Por Andrés Giussepe (PhD. en Economía – Venezuela)
Una justa distribución de Ingresos mejora la economía
Premisa: Los países PADI son ejemplo de economías donde una parte significativa del PIB se destina a la remuneración de los trabajadores, asegurando que los beneficios de crecimiento económico lleguen a un amplio sector de la población.
Aporte teórico: La mejora en la distribución de ingresos incluyente no solo garantiza un poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también estimula la demanda interna, creando un ciclo virtuoso de consumo y producción. La Teoría de la Economía de Actores y Distribución de Ingresos adopta este principio, enfatizando que la distribución justa de ingresos es clave para el crecimiento sostenible.
Enfoque Sistémico Complejo para el análisis de actores
Premisa: Desde la perspectiva de sistemas complejos, cada actor en la economía (gobierno, empresas, trabajadores, sector financiero) tiene un rol interdependiente que contribuye a la estabilidad y equidad de la distribución de ingresos.
Aporte teórico: En los países PADI, el marco institucional y el diseño de políticas redistributivas están basados en una visión sistémica en la que todos los actores colaboran para generar un ambiente económico inclusivo. La teoría postkeynesiana apoya esta interdependencia, pues reconoce que la desigualdad afecta el sistema macroeconómico. La teoría se construye sobre la premisa de que la distribución de ingresos debe reflejar la contribución real de cada actor, promoviendo un equilibrio en la estructura económica.
Política Fiscal y de transferencias como herramientas de equidad
Premisa: En los países PADI, el uso de políticas fiscales progresivas y transferencias directas permite una redistribución que beneficia a los sectores con menores ingresos.
Aporte teórico: La Economía de Actores y Distribución de Ingresos sugiere que la intervención del Estado es fundamental para corregir desequilibrios distributivos y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social. Esta política redistributiva en países PADI sirve como modelo para economías con alta desigualdad, demostrando que una estructura fiscal justa es esencial para la cohesión económica y social.
Salarios y protección laboral como motor de inclusión
Premisa: En países PADI, los salarios representan una gran parte del PIB y son el reflejo de políticas que buscan elevar la calidad de vida mediante sueldos dignos, protección laboral y condiciones laborales adecuadas.
Aporte teórico: La teoría sostiene que para una economía saludable, es crucial que los salarios crezcan en sintonía con la productividad y el costo de vida. En un enfoque poskeynesiano, los salarios no son solo un costo, sino una fuente de demanda agregada. La Economía de Actores y Distribución de Ingresos postula que una mayor participación de los salarios en el PIB incentiva el consumo y fortalece la economía interna, reforzando la capacidad adquisitiva y la estabilidad del mercado.
Participación de los actores institucionales en la redistribución de riqueza
Premisa: En los países con alta distribución de ingresos, los actores institucionales como sindicatos y entidades de regulación cumplen un papel clave para garantizar la equidad.
Aporte teórico: La teoría de la Economía de Actores incorpora la importancia de la participación activa de instituciones que velan por la justicia distributiva. Los sindicatos, por ejemplo, son esenciales para negociar salarios justos y condiciones laborales, mientras que los gobiernos regulan el mercado para evitar desequilibrios. Estos actores protegen los derechos económicos y sociales de los trabajadores, asegurando que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los niveles.
Estabilidad económica a través de la reducción de la desigualdad
Premisa: En los países PADI, la reducción de la desigualdad es una meta prioritaria, que se refleja en políticas públicas que promueven la inclusión social y la estabilidad económica.
Aporte teórico: La teoría propone que una menor desigualdad es un objetivo macroeconómico, ya que reduce la volatilidad en la demanda y evita las crisis provocadas por la concentración excesiva de riqueza.
Desde la perspectiva postkeynesiana, una distribución de ingresos más equitativa contribuye a la estabilidad general del sistema económico, ya que los ingresos de la clase media y baja estimulan la actividad productiva. La Economía de Actores plantea que esta estabilidad es un objetivo central, pues un sistema equitativo reduce la vulnerabilidad económica.
