio petrolero suscrito por Delcy Rodríguez —presidenta interina de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, en el marco de la Operación Absolute Resolve— constituye una de las mayores cesiones patrimoniales de la historia política y petrolera del país. La base documental de este examen es la Hoja Informativa (Fact Sheet) publicada por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026 tras el anuncio del acuerdo, disponible en whitehouse.gov, uno de los textos de política exterior y energética más explícitos sobre Venezuela en el último siglo.

Se desglosa el documento en sus ejes estructurales, contrastando la retórica del «win-win» difundida por la vocería oficial en Caracas con las cláusulas efectivamente pactadas en Washington, desde cuatro perspectivas complementarias: la economía política internacional, el derecho constitucional, la gerencia pública y la geopolítica petrolera.

1. El marco geopolítico: de socio a protectorado energético
2. La reactivación explícita de la Doctrina Monroe

El documento no recurre a eufemismos. Bajo el título «Reafirmación de la Doctrina Monroe», la Casa Blanca declara abiertamente el establecimiento de un protectorado energético en el hemisferio occidental. Al desplazar a operadores chinos y rusos de los campos que antes controlaban y someter las decisiones estratégicas de la principal industria del país a la jurisdicción estadounidense, Washington reconfigura la geopolítica regional: Venezuela deja de comportarse como un actor soberano dentro del mercado petrolero global —y dentro de la OPEP— para convertirse en una reserva estratégica cautiva de Estados Unidos.

1. Extraterritorialidad y cesión de soberanía jurídica

El acuerdo establece que los contratos y controversias de la operadora North American Blue Energy Partners (NABEP) —propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, segundo mayor productor privado del país— se regirán por legislación estadounidense y quedarán sujetos a la jurisdicción de tribunales de EE. UU. Washington, además, se reserva poder de veto sobre la junta directiva de NABEP y exige que la mayoría de sus miembros sean ciudadanos estadounidenses.

Esto choca frontalmente con el Artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que consagra la llamada Cláusula Calvo: toda controversia derivada de un contrato de interés público debe resolverse ante tribunales venezolanos y conforme a leyes nacionales, sin que pueda dar lugar a reclamaciones extranjeras. Someter el litigio y el gobierno corporativo de la empresa a un poder extranjero no es un matiz técnico: es la renuncia expresa a esa garantía constitucional sobre un activo que representa el 21,5% de las reservas probadas del país.

2. La renta comprometida: el desmontaje del government take
3. Cien años a cambio de 65.000 millones de barriles

La Hoja Informativa confirma concesiones de explotación por 100 años sobre 17 campos petroleros con 65.000 millones de barriles en reservas probadas —una quinta parte del total nacional—. El dato desmiente la narrativa oficial local, que había hablado de contratos a 25 años: el documento estadounidense fija el plazo real en un siglo.

A esto se suma que NABEP cedió al Departamento de Guerra de EE. UU. —a través de su Oficina de Capital Estratégico— una participación accionaria del 35% en la empresa matriz. El Pentágono se convierte así en accionista directo y receptor de dividendos de la renta petrolera venezolana, sin que ello represente, según la propia Casa Blanca, ningún costo para el contribuyente estadounidense.

1. Impuestos que no alcanzan a compensar la cesión

El texto promete 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos a lo largo de 25 años. Para dimensionar esa cifra, vale un ejercicio simple: si a título ilustrativo se asume una producción total del orden de 11.000 a 11.500 millones de barriles en ese período, el resultado ronda entre 17 y 18 dólares de tributación por barril. Frente a un crudo que se cotiza internacionalmente entre 65 y 70 dólares, esa cifra implicaría una captura estatal efectiva cercana o inferior al 28%.

Para contextualizar esa cifra: la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 exigía una captura estatal superior al 65-80%, y el promedio de las principales naciones petroleras —Noruega, Arabia Saudita, Argelia— tampoco baja del 60-75%. De sostenerse esta estimación, Venezuela estaría negociando en condiciones fiscales más desfavorables que las del propio régimen concesionario anterior a 1943.

1. Petróleo «a costo» y renuncia a la renta comercial

El acuerdo garantiza al Departamento de Estado el derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo, destinado a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de Estados Unidos y a abastecer a sus fuerzas armadas, además de un derecho de primera opción sobre el 80% restante. En la práctica, Venezuela renuncia a colocar ese crudo en el mercado abierto al precio spot, entregando a una potencia extranjera petróleo subsidiado en el costo mismo de su extracción y privando a la economía nacional del margen comercial que le correspondería.

3. Tutela fiscal y la deuda social postergada
4. Fondos bajo supervisión externa

El documento señala que la «supervisión de pagos y el control financiero» garantizarán el destino de los tributos, lo que en la práctica remite a mecanismos de cuentas custodiadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Los impuestos que pague la operadora no ingresarían directamente a la Tesorería Nacional ni a las reservas del Banco Central de Venezuela, sino que quedarían sujetos a la aprobación de una instancia extranjera —un esquema de tutela presupuestaria difícil de conciliar con la autonomía fiscal del Estado venezolano.

1. La deuda laboral que el acuerdo no menciona

Pese al lenguaje sobre «reconstrucción y desarrollo social», el texto omite la crisis salarial acumulada del país. La deuda con trabajadores, docentes, médicos y pensionados por el congelamiento salarial desde 2015 supera, según estimaciones conocidas, los 34.000 dólares por persona. Frente a eso, la administración de Delcy Rodríguez no ha dado curso a propuestas como la emisión de un Título de Deuda Laboral Heredable respaldado en apenas el 3% de las reservas petroleras —una fracción mínima frente al 21,5% comprometido por cien años con NABEP y el Departamento de Guerra estadounidense.

4. Un acuerdo con fisuras constitucionales de origen

Desde el derecho constitucional y la gerencia pública, el acuerdo exhibe fallas que lo exponen a un riesgo real de nulidad:

5. El paralelismo histórico: ¿el regreso al modelo Gómez?

La pregunta merece tomarse en serio, porque el paralelismo no es solo retórico. La Ley de Hidrocarburos de 1922, bajo Juan Vicente Gómez, fue redactada con participación directa de las propias transnacionales interesadas —el propio dictador llegó a decirles a sus allegados que dejaran a las compañías hacer la ley, «que ellas eran las que sabían de petróleo»—. Las concesiones se otorgaban de forma discrecional a particulares y testaferros del régimen, quienes luego las traspasaban o negociaban directamente con Standard Oil, Shell y otras compañías extranjeras, en operaciones que la propia crítica de la época —incluido Rómulo Betancourt en sus escritos sobre política y petróleo— calificó de expoliación del patrimonio nacional, y que tribunales llegaron a cuestionar como inconstitucionales, aunque el régimen las sostuvo por la fuerza.

La estructura del acuerdo NABEP reproduce ese mismo mecanismo con una variante más aguda: un gobierno interino sin mandato electoral otorga, sin licitación, concesiones de cien años a una empresa privada venezolana (NABEP), la cual a su vez cede una participación accionaria del 35% directamente a una dependencia del gobierno de Estados Unidos. En 1922, el beneficiario final era capital privado extranjero; hoy es un brazo del propio Estado estadounidense el que se convierte en socio directo dentro del vehículo que controla el subsuelo venezolano. En ese sentido, calificar la operación como un fraude a la nación articulado desde el poder discrecional de un gobierno sin legitimidad democrática no es una hipérbole: es, si acaso, una continuidad agravada de un patrón que la historia petrolera venezolana ya conoció y que la nacionalización de 1976 buscó precisamente cerrar.

La diferencia relevante —y la que conviene no perder de vista— es que las concesiones gomecistas tardaron más de medio siglo en revertirse, y solo se lograron cuando el país recuperó instituciones capaces de sostener ese reclamo en el tiempo. Esa es, exactamente, la tarea pendiente hoy.