Hoy quiero compartir una reflexión que no puede esperar más. Venezuela está en una encrucijada histórica, y es el momento de asumir una postura crítica, pero también propositiva. La reciente celebración del Foro Mundial de Zonas Económicas Especiales en Caracas nos ofrece una oportunidad para analizar con perspectiva comparada el camino que está tomando nuestro país.
Vemos con admiración cómo China, bajo un modelo de transformación económica planificada, ha logrado sacar de la pobreza extrema a más de 800 millones de personas, según datos del Banco Mundial. No solo eso, sino que se ha consolidado como una de las 10 economías que mejor distribuyen el ingreso nacional a través de la remuneración de sus trabajadores.
¿No debería Venezuela aspirar a lo mismo? ¿Por qué no aprovechar esta relación estratégica con China para aprender de su modelo y adaptarlo a nuestra realidad?
“Capitalismo con peculiaridades chinas”
El caso de China es paradigmático. Se trata de un país que pretende combinar la apertura económica con una fuerte planificación estatal y un control político férreo. A través de las Zonas Económicas Especiales, atrajo inversión extranjera, pero no de forma descontrolada ni caótica. Lo hizo bajo la lógica de un “capitalismo con características chinas”, asegurando que la riqueza generada por la inversión se tradujera en beneficios tangibles para su población.
Pero el aspecto más relevante para Venezuela no es solo la atracción de inversión extranjera. El mayor logro de China ha sido la reducción de la pobreza y la mejora en la distribución del ingreso. En 2022, la remuneración de los empleados representó cerca del 50% del PIB de China, lo que significa que la mitad de la riqueza generada en el país se redistribuye a través de los salarios. Esta proporción está muy por encima de los medios latinoamericanos y supera con creces lo que hoy observamos en Venezuela.
En contraste, nuestro país ha vivido un proceso de pauperización laboral, con un salario mínimo que no cubre ni el 5% del costo de la Canasta Básica. A esto se suma la precarización del empleo público y la política de bonificaciones discrecionales que debilitan el ingreso formal de los trabajadores. ¿Cómo podemos hablar de justicia social si el salario mínimo no está ni cerca de cumplir con el mandato del Artículo 91 de la Constitución?
Autocrítica reflexiva contra la visión salarial de Jesús Farías
Aquí es donde hago un llamado a la autocrítica. No podemos pretender construir un modelo de «socialismo productivo» mientras la clase trabajadora sigue siendo la más golpeada por la crisis económica. El argumento de que «se aumentará el salario cuando mejoren los ingresos petroleros» es insuficiente. Esta ha sido la excusa repetida por el diputado Jesús Farías y otros voceros gubernamentales, pero la realidad es que el país necesita un cambio de enfoque.
Venezuela no puede seguir dependiendo exclusivamente de la renta petrolera para ajustar los salarios. China no esperaba que el precio de sus exportaciones subiera para tomar de redistribución del ingreso, lo hizo con base en políticas de planificación económica, medidas de incentivos al empleo productivo y un sistema tributario más eficiente.
Si bien es cierto que Venezuela ha sufrido las consecuencias de las sanciones internacionales, esta no puede ser la excusa permanente. Los mismos argumentos que justifican la creación de Zonas Económicas Especiales para atraer inversión extranjera deben ser utilizados para promover la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿De qué sirve atraer capitales si ese dinero no se traduce en mejores salarios, empleo digno y reducción de la pobreza?
Recomendaciones
Desde esta tribuna, proponemos cinco recomendaciones concretas:
1. Ajustar el salario mínimo con base en la Canasta Básica, tal como lo establece el Artículo 91 de la Constitución. Este ajuste debe ser inmediato y no puede depender exclusivamente de los ingresos petroleros.
2. Tomar como ejemplo los países PADI (Países de Alta Distribución de Ingresos a favor de las Remuneraciones de empleados (%PIB)), como China, para adoptar un modelo económico que priorice la distribución del ingreso a través de la remuneración de los trabajadores. Estos países han demostrado que un mayor ingreso para la clase trabajadora no genera inflación ni ahuyenta la inversión, como lo reconoce la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
3. Revisar el modelo de bonificaciones salariales. La política actual de bonos discrecionales es insostenible y atenta contra la estabilidad del ingreso laboral. Los bonos deben ser parte del salario integral y no simples ayudas puntuales.
4. Fortalecer la economía productiva no petrolera. No podemos seguir supervisando los salarios al comportamiento del mercado petrolero. Se deben impulsar sectores estratégicos de la economía que generen empleo estable y salarios dignos.
5. Garantizar la transparencia y la participación de los trabajadores en la definición de las políticas salariales. El gobierno debe abrir espacios de diálogo inclusivos donde la voz de los trabajadores, las organizaciones sindicales y los académicos tengan peso en la definición de la política salarial.
Maduro tienes que virar la política económica por una más inclusiva
Hoy, más que nunca, es necesario un viraje en la política económica del país. Venezuela no puede seguir justificando la precarización salarial bajo la excusa de las sanciones o la caída de los ingresos petroleros. El gobierno tiene la oportunidad de aprender de la experiencia china y adoptar una visión de justicia distributiva que permita recuperar la dignidad de los trabajadores.
Señor presidente Nicolás Maduro, tome el ejemplo de China. Si ellos pudieron sacar a 800 millones de la pobreza, nosotros podemos al menos garantizar un salario mínimo digno que cubra la Canasta Básica. No esperemos más. Los trabajadores no pueden seguir siendo los pagadores de la crisis. ¡El momento de actuar es ahora!
1. Control de los medios de comunicación. El gobierno de Maduro ha fortalecido su control sobre los medios estatales y privados dentro del país, promoviendo una narrativa favorable al gobierno y acusando a medios internacionales de formar parte de una guerra informativa.
Los medios estatales y aliados presentan versiones de los hechos que defienden al gobierno, mientras que se restringe el acceso a medios críticos, como ocurrió con la salida de CNN en Español y el bloqueo de portales como El Pitazo o La Patilla.
2. Uso de redes sociales y medios digitales. Maduro y su gobierno han utilizado plataformas como Twitter y otras redes sociales para amplificar mensajes oficiales, promover campañas que denuncien las sanciones como ataques imperiales y defender sus políticas. Han generado hashtags y contenido digital que busca desmentir acusaciones de corrupción, crisis humanitaria y violaciones de derechos humanos, y señalar a Estados Unidos como responsable de los problemas económicos.
3. Creación de alianzas internacionales.El gobierno ha buscado respaldo de países aliados como China, Rusia, Turquía, Irán, y organizaciones como el Movimiento de Países No Alineados para contrarrestar las campañas internacionales que apoyan las sanciones y el bloqueo. A nivel diplomático, han acusado a las potencias occidentales de imponer una “guerra económica” con fines de intervención y dominación neocolonial.
4. Propaganda oficial. A través de discursos y campañas oficiales, el gobierno ha creado narrativas donde las sanciones y bloqueos son vistos como formas de guerra híbrida dirigidas a socavar la soberanía y la estabilidad interna. Se resalta el papel del “pueblo revolucionario” en la resistencia contra lo que llaman ataques del imperialismo.
5. Fortalecimiento de la soberanía económica. En el ámbito económico, el gobierno ha buscado medidas de sustitución de importaciones, acuerdos comerciales alternativos con países como Irán y Rusia, y el fomento de la producción local como forma de resistir el bloqueo económico. Esto se conecta con la narrativa de guerra cognitiva al mostrar al país como capaz de sobreponerse a la intervención extranjera.
6. Denuncias en foros internacionales. El gobierno de Maduro ha utilizado espacios como la ONU y el Consejo de Derechos Humanos para denunciar la guerra cognitiva como una violación de los derechos humanos y de la soberanía venezolana, argumentando que la desinformación forma parte de una estrategia para justificar una intervención externa.