6. Recomendaciones para el pueblo venezolano

• Documentar antes que reaccionar. Reunir y resguardar copias de la Hoja Informativa de la Casa Blanca, declaraciones oficiales y cualquier texto contractual que llegue a filtrarse. La experiencia de 1922-1976 enseña que los reclamos futuros dependen de la evidencia que se conserve hoy, no de la que se reconstruya después.
• Exigir el texto completo del contrato, no solo el resumen difundido por las partes. Ninguna evaluación ciudadana seria puede hacerse sobre un comunicado de prensa; los gremios profesionales (abogados, ingenieros petroleros, economistas) pueden liderar esa exigencia de forma técnica y no partidista.
• Activar la memoria organizativa de los gremios petroleros —colegios profesionales, asociaciones de ex-trabajadores de PDVSA, sindicatos— para que produzcan dictámenes técnicos independientes que sirvan como respaldo documental frente a cualquier instancia judicial o arbitral futura.
• Evitar la resignación individual frente a la fatiga informativa. Los reclamos patrimoniales de esta magnitud rara vez se resuelven en el corto plazo; la presión sostenida de la opinión pública, dentro y fuera del país, es lo que históricamente ha mantenido vivos este tipo de reclamos hasta que existen condiciones para resolverlos.
• Sumar a la diáspora como caja de resonancia internacional: la comunidad venezolana en el exterior tiene acceso a medios, universidades y foros que pueden mantener el tema en la agenda internacional mientras las condiciones internas no permitan una respuesta institucional plena.

7. Líneas de acción política y de defensa jurídica

1. Reserva expresa de derechos. Aun sin capacidad inmediata de revertir el acuerdo, es jurídicamente valioso que actores con legitimidad —parlamentarios electos, colegios de abogados, universidades— dejen constancia pública y documentada de que consideran el acuerdo nulo de origen. Esa reserva de derechos es la que permitió, en otros procesos históricos de expropiación o renegociación petrolera en la región, sostener reclamos años después ante la ausencia de plazos de prescripción claros para actos nulos de pleno derecho.
2. Preparar la acción de nulidad ab initio (fundada en los artículos 12, 150, 151 y 299 CRBV) para el momento en que exista un Poder Judicial y una Asamblea Nacional con legitimidad democrática plena que puedan conocerla sin presión del propio Ejecutivo que suscribió el contrato.
3. Invocar el marco internacional sobre soberanía permanente sobre los recursos naturales, en particular la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU de 1962, que reconoce el derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas y recursos naturales, y que ha servido de base a otros países para impugnar contratos concesionarios suscritos bajo coacción o sin representación popular genuina.
4. Explorar la vía del Artículo 73 CRBV (referendo sobre convenios que comprometan la soberanía nacional) como mecanismo formal a activar tan pronto existan condiciones electorales mínimas —un CNE y una Asamblea Nacional reconocidos como legítimos—, sin pretender forzarlo hoy sobre instituciones cuya propia legitimidad está en entredicho.
5. Litigio internacional de largo plazo. Si NABEP o el Departamento de Guerra estadounidense buscan en el futuro hacer valer el contrato ante instancias de arbitraje (como el CIADI), un futuro gobierno legítimo debe estar preparado para impugnar la validez del consentimiento original alegando ausencia de aprobación parlamentaria y vicios de nulidad constitucional, tal como se hizo con concesiones cuestionadas de la era gomecista.

Conclusión: la vía institucional pendiente

El documento publicado por la Casa Blanca desmonta la narrativa del «acuerdo ganar-ganar»: no describe una inversión extranjera bajo soberanía compartida, sino una cesión de activos estratégicos negociada sin licitación pública ni aprobación parlamentaria, y por tanto jurídicamente frágil desde su origen —lo que también genera inseguridad jurídica para la propia NABEP a futuro, ante el riesgo de que una administración posterior lo impugne.

La Constitución sí ofrece una vía para que el pueblo se pronuncie sobre convenios que comprometan la soberanía nacional: el Artículo 73, que contempla el referendo sobre tratados o acuerdos internacionales de esa naturaleza —a diferencia del referendo abrogatorio del Artículo 74, que la propia Constitución excluye expresamente para las leyes que aprueben tratados internacionales—. Activar esa vía, sin embargo, exige instituciones —Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral— cuya propia legitimidad este análisis y otros similares han puesto en cuestión; reconocerlo no debilita el argumento de fondo, sino que expone con mayor claridad el problema real: un país al que se le pide resolver por cauces institucionales una decisión que se tomó, precisamente, al margen de ellos.