7. Educación mediática y control del discurso. Maduro ha promovido programas de formación política y educación mediática para sus seguidores, con el fin de que la población reconozca las tácticas de guerra informativa. Se ha instado a los ciudadanos a consumir información de medios estatales y alternativos alineados con el gobierno, a fin de “protegerse” de la manipulación extranjera.
8. Desarrollo de tecnología y ciberdefensa. El gobierno ha hecho esfuerzos por desarrollar capacidades tecnológicas y de ciberseguridad para proteger sus infraestructuras digitales de ciberataques y sabotajes que puedan tener implicaciones en la difusión de propaganda en línea, además de buscar alternativas a la dependencia tecnológica de actores sancionadores.
9. Apoyo y movilización del “pueblo organizado”. El gobierno moviliza constantemente a su base de apoyo a través de movimientos sociales y colectivos que promueven su narrativa.
10. Restricciones y censura. Ante la crítica o narrativas alternativas, el gobierno ha aplicado bloqueos de páginas web, control sobre la distribución de papel periódico, y la limitación del acceso a plataformas críticas para frenar la difusión de narrativas contrarias.
Estas acciones forman parte de la estrategia de “defensa cognitiva”, que busca controlar el flujo de información.
Estas estrategias evidencian un enfoque multifacético de defensa, donde se combina la gestión del relato interno con la denuncia internacional, todo enmarcado en un discurso de resistencia soberana contra lo que se presenta como una guerra cognitiva.
(*) Economista, Doctor en Economía y en Gerencia, UCV, Venezuela
En estos días de navidad y de evaluación de los resultados económicos nacionales e internacionales publiqué un artículo polémico titulado: “¡Un año más, una navidad más! Donde hago alusión a la llegada nuevamente de la navidad con promesas salariales incumplidas.
Pero me encontré en los grupos del WhatsApp a una persona “chavista-madurista”, que en su delirio y celebración porque la CEPAL reconoció que el crecimiento económico de Venezuela para el 2024 alcanzará alrededor de los 6,7%, me atacó con mucha emocionalidad escribiéndome el siguiente mensaje:
“Con todo respeto compañeros. Este señor parece más oposición venezolana que otra cosa. Lo mínimo sería que explicara por qué no es posible aún elevar los salarios. Y como el gobierno compensar está situación con los trabajadores. Es cierto que aún están por debajo del resto de salarios en América latina. Pero la recuperación del poder adquisitivo ha sido invaluable. Es triste ver alguien que habla de las acciones del gobierno y deja de lado las sanciones y el feroz bloqueo que son las principales causantes. Por el contrario deberían estar orgullosos de que la CEPAL reconozca que fue el país que más creció en América Latina en el 2024, el 6,7 % , luego de tener en 2019 una inflación del 386.000 por ciento. Algo que es un gran mérito en si.”
A continuación voy a responder a cada una de sus inquietudes y a su narrativa de “éxito alcanzado” por el gobierno de Nicolás Maduro y sus principales asesores, entre ellos, el diputado Jesús Farías y el Ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, a fin de colocar en “el debate económico necesario” varios de mis argumentos y consideraciones que hago desde un enfoque sistémico-complejo y desde una perspectiva postkeynesiana.
2) Mi respuesta profesional a su comentario
Con todo el respeto, es fundamental reconocer que, en términos de análisis económico y social, el crecimiento de la economía no necesariamente implica una mejora en la calidad de vida de la población, y menos aún una reducción de las desigualdades estructurales que afectan a amplios sectores de la sociedad. El crecimiento del 6,7% que menciona la CEPAL, si bien es un dato positivo desde una perspectiva puramente cuantitativa, no refleja una transformación estructural profunda en términos de inclusión social, estabilidad salarial o distribución equitativa de la riqueza.
3) Crecimiento sin inclusión
El crecimiento económico por sí solo no garantiza la mejora de los estándares de vida, sobre todo en contextos donde la distribución del ingreso es altamente desigual. El caso de Venezuela es paradigmático: podemos tener un crecimiento económico debido a ciertos factores externos, como los precios internacionales del petróleo o el incremento de la producción petrolera gracias a la rebaja de algunas de la Medidas Coercitivas Unilaterales en ese sector, pero este crecimiento no necesariamente se traduce en una mejora real del poder adquisitivo de los trabajadores, ni en una reducción significativa de la pobreza o la desigualdad.
4) La renta petrolera persiste como palanca del crecimiento económico
En ese sentido, reconocemos que la producción petrolera aumentó en este año 9%, pasando de 850.000 barriles diarios en 2023 a alrededor del 927.000 barriles diarios (OPEP), gracias al apoyo de China, Rusia e Irán, para reactivar algunos campos petroleros. Como ves, estas cifras indican una tendencia hacia una lenta recuperación, aunque aún muy distante de los niveles de producción alcanzados en el último año de gestión de Hugo Chávez Frías apogeo, cuando Venezuela superaba los 2,7 millones de barriles por día.
Es una noción básica de economía venezolana, que las exportaciones de petróleo han sido históricamente su principal fuente de ingresos; sin embargo, reconocemos que la industria petrolera sufrió un retroceso desde 2017, afectada principalmente por las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según lo que afirman las autoridades venezolanas.
A pesar de eso, nos enteramos años después que en ese contexto se ejecutó uno de los casos de corrupción más sonado de la historia económica contemporánea: Pdvsa-Cripto, que hasta la fecha actual, no sabemos cuánto representa en barriles y cuáles son las principales fuentes del desfalco de alrededor de 23.000 millones de dólares.
Pero más allá de eso, insistimos que el uso de la narrativa “triunfo” por el crecimiento económico del 2024, resalta de manera irónica, el hecho de que el crecimiento no ha sido inclusivo, lo cual invita a cuestionar las narrativas oficiales sobre el progreso económico, porque al igual que en la mayoría de los países del mundo, el crecimiento económico del 2024, ha sido en gran medida excluyente, concentrándose en sectores específicos de la economía mientras los sectores más vulnerables se ven marginados.
Veamos porqué digo eso, que suena como un discurso subversivo para muchos lectores e intérpretes del Gobierno actual.
5) La trampa de la desigualdad estructural
Es relevante señalar que el crecimiento que se describe como «positivo» en Venezuela se produce en un contexto de desigualdad estructural que no está siendo abordada de manera efectiva. El aumento del poder adquisitivo que se menciona, es relativo y no debe ser confundido con una mejora sustancial en las condiciones laborales o salariales.
El salario mínimo en Venezuela sigue estando por debajo de los niveles requeridos para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, lo que indica que este «crecimiento» no está acompañado de una verdadera inclusión social. Es un crecimiento desigualmente distribuido, que perpetúa las disparidades sociales.
6) El impacto del bloqueo y las sanciones
Entiendo la preocupación sobre el impacto de las sanciones y el bloqueo, que ciertamente han generado dificultades adicionales para la economía venezolana. Sin embargo, esta situación no puede ser utilizada como excusa para desestimar la necesidad urgente de generar políticas inclusivas y sostenibles. Los países que enfrentan situaciones similares de crisis económica han adoptado enfoques innovadores para mitigar los efectos de las sanciones, buscando alternativas para diversificar sus economías, mejorar la eficiencia de su sector público y crear redes de apoyo internas que ayuden a los ciudadanos a salir de la pobreza.
Preguntémosle a nuestros principales socios China, Rusia e Irán cómo han hecho para crecer e incluir laboralmente a la vez, sacando millones de la pobreza a pesar las agresiones imperiales de EEUU y sus aliados en Europa.
7) La distribución del Producto Interno Bruto: un análisis crítico
Desde el enfoque del ingreso, el Producto Interno Bruto (PIB) d Venezuela está estimado en unos 106 mil millones de dólares, según datos del FMI, muy lejos del punto de inflexión alcanzado con Hugo Chávez Frías al momento de su partida física en 2012 (USD 372.592 millones). Sin embargo, esa cifra refleja un sistema económico donde la distribución de la riqueza es extremadamente desproporcionada.
El análisis de los ingresos agregados muestra que el Estado en la actualidad administra el 12% del total del PIB a través de la recaudación fiscal y aranceles, los empresarios se quedan con un 68% por excedentes de explotación, y los trabajadores, a través de los salarios y remuneraciones, solo reciben el 20% restante. Este patrón de distribución muestra de manera clara los niveles de desigualdad estructural presentes en la economía venezolana, a pesar del susodicho «crecimiento».
En contraste, los países PADI (Países de Alta Distribución de Ingresos a favor de las Remuneración como %PIB) —aquellos que logran distribuir de manera más equitativa los ingresos generados por el PIB— muestran una distribución mucho más favorable a los trabajadores.
En estos países, la remuneración de los empleados supera el 50% del total del ingreso nacional, mientras que los empresarios reciben alrededor del 40% y el Estado solo retiene cerca del 10% para su recaudación fiscal y aranceles. Este modelo no solo genera una mayor equidad social, sino que también fomenta un círculo virtuoso de desarrollo económico inclusivo, en el que los trabajadores, al recibir una mayor porción del PIB, tienen un mayor poder adquisitivo, lo que se traduce en una demanda interna más robusta y, en última instancia, en un crecimiento más sostenido y menos dependiente de factores externos.
Por cierto, nuestra socia China está de cuarta posición entre los primeros 10 países que mejor Distribuyen el PIB a favor de la Remuneración de Empleados (%). ¡Vayan y pregúntenle a los asesores chinos como han logrado eso con 1,4 mil millones de habitantes.
No obstante, los ministros de Planificación y los de Finanzas, junto al Banco Central de Venezuela, con apenas 30 millones de habitantes, de los cuales, 7 millones están afuera, no han logrado aumentar el salario mínimo integral ni siquiera a la mitad de lo que establece el Artículo 91 de la Constitución, algo que sagradamente el líder popular y triunfador Hugo Chávez garantizó durante sus dos gestiones de gobierno como defensor de su propia Constitución.
Hay que recordar, que a partir del 2015 se dejó de pagar a ese nivel, representando en la peor desgracia sufrida por todos los trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos en muchos años. Incluso, hoy se vanaglorian del pago de bonificaciones en vez de salarios como si fuera una panacea económica emergente.
Desde mi perspectiva crítica, las políticas neoliberales implementadas desde el año 2019, adoptadas por Maduro, como la liberalización del mercado y la distribución de casi la totalidad de la renta petrolera para importadores sin aumentar las reservas internacionales y constriñendo la liquides monetaria en bolívares, sin aumentar los salarios y pensiones como lo manda la Constitución, han beneficiado a la burguesía local y a los empresarios, pero han exacerbado la pobreza y la desigualdad
8) El papel de la CEPAL y la medición del «crecimiento”
Es importante no caer en la trampa de valorar un crecimiento económico sin tener en cuenta sus consecuencias sociales. La CEPAL reconoce un crecimiento en términos cuantitativos, pero esa métrica no toma en cuenta los efectos desiguales de ese crecimiento en las diferentes clases sociales.
El informe de la CEPAL debería considerarse con un enfoque más holístico que incorpore indicadores de desigualdad, como el índice de Gini, el acceso a servicios básicos, la calidad de los empleos generados y la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo.
9) Reflexión final:
Crecimiento, pero ¿para quién?En resumen, el crecimiento económico que Venezuela experimenta no debe ser tomado como un indicador absoluto de que la situación está mejorando. El país puede estar creciendo en términos macroeconómicos, pero sin una política económica que priorice la inclusión social, la justicia salarial y el acceso equitativo a los recursos, este crecimiento será efímero y generará más desigualdad.
No es suficiente con crecer; se debe crecer de manera inclusiva, generando políticas que promuevan una distribución más justa de la riqueza.